JORNADA LABORAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO

Ejecutivo analiza bajar jornada laboral de funcionarios públicos

Podrían volver a trabajar seis horas diarias porque hay “inequidades” en la Administración.

El gobierno del presidente Tabaré Vázquez revisará la obligatoriedad de que los funcionarios públicos tengan que cumplir ocho horas diarias cuando trabajan en servicios que brindan atención de seis horas. La jornada de ocho horas en el Estado se hizo obligatoria en la administración de José Mujica con la aprobación del Estatuto de los Funcionarios Públicos y rige para los nuevos contratos de ingreso a la función pública.

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, dijo a El País que actualmente se constata una "inequidad" entre los funcionarios de una misma oficina, porque los que recién ingresan (provisoriatos) están obligados por ley a trabajar ocho horas y los empleados que ya estaban cumplen un horario de seis horas o seis horas y media.

"Hay personas que están trabajando 8 horas diarias para llegar a las 40 horas efectivas en la semana en oficinas que cumplen horarios menores, porque ya están estandarizados de esa forma y ya tienen el derecho adquirido. El tema es cómo vamos a avanzar para que no se produzca esa situación que en definitiva no es equitativa ni para unos, ni para otros", opinó.

Scavarelli pretende avanzar sobre ese "nudo" en función de que el funcionario que recién ingresa se sienta "a la par de sus compañeros". Según entiende, la obligación de cumplir ocho horas diarias "no aporta mucho", cuando casi la totalidad de un servicio trabaja seis horas. "Es una cosa que tenemos que ir resolviendo, no creo que haya un resentimiento de la calidad del servicio si se cambia el horario y se adecua a la oficina", enfatizó el director.

En ese marco, explicó que el problema se da cuando los nuevos funcionarios se tienen que quedar una hora y media más que sus compañeros. "¿Qué estamos logrando con esto? No tiene ningún sentido, es uno de los temas en los que estamos pensando cómo podemos ser más justos, siempre teniendo en cuenta que el funcionario tiene que cumplir con el servicio", precisó.

Para Scavarelli, el hecho de que los nuevos funcionarios tengan que trabajar ocho horas diarias "a la larga es peor, porque esa persona se termina yendo. No hay que olvidarse que son presupuestados por el puesto más bajo del escalafón y por tanto son retribuciones de las más bajas del sistema (...) Seguramente los comentarios después dirán que Scavarelli quiere que todos trabajen menos pero cada cual interpreta lo que quiere; pero esta situación, si no es injusta, creo que por lo menos no es equitativa", precisó.

Ingresos y bajas.

En Uruguay hay 292.473 personas que tienen vínculos laborales con el Estado, según las últimas cifras del Observatorio de Gestión Humana de Servicio Civil, correspondientes al 2014. Ese mismo año ingresaron 75 personas con discapacidad y 140 afrodescendientes, en cumplimiento de las leyes que establecen cupos especiales para estos colectivos de la sociedad.

El promedio de edad de los funcionarios públicos es de 49,2 años (de acuerdo a la última medición del 2013). En el Estado hay 1.550 cargos políticos, de los cuales, 579 son de particular confianza. El Poder Ejecutivo tiene 33 cargos políticos y 164 de particular confianza, mientras que el Poder Legislativo cuenta con 130 cargos políticos y 17 de particular confianza. La totalidad de gobiernos departamentales posee 790 cargos políticos y 342 de particular confianza. A eso se agregan los pases en comisión que totalizan 1.373, la mayoría (904) cumplen funciones en el Ejecutivo.

Todos los años ingresan nuevos funcionarios al Estado, pero hay otros que se van. En el año 2014 hubo 37.197 bajas de estos vínculos, de las cuales 687 fueron por fallecimiento, 412 por destitución y 6.654 por jubilación. Sin embargo el grueso de este número se justifica con 20.000 renuncias al Estado.

Las cifras "impactan", reconoce Scavarelli. "Confieso que me llamaron la atención estos números, porque siempre está la imagen de que no se va nadie del Estado y que no se echa a nadie, y sin embargo echamos a más de 400 personas en el 2015", comentó.

Para el director de Servicio Civil, las renuncias tienen mucho que ver con el mercado y básicamente con las retribuciones que se perciben en el sector privado. "Hay gente que tiene otra cabeza y decide irse a donde le pagan más", señaló.

Además de los que se van voluntariamente, están los que son destituidos por ineptitud, omisión o delito al final de un proceso que comienza con el sumario. En 2015 se iniciaron 1.448 sumarios a funcionarios públicos y se destituyó a 493, el 85% de ellos por situaciones en que la Comisión Nacional de Servicio Civil recomendó este desenlace. En los demás casos se propuso una sanción inferior. La destitución es un proceso que lleva en promedio un año y medio. Aunque puede tornarse más larga cuando se trata de delitos, ya que en ese caso depende directamente de la sentencia judicial. Según Scavarelli, el mecanismo de destitución fue agilizado gracias a la aprobación del Estatuto de los Públicos. "Hay un acortamiento de los plazos, porque significa una dinámica más clara", señaló.

Los aspirantes.

En el 2015 se postularon 24.795 personas en concursos públicos para ingresar al Estado, los cuales se presentaron a diferentes llamados publicados en el sitio web Uruguay Concursa. En total se realizaron 30 concursos para 360 nuevos ingresos en la administración central. En ese marco, los tribunales evaluaron aproximadamente a 3.500 personas que pretendían ingresar bajo el régimen de provisoriato, por el cual deben cumplir 15 meses en el cargo y ser evaluados de forma satisfactoria para ser luego presupuestados.

La gran cantidad de personas interesadas en ingresar al Estado se explica por la estabilidad que supone la función, reconoció Scavarelli. "Si bien ninguno de los llamados asegura la presupuestación, porque es un proceso, evidentemente que el funcionario público tiene la expectativa de la estabilidad, siempre que no sea omiso, inepto o cometa delitos", acotó.

Además, señaló que pesa "el honor de la función pública". "No sé si los 18.000 que se anotan, pero hay gente que cree que en el ejercicio de la función hay una forma de militar por sus principios", concluyó.

"Ingresarán los que se necesiten"

Al final de la administración del exmandatario José Mujica se constató que ingresaron 33.000 nuevos funcionarios al Estado. Al llegar el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez se comprobó que "ninguno de los vínculos de ese período transgredía la normativa vigente", informó a El País el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli.

¿Cuál será la política de ingresos de funcionarios públicos de este gobierno? "Tanto como sea necesario", remarcó el director. "No hay un cierre de ingreso a la función pública, porque eso implicaría que si se suman los 37.000 que se van por año por distintas razones, en cinco años hay 150.000 personas menos en el Estado", explicó.

El director indicó que tanto en Presidencia de la República, como en diferentes ministerios (en especial Economía) se bajó la cantidad de recursos destinados a funcionamiento, por lo que los ingresos también quedaron limitados desde el punto de vista económico. "Evidentemente ahí no hay demasiado margen como para incrementos funcionales, pero se reforzarán otras áreas para cumplir con lo prometido en campaña y se contará con la gente que se requiera", dijo.

detección precoz de patologías

En el marco de la mejora y estandarización de la atención que brindan los funcionarios públicos a la población, el Poder Ejecutivo comenzó a dictar cursos para la detección temprana de patologías de conducta que afectan directamente al normal desempeño de la función pública.

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, señaló a El País que el procedimiento supone la formación de mandos medios, de forma tal que cuenten con las herramientas necesarias para observar y detectar a tiempo al funcionario que comienza "un proceso de declive de conducta".

Por ejemplo, un llamado de atención puede ser una conducta depresiva que se trasmite en el ejercicio de la profesión. "En un país con los índices de suicidio que tenemos, me resisto a que la administración pública permanezca pasiva. Por eso estamos dando cursos de alerta temprana para la detección de este tipo de patologías que incide en el trabajo que realizan los funcionarios públicos y también repercute sobre la atención que ellos pueden brindar", comentó Scavarelli.

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