INCLUSIÓN FINANCIERA

La discusión por bancarización se mete en la carrera electoral

El Partido Colorado repartirá papeletas para firmar por el plebiscito.

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Enfrentados: el sindicato bancario defiende la inclusión financiera. Foto: M. Bonjour

Para Luis Lacalle Pou la campaña electoral comenzó al otro día de perder las elecciones con Tabaré Vázquez en noviembre de 2014. Días después definió toda su estrategia hacia el 2019 y armó un cronograma detallado que colgó en las paredes de su escritorio. Hasta ahora viene cumpliendo a rajatabla lo pautado. Pero el sábado decidió romper el libreto y salir públicamente a apoyar un plebiscito, y recoger así, la expresión de un montón de comerciantes y ciudadanos, que están en contra de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera.

Así legitimó el movimiento de comerciantes —en su mayoría del interior del país— y el tema ingresó en la carrera electoral. Ahora todos los partidos políticos analizan cómo posicionarse ante el tema.

Lacalle Pou lidera el partido, según todas las encuestas de opinión pública, mejor posicionado para ganar las próximas elecciones. Su salida con el apoyo al plebiscito contra la ley de bancarización legitimó una campaña que hasta ahora solo era impulsada por organizaciones sociales.

La fuerza que cobrará la discusión por la obligatoriedad de la bancarización entra en la campaña electoral a menos de dos años de la primera consulta electoral: la elección interna de junio de 2019.

El líder de la otra ala del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, redobló la apuesta de su contendiente en la interna blanca. No solo apoya el plebiscito contra la bancarización, sino que además impulsará un referéndum para modificar la Constitución de la República para eliminar los impuestos sobre las pasividades.

Esta iniciativa es impulsada por representantes de jubilados. En este grupo están los militares retirados que pretenden dar por tierra la propuesta del gobierno de gravar sus jubilaciones. Pero para esto requieren un 25% del electorado.

Otros partidos.

En el Partido Colorado no hay tomada una posición oficial. Pero son varios los dirigentes colorados que ya se han pronunciado a favor de la consulta popular y han salido a recorrer el país pidiéndola.

Incluso más. En el Comité Ejecutivo Nacional —máximo órgano político del partido— resolvieron tener papeletas en los locales partidarios para que la ciudadanía firme.

Los comerciantes de Maldonado visitaron la sede del Partido Colorado y le pidieron apoyo. Aclararon que son concientes que van a llegar a las firmas necesarias (10% de los inscriptos en la Corte Electoral), pero sí solicitaron que el partido se comprometa a ensobrar la papeleta del "Sí" en octubre de 2019 cuando se celebren las elecciones nacionales.

El Partido Independiente no se pronunció. El sector liderado por el senador Pablo Mieres no simpatiza con la campaña impulsada por el abogado Gustavo Salle, pero están estudiando apoyar la otra campaña.

Los independientes, que tienen una bancada legislativa de un senador y tres diputados, estudian la posibilidad de hacer modificaciones a la ley original, pero no por la vía constitucional.

La Unidad Popular tiene una decisión tomada más firme. Apoya el plebiscito que impulsa Salle, pero además puso a su militancia política y sindical a disposición para conseguir firmas y apoyo a la iniciativa.

El País intentó comunicarse con Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente, y con sus asesores, pero no obtuvo la posición del partido político. Javier De Haedo, asesor en materia económica, dijo que no hace declaraciones a la prensa.

Movida empresarial.

Además de la iniciativa de los comerciantes de Maldonado y Rocha, el conjunto de comerciantes y empresarios del interior, agremiados en la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) estudia definiciones en conjunto.

Se reunirá este fin de semana en Atlántida para definir qué pasos impulsar para revertir los aspectos que considera más perniciosos de la denominada "ley de inclusión financiera" y una parte importante de los empresarios son proclives a impulsar una recolección de firmas para impulsar un referéndum para dejarla sin efecto.

Los centros comerciales del este del país ya definieron que acompañarán una recolección de firmas.

Miguel Feris, presidente de la gremial, dijo a El País que el aspecto que más preocupa de la ley es el artículo 64 que pone a la misma altura el dinero y las tarjetas de crédito. "Cuando un cliente viene a hacer una compra no podemos hacer ninguna promoción con descuentos por pago al contado, por ejemplo. Pero el dinero no tiene costo operativo y la tarjeta sí lo tiene. No se pueden poner a la misma altura porque la tarjeta tiene un arancel y los aranceles siguen altísimos", explicó.

Para Aebu, el senador Lacalle Pou defiende a "poderosos".

La central única de trabajadores, Pit-Cnt, ha respaldado la ley del gobierno frenteamplista para impulsar el proceso de bancarización. El sindicato de trabajadores bancarios, AEBU, fue el principal motor de apoyo. Ahora su secretario general, el dirigente Fernando Gambera, decidió salir públicamente a criticar en nombre del movimiento sindical al senador Lacalle Pou y a los movimientos que buscan dejar sin efecto el proyecto de inclusión financiera (bancarización). "Están reaccionando quienes son poderosos y tienen transacciones mucho más a menudo que cualquier trabajador", dijo el integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt. El dirigente aclaró que la iniciativa legislativa formaliza y controla las transacciones, y quienes se plantan en contra están buscando volver a un sistema desregulado para sus intereses.

"Hay una reacción de gente que tiene intereses que los está defendiendo. Que no son los que preocupa al común de la gente", dijo Gambera. Consultado a quién se refería el sindicalista explicó que entre ellos está el senador blanco Lacalle Pou. Agregó que "representan intereses de poderosos" que prefieren el sistema para hacer transacciones libres y sin controles.

Las dudas de los comerciantes.

Los aranceles de las tarjetas de crédito están entre 4,5% y 4,9% en tanto que para las tarjetas de débito es de 2,2%. En ambos casos se debe sumar el IVA.

Hace cinco años la operativa con tarjetas de débito llegaba a los US$ 72 millones y en 2016 ya se ubicaba en US$ 2.700 millones. "Si a eso se calcula el 2% es mucho dinero el que se transfiere del sector privado al sector financiero", advirtió. Para 2017 se calcula que las transferencia con tarjeta de débito van a rondar los US$ 6.000 millones.

Otro aspecto que preocupa a los empresarios del interior, dijo Miguel Feris, es que "un sector muy grande de la sociedad no tiene posibilidad de llegar a la inclusión financiera porque los jubilados no tienen dónde cobrar su jubilación y tienen que venir a las ciudades lo que va en desmedro de los comercios de los pueblos porque los jubilados hacen las compras en las ciudades".

En muchos barrios, además, no hay "posts". "Son relativamente baratos si se les da mucho uso. Si soy un emprendedor que recién comienza o un almacenero de barrio es un costo", explicó el comerciante.

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