Abogados preparan cuatro demandas civiles millonarias contra Intendencia de Canelones.

Se hizo justicia, después de siete meses. Creímos que nunca llegaría. Ahora nuestros hijos pueden descansar en paz", dijo anoche a El País Rosario Pérez, madre de Damián Fagian, uno de los cuatro trabajadores que fallecieron carbonizados a fines del mes de octubre de 2016 en un local de Toledo (Canelones) que guardaba pirotecnia.

Ayer la juez de Toledo, Patricia Ferreira, resolvió el procesamiento con prisión de los responsables de la firma Trick (Meteoro) en cuyo depósito murieron cuatro empleados.

El 15 de mayo la fiscal penal Silvia Méndez pidió el procesamiento con prisión por "homicidio culposo con resultado de pluralidad de muertes". Ayer la magistrada hizo lugar a su solicitud y ordenó el envío a la cárcel de los acusados.

Enseguida del incendio, el jefe de Bomberos, Leandro Palomeque, informó a El País que el local no tenía las medidas de protección contra incendios que exige ese organismo para otorgar la habilitación.

Días después, en un comunicado, la empresa Meteoro expresó que desde el año 2012 estaba en trámite la renovación de la habilitación.

"Se pueden decir todos los tal vez que quieran, pero no la tenían, y punto", replicó Palomeque.

Los familiares de las cuatro víctimas entienden que el proceso "recién comienza" y que se deberá buscar la responsabilidad de otras personas.

Una vez conocido el fallo, el abogado Gustavo Salle, defensor de la familia de Fagian, señaló que se trata de un delito que tiene una pena mínima de dos años de prisión por lo que los imputados deberán cumplir "por lo menos la mitad de ese período para solicitar la salida anticipada de prisión".

Salle remarcó que ahora el juicio contra los empresarios continuará en la órbita civil y subrayó que es "probable" que ambos empresarios terminen purgando su condena "en alguna chacra policial" debido al "poderío económico y contactos que tienen".

El abogado confirmó a El País que iniciará acciones civiles contra los empresarios y la Intendencia de Canelones por una cifra "no menor al medio millón de dólares".

"Bomberos no tiene la facultad de clausurar y la Intendencia dejó que funcionara el local sin habilitación", dijo el abogado.

La demanda que planteará Salle será por uno de los fallecidos, los familiares de los otros tres podrían accionar de igual forma.

En tanto, el abogado Oscar López Goldaracena, defensor de otra de las familias de trabajadores fallecidos, recordó que la comuna realizó inspecciones en el depósito y no hizo nada al respecto. "La Intendencia de Canelones falló en los controles, tendría que haber clausurado", aseveró.

López Goldaracena aclaró que sus defendidos todavía no resolvieron iniciar acciones legales.

Un informe técnico de la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo (MTSS) señaló durante el juicio que los empleados estaban reparando fuegos artificiales de la zafra anterior dentro de un recinto no autorizado para ello.

Un funcionario de la compañía declaró ante la Justicia penal que los operarios se tiraban pirotecnia como "juego". No obstante, la pericia realizada por los especialistas de Bomberos constató que el lugar en que ocurrió el siniestro estaba lleno de pólvora, algo no permitido por las normas de seguridad.

Los fundamentos del fallo judicial dado a conocer en la tarde de ayer, serán informados durante la semana próxima. Cuando se conozcan se sabrá el destino de los dos procesados.

Anoche, uno de los empresarios procesados estaba siendo revisado por un médico forense debido a que tiene problemas de salud. En caso de probarse las dificultades sanitarias, podría solicitar a la juez del caso evitar la cárcel y cumplir la pena en su casa.

El otro empresario procesado pasó a la Jefatura de Policía de Canelones desde donde podría ser derivado a un centro de reclusión.

En el siniestro laboral de la ciudad de Toledo fallecieron Víctor Méndez (27 años), John Rodríguez (22 años) y Damián Fagian (20 años) tras el incendio del día 25 de octubre del año 2016. Dos días después fallecería, como consecuencia de las heridas recibidas, Adrián Yianibelli de 27 años de edad.

Durante varios meses, todos los días 25 los familiares fueron hasta la puerta del depósito de pirotecnia en un peregrinar destinado a exigir justicia. En el lugar, las familias erigieron una especie de altar para recordar a los cuatro jóvenes fallecidos.

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