Defensa de la Competencia cuestiona limitaciones y el cobro del canon.

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía y Finanzas, objetó el proyecto de decreto enviado por la Intendencia de Montevideo a la Junta Departamental para regular las aplicaciones de transporte.

"A grandes rasgos, vemos que introduce aspectos que son contrarios a la libre competencia en los mercados y que limita el ejercicio de la actividad privada", explicó la presidenta de la Comisión, la economista Luciana Macedo, ante el legislativo comunal.

El libre ejercicio de la actividad privada —tanto de empresas como de comercios— está consagrado en la Constitución. Y la actividad solamente puede ser limitada por una ley, por razones de interés general.

Según Macedo, el proyecto municipal colide con la Ley Nº 18.159, de Defensa de la Competencia. "Hay dos artículos que introducen aspectos que serían contrarios a la libre competencia en los mercados. Uno de ellos es el artículo 5, que dispone que la Intendencia pueda limitar la cantidad máxima de vehículos afectados a la prestación del servicio. Vemos aquí que se deja en manos de la IMM la posibilidad de limitar la oferta de transporte oneroso. Además, se desconoce con qué criterio limitaría la oferta. Nosotros pensamos —basándonos en los principios de la libre competencia y de acuerdo a la ley— que la oferta debe fijarse en el mercado de acuerdo con la demanda existente", indicó.

Por otro lado, Macedo objetó el artículo 4, que establece un canon a cobrar a los permisarios de los vehículos destinados al transporte privado, "lo cual vemos como una barrera, una limitante a la libre competencia en el mercado".

"La preocupación es que ese canon torne inviable el negocio. En última instancia, con esto los perjudicados serían los consumidores. No debemos olvidar que la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia establece que el principio que debe regir en los mercados es la libre competencia, y el fin último es que ello redunde en beneficios para los consumidores, es decir, en el bienestar de la sociedad", indicó.

"Con el establecimiento de un canon se estaría expulsando del mercado a los nuevos agentes que vienen a dinamizar la economía con los beneficios que ello trae aparejado para los consumidores, como, por ejemplo, una mayor oferta y una mejora en la calidad", agregó Macedo.

Según la presidenta de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, el mejor asignador de los recursos es el propio mercado.

"Por lo tanto, creemos que establecer el número de vehículos —con un criterio que sería arbitrario— sería contrario a la libre competencia y no sería lo más eficiente", sentenció.

Por su parte, Alejandra Giuffra, también integrante de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, explicó que una ley, que es de orden público, no puede dejar de aplicarse por voluntad de partes.

"Es importante lo que recordaba la economista Macedo en el sentido de que el fin último de la ley es la defensa o el bienestar de los consumidores actuales y futuros. No vemos cómo estas limitaciones puedan favorecer a los consumidores actuales y futuros", indicó.

Giuffra también objetó un tercer aspecto del proyecto de la Intendencia:

"Podrán fijar también precios máximos: ahí vemos de vuelta una limitación a la posible competencia. ¿Qué estímulo puede haber al bajar los precios o tener algún otro tipo de tarifas que sean más atractivas para el consumidor, si existen precios máximos y si hay un permisario por vehículo? ¿Cuál sería el incentivo para el permisario el tener algún otro tipo de tarifas? Ocurriría lo que ocurre hoy en día con el servicio de taxis, en que todos cobran exactamente el mismo precio", señaló.

Por su parte, ante una consulta del edil nacionalista Javier Barrios Bove sobre la "tarifa dinámica" que utiliza Uber y que la IMM pretende eliminar, Macedo indicó que para el interés del mercado, esa propuesta de cobro es "la más eficiente".

"No es que haya una tarifa fija, sino que se regule por la oferta y la demanda. Como bien planteaba el señor edil, en los momentos en que hay menor oferta y mayor demanda, por ser hora pico, la forma de regular en esos momentos es que se cobre una tarifa más alta. Eso es justamente parte de un funcionamiento eficiente del mercado, que las tarifas sean dinámicas".

A comienzos de agosto y ante una denuncia del Centro de Propietarios de Taxis (Cpatu), la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia entendió que no había razones para prohibir o sancionar a Uber. Es que para el Ministerio de Economía y Finanzas Uber no solo puede competir con el taxi, sino que además podría ayudar a hacer más "eficiente" el mercado.

La Comisión emitió tres informes técnicos sobre el tema que descartaron que las conductas denunciadas por los propietarios de taxis configuren "violaciones a las disposiciones sobre libre competencia".

El órgano del Ministerio de Economía desestimó ingresar en el análisis de cumplimientos fiscales o de seguridad social, así como en la concesión de autorizaciones o permisos, por tratarse de materias ajenas a su competencia. Y aconsejó a quienes plantean proyectos de regulación, no colocar "requisitos injustificados ni barreras que impidan el ingreso de nuevos agentes al mercado".

Al tiempo que la Junta analiza el proyecto de decreto de la Intendencia para regular las aplicaciones, el edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón presentó una iniciativa propia a la Comisión de Movilidad Urbana.

El trabajo sugiere la creación de un registro de choferes por parte de la dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia y la existencia de una habilitación municipal de acuerdo a dos categorías: taxis y remises por un lado, y prestadores privados por el otro, definiéndose estos últimos como "toda persona física o jurídica que desarrolle actividades de transporte privado de personas de forma habitual y profesional a cambio de una remuneración".

Esta iniciativa fue saludada por el presidente de Cutcsa, Juan Salgado.

El directorio de Cutcsa, encabezado por su presidente Juan Salgado, también concurrió a la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta a expresar su opinión sobre el proyecto municipal de regulación de aplicaciones.

Salgado reiteró que es contrario a prohibir las nuevas modalidades de transporte, aunque dijo que está de acuerdo con lo que establece el proyecto sobre limitar el número de vehículos que cumplen los servicios.

"Es función de la Intendencia definir qué cantidad de taxis, de remises, de ómnibus, de coches escolares, puede haber en Montevideo con la cantidad de gente que tiene. Creo que eso pasa por la regulación. Las empresas reguladas no podemos poner ni un coche más si no es por algún motivo especial, y es autorizado por la Intendencia", indicó.

El empresario también dijo que hay que "tomar lo bueno" de los proyectos de regulación elaborados por el Poder Ejecutivo, la Intendencia y el edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón.

"Puede ser que en seis meses o en un año lo estemos mejorando por distintos motivos y por distintos actores que propongan cosas, la seguridad completa no va a estar. Si ahora buscamos eso, vamos a seguir sin nada encima de la mesa por mucho tiempo", precisó.

Salgado también se refirió a la aparición de Tubus, que pretende competir con el transporte colectivo. "Hizo un primer viaje y anunció que iba a cobrar $ 60 por pasajero. Y que si llovía capaz pasaba por la puerta de las casas a buscarlos. Está muy bien, pero los que viven en Toledo Chico, Colón y Lezica esos días no podrán ir a trabajar. Entonces, tendremos dos Montevideos", sentenció.

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