Los partidos políticos buscan un acuerdo para nombrar al nuevo Comisionado parlamentario para el sistema carcelario, tras nueve años de gestión a cargo del abogado Álvaro Garcé.

Hay veinte candidatos a tomar la posta, pero "nombres cantados no hay ninguno", aseguraron a El País legisladores que integran una comisión encargada de la tarea de selección. El plazo para definir un nombre expira el jueves y luego la tarea de aprobación quedará a cargo de la Asamblea General donde se necesita un mínimo de 87 votos, es decir el apoyo de frenteamplistas y nacionalistas, al menos.

Entre los postulantes hay una variada gama de perfiles y profesiones: están, entre otros, Robert Parrado, psicólogo y licenciado en Seguridad Pública; la conocida abogada Hebe Martínez Burlé; el abogado Fabián Martínez, miembro del equipo de Garcé; José Korzeniak, exembajador en Portugal y México; María Noel Rodríguez, experta en áreas vinculadas al sistema de justicia, derechos humanos y reforma penitenciaria en países de América Latina; Juan Miguel Petit, un abogado asesor en derechos humanos de la ONU; la catedrática de Derecho Sara Durán Muñoz; Roberto Feher Pérez, un médico especializado en medicina familiar y comunitaria; o Gustavo González Pita, abogado y asesor en la Unidad Participación Público-Privada del Ministerio de Economía y Finanzas.

Como ellos se consideraron aptos para el cargo, el primer paso que dieron fue presentar su curriculum vitae ante la comisión del Poder Legislativo, y luego hicieron una presentación presencial. ¿Por qué se presenta? y ¿Qué visión tiene del cargo? son las dos preguntas formuladas a todos.

Más allá de su perfil, la elección termina siendo "una decisión política", admitió a El País un miembro de la comisión electora. Los integrantes de la misma quieren que se elija por unanimidad, como sucedió con Garcé a mediados de 2005.

De lo formal a la práctica hay, realmente, un abismo en la tarea del comisionado. La remuneración se equipara a un porcentaje de la de un legislador, lo cual hace que sea un buen empleo. Riesgoso, pero redituable.

El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario fue creado por la ley 17.684, de 2003, con el cometido principal de "asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa supranacional, constitucional, legal y reglamentaria, referida a la situación de las personas privadas de libertad por decisión judicial", dice la ley.

Pero, en buen romance, cuando hay una emergencia en una cárcel, un motín, una pelea entre reclusos con muertos, una fuga, un incendio, tiene que estar ahí de inmediato para hablar con los involucrados.

"En un motín, yo ingresaba a las celdas con o sin guardia, dependiendo de la situación. Nunca tuve mayores problemas. Nunca tuve miedo. Bueno, solo en una ocasión en la cárcel de Las Rosas, Maldonado, en que se apagó la luz cuando entré a la cárcel. Fue un sábado de noche, y fuimos para una inspección. Apenas entré solo a un pabellón se apagó la luz, quedó todo oscuro. La explicación fue que saltó la llave térmica en ese momento, justo. Le informé al ministro de entonces, José Díaz, y le pedí que cambiaran la llave de la luz. Él entendió y nunca más hubo problemas allí", contó Garcé.

Visto así, el trabajo implica 24 horas de servicio. Si lo convocan a las dos de la mañana tiene que ir adonde sea. "Es una función delicada. Lo más complejo era durante las vacaciones de mis hijos", contó a El País el excomisionado Garcé. "La ley de creación del cargo no resolvió qué ocurría en caso de ausencia o de licencia. No hay un vicecomisionado. Funcionamos de forma tal que yo estaba de licencia pero siempre cerca de Montevideo por si sucedía una emergencia", explicó.

Lo que más se recuerda de la gestión de Álvaro Garcé es el incendio de la cárcel de Rocha en 2010, con 12 muertos, y el de Colonia en el que fallecieron cinco reclusos.

"Hay otros dos hechos poco conocidos en los que estuvimos a segundos de la tragedia. Uno es en la cárcel de Piedra de los Indios (Colonia), en 2008, donde hubo un principio de incendio en un pabellón. Los presos lograron tirar abajo la puerta y escaparon. Hubiese sido un desastre mayor que el de Rocha. Y otro episodio ocurrió en la cárcel de Rivera, en el centro de la ciudad. Un sábado de tarde hubo un intento de fuga que se frustró. Un preso le apuntó al único policía que estaba en ese momento y se le trabó la bala. Eso me puso los pelos de punta. Hubiera sido un desastre si los presos escapaban en el centro de Rivera", relató.

"A mí me conformó el trabajo que hice. Los inicios fueron difíciles porque al comienzo no se entendía en el Parlamento el propósito de la función. Pero me dejó satisfecho. Por más que al sistema carcelario le falta muchísimo para progresar, entiendo que la contribución del Parlamento es un factor importante a lo largo de estos años. Sirvió para ayudar en la relación con los reclusos", reconoció Garcé.

El Comisionado entra desarmado y sin chaleco antibalas cuando tiene que hablar con los reclusos. "Hubo amenazas pero las dejé pasar y quedó por ahí. Fue en 2006 y no a mí sino a alguien de mi familia", admitió.

El auto del Comisionado no es blindado ni nada parecido. "Es una camioneta Volkswagen Paratí, con una llanta auxiliar, un gato y un chofer. Nada más", relató Garcé. Las únicas oportunidades en que Garcé viajó al exterior fueron por tareas del cargo para Naciones Unidas. "Le comunicaba al presidente de la Asamblea General que iba a estar fuera", recordó.

Una tarea de mediación no exenta de riesgos en cualquier situación de crisisDANIEL ISGLEAS