Desde el costado político se habla de tarifazo y ajuste encubierto; el oficialismo cierra filas.

El ajuste de tarifas públicas anunciado por el gobierno generó duras críticas de la oposición, evidenció alguna fisura en el oficialismo y muestra, según los economistas, que el gobierno cree que la recuperación económica es frágil y obliga a extremar la cautela en materia fiscal. UTE, Antel, OSE y Ancap subirán entre 7,5% y 8% a partir del próximo 1° de enero.

El diputado nacionalista Pablo Abdala adelantó a El País que propondrá el llamado a la Comisión Permanente del Poder Legislativo de los presidentes de las empresas públicas y de los ministros involucrados para que expliquen qué relación tienen los aumentos con los costos de los distintos entes y, en base a ello, deducir si hay un componente fiscal en los incrementos.

"Siempre se usa el argumento de que suben lo que sube la inflación, pero ese no debería ser el criterio. Además, los entes no son instrumentos de recaudación", dijo Abdala.

En los doce meses terminados en noviembre el incremento de los precios al consumo fue de 8,1%. La variación de ese mes fue de 0,1%.

La oposición fue muy dura en su crítica. El diputado colorado Germán Cardoso señaló que el aumento de las tarifas "se suma a un cuadro de complejidad que va a traer más resentimiento, recesión en la economía y pérdida de fuentes laborables", y recordó que el incremento tarifario se suma al de las alícuotas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del IASS que comenzará a regir también el próximo 1° de enero. "El gobierno intenta corregir a partir de mazazos fiscales a la población el despilfarro que viene siendo la gestión y la fiesta de las empresas públicas, dijo el secretario general colorado.

El senador nacionalista Jorge Larrañaga ironizó que "estos regalitos los va a seguir pagando la gente". El líder de Alianza Nacional subrayó que "no hay límite para el gasto del gobierno, usan el bolsillo del trabajador para pagar la fiesta y las burradas que han hecho en 12 años; Ancap, Pluna, solo por nombrar algunos. Preocupa".

El senador del Partido Independiente (PI) Pablo Mieres dijo ayer que con el próximo ajuste de tarifas se entra en 2017 "con un impacto sobre el ingreso de los ciudadanos" que "preocupa mucho" porque además se suma a la subida anunciada del IRPF y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). Respecto a la subida en el combustible, Mieres expresó que Ancap, "hace tiempo que utiliza el precio del combustible para hacer caja y equilibrar su déficit".

Incluso en el oficialismo se alzó alguna voz crítica. El diputado frenteamplista de la lista 711, Felipe Carballo, dijo a El Observador que el aumento de tarifas dispuesto por el Poder Ejecutivo representa un "tarifazo terrible que hace caer el ajuste fiscal sobre la espalda de los trabajadores y para peor se junta con la suba del IRPF que empezará a regir en enero". Pero su correligionario del sector que lidera el vicepresidente Raúl Sendic, el senador Leonardo de León, señaló que la suba "no es un tarifazo" porque "lo que se hace es ajustar las tarifas en función de la inflación (...) En el caso de OSE hay un reconocimiento mayor por el nivel de inversiones de la empresa vinculada al tema ambiental (en referencia a la compra de equipos y a la realización de obras para evitar la contaminación del agua potable). En algunas de las empresas se hace al nivel de la inflación. De ninguna manera lo consideramos un tarifazo, lo que no puede pasar es que se deje a las empresas públicas sin reconocerles los costos. Es bueno que a las empresas se les reconozca los costos y que no ocurra como ocurrió en el pasado en el caso de Ancap", sostuvo. Y el diputado Daniel Caggiani, del Movimiento de Participación Popular, escribió en Twitter que "hablar de "tarifazos" para referirse al ajuste por inflación de las tarifas públicas es medio mucho. Para muestra mirar al otro lado del charco" (en referencia a los ajustes tarifarios en Argentina). Y el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, se alineó con el gobierno y no quiso llamar a la variación tarifaria un "tarifazo".

Los economistas ven que el aumento de las tarifas evidencia que, pese a que los datos del Producto Interno Bruto (PIB) divulgados el jueves fueron positivos porque mostraron que en el trimestre julio-septiembre hubo un crecimiento respecto a los tres meses previos de 1,1%, el gobierno prefiere "pecar de pesimista" y actuar con cautela.

El economista Aldo Lema dijo a El País que "desde el punto de vista del propio ciclo político todo indicaría que 2017 es un año que el gobierno preferiría mantener una situación fiscal de cautela y de ajuste en algún sentido y si hubiera espacio para una política fiscal más expansiva seguramente se materializaría en el 2018 y quizás en 2019 como ha sido tradicional en los ciclos electorales (...) Es preferible pecar de pesimistas. la incertidumbre aumentó".

El economista Ignacio Munyo disparó con sus mensajes de Twitter contra la "herencia" fiscal que el actual gobierno recibió de lo hecho por los de su propio partido. "No hay misterio. El "tarifazo" es necesario para financiar un gasto público que creció 80% desde 2006, cuando el PIB creció menos del 60%", escribió Munyo en la red.

"La política fiscal prioriza la caja del Estado por sobre la inflación. La única forma que tiene para hacer caja para solventar ese crecimiento del gasto son las tarifas. El gasto público crece y la inversión pública decae cuando en realidad debería ser al revés".

"La estabilidad macroeconómica está lejos de consolidarse. Evidentemente si bien ha habido mejoras en el frente fiscal, en términos de balance estructural, el déficit en 2016 es posible que termine siendo parecido al de 2015 de un 3,5% del PIB".

"El déficit dejó de empeorar gracias al recorte de inversiones y a las tarifas. Hay una parte del sector público que genera una presión deficitaria (BPS, Gobierno Central) que hay que compensar con otras cosas. Sin medidas el déficit sería de 4,5% del PIB".

El economista Alfonso Capurro, de CPA Ferrere, consideró que el único incremento tarifario que puede sorprender es el del combustibles. "Esperábamos que no hubiese ajuste de combustible y que se esperaría condicionándolo a lo que pasara con el dólar y con el precio del petróleo. El gasoil está casi 50% por encima de la paridad (de importación). Estamos pagando un costo demasiado alto para lo que son los costos internacionales y los costos que están pagando nuestros consumidores. Claramente no ayuda", opinó. De todas formas, no espera un impacto adicional fuerte de las tarifas sobre el consumo. "En la medida en que no están demasiado desalineadas de la inflación y de los salarios no creo que vaya a ser algo que vaya a erosionar el poder adquisitivo de los consumidores", opinó. "Probablemente lo recomendable hubiera sido otro tipo de reacción, otra precaución antes o un presupuesto distinto en 2015 u otras decisiones fiscales de 2011 en adelante, pero eso no se hizo y desde el punto de vista macro era muy importante que se hiciera un ajuste", señaló Capurro. "La que está más fuera de foco es la tarifa de Ancap", consideró Capurro.

Está claro que la prudencia fiscal primó en la decisión del gobierno de aplicar un aumento de tarifas a partir del 1° de enero de entre 7,5% y 8,2%, más una suba adicional en la tasa de conexión de OSE, por encima de las necesidades de las empresas públicas y también del bolsillo de los consumidores. El equipo económico tiene claro que para lograr alcanzar su objetivo de situar el déficit fiscal del 3,5% actual en 2,5% para 2019 mantener los ingresos de las empresas públicas en términos reales es imprescindible. El propio ministro de Economía, Danilo Astori, lo dejó claro el jueves de noche cuando al anunciar el aumento de precio de los servicios públicos sostuvo que la "actualización de tarifas tiene en cuenta la salud financiera de las empresas públicas y los intereses de la sociedad en su conjunto (...) porque los aumentos impactan en los grandes factores de la economía nacional, como son la inflación y el equilibrio fiscal". Con la inflación en baja consecutiva durante seis meses, pero con el riesgo de que repunte por la suba esperada del dólar, la contención del déficit fiscal es la principal prioridad de la conducción económica.

El economista Aldo Lema ve que la región sigue complicada y que se sumó incertidumbre tras el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos por lo que el gobierno, a diferencia de lo que hizo en 2014 cuando "pecó de optimista", prefiere ahora "pecar de pesimista (...) En 2017 esta recuperación debería continuar en forma lenta en parte por el entorno global y regional, pero en parte también porque va a impactar el desimpulso fiscal asociado al ajuste anunciado que debería estar entre 0,5 y un punto del Producto Interno Bruto en términos de su impacto en materia de actividad", opinó Lema. "Es probable que esta recuperación en algún sentido pueda dejar gusto a poco y dar una sensación de recuperación lenta en la medida en que el crecimiento estaría entre 1,5% y 2% versus las cifras de la bonanza previa que en promedio estuvieron en torno a 5%. El 2% para 2017 parece optimista", sostuvo.

"Hay mucha rigidez en el gasto fiscal. Entonces naturalmente se ajusta la inversión que tuvo una fuerte contracción en estos dos años. Si hay recuperación es mejor ser contracíclico y mantener una política fiscal cautelosa y si hay un escenario de recaída en términos de crecimiento con más razón para evitar un deterioro fiscal más significativo que pueda ser castigado en términos de calificación de riesgo de la deuda pública", valoró Lema.

JUAN PABLO CORREA

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