ÉTICA Y POLÍTICA

Los diputados "rebeldes" del FA cometieron "infracción"

Tribunal de Ética reprueba la conducta de Darío Pérez y Sergio Mier.

La vicepresidencia fue aceptada por unanimidad, tras la renuncia de Sendic. Foto: F. Flores
La vicepresidencia fue aceptada por unanimidad, tras la renuncia de Sendic. Foto: F. Flores

Darío Pérez y Sergio Mier —de la Liga Federal— se hicieron conocidos como los diputados "rebeldes" del Frente Amplio al no votar dos artículos del Presupuesto: el pasaje de la Policía Caminera a la Guardia Metropolitana y el no llenado del 50% de las vacantes de soldados en las Fuerzas Armadas. Para el Tribunal de Conducta del Frente Amplio, incurrieron en una "infracción de deberes".

Este caso junto a otros estaban en el orden del día del último Plenario que fue citado para juzgar el comportamiento del exvicepresidente Raúl Sendic. Como el sábado 9 se levantó la sesión tras la renuncia del líder de la Lista 711, los informes se tratarán en la próxima instancia cuya fecha aún no fue fijada. La consideración viene siendo postergada desde el año pasado por falta de quórum.

El 12 de octubre de 2015, los diputados en cuestión y el fallecido Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista) desobedecieron el mandato político del Frente Amplio y no votaron dos artículos del Presupuesto dejando al oficialismo sin las mayorías parlamentarias.

El Tribunal de Conducta Política, por unanimidad, considera que los hechos reseñados configuraron, "una infracción de sus deberes conforme a las normas que rigen la actuación de los legisladores del Frente Amplio", de acuerdo al fallo al que tuvo acceso El País.

El caso fue tomado de oficio en diciembre de 2015 por el organismo encargado de velar por la ética de la izquierda. Los legisladores habían presentado un escrito en su defensa con múltiples críticas a la actuación del Tribunal; entre otros argumentos hablaban de "prejuzgamiento" al pronunciarse sobre la responsabilidad de los legisladores sin escucharlos.

En el dictamen se sostiene que "el Tribunal no incurrió en prejuzgamientos", dado que las conclusiones "se basan en plena prueba de los hechos". Además, se consideró como un agravante el hecho de que los dos artículos de la Rendición de Cuentas no hayan sido aprobados por la negativa de los tres legisladores.

Pero este no es el único caso de infracción de un legislador. De lo mismo se lo acusa al diputado disidente Gonzalo Mujica al votar —en diciembre de 2016— una comisión investigadora solicitada por el Partido Nacional para indagar sobre los negocios con Venezuela y los préstamos del Fondes.

Si bien Mujica ya no es parte del Frente Amplio —el presidente de la coalición Javier Miranda lo declaró por fuera de los cuadros orgánicos— y hasta entregó la semana pasada su banca en Diputados, el Tribunal considera que "violó reglamentos internos de la bancada".

El fallo da cuenta que si bien "el diputado hizo declaraciones públicas que dejan en situación de duda su permanencia como adherente del Frente Amplio", debe ser el Plenario Nacional que tome las medidas que entienda convenientes acerca de su desvinculación.

Según el Tribunal, Mujica incurrió en "desacato" al emitir su voto en contra de lo acordado por la bancada, que se negaba a habilitar la investigadora solicitada por el diputado nacionalista Jaime Trobo.

Además, el organismo entiende que no debe actuar sobre las denuncias de sospechas del financiamiento del Movimiento de Participación Popular y sus vinculaciones con los negocios con Venezuela, tal como solicitó Mujica en su comparecencia al Tribunal.

Impedido de juzgar.

El próximo Plenario del Frente también deberá expresarse sobre la conducta del excanciller del gobierno de José Mujica y ahora secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.

El diplomático fue cuestionado a la interna del Frente Amplio por el "giro" que tuvo al asumir el cargo, al realizar fuertes críticas al gobierno de Nicolás Maduro. La denuncia fue realizada por la Coordinadora M de la coalición mediante una nota presentada el 20 de marzo de este año.

Se lo acusó de tener actitudes contrarias a la conducta de un frenteamplista y cometer "un acto de provocación" al gobierno de Cuba al intentar ingresar a la isla para recibir un premio de la disidencia cubana. Los denunciantes agregan que vulneró principios de no intervención, integración latinoamericana y preferencia por el diálogo para la resolución de controversias.

El Tribunal entiende que si bien hay normas que deben regir para todos los frenteamplistas, el secretario general de la OEA se encuentra "en una situación excepcional" ya que para él están vigentes pautas internacionales.

El Tribunal discrepa con el texto de la denuncia, donde se sostiene que la investidura de canciller posicionó a Almagro como candidato a la secretaría general de la OEA. "La idea de que debería representar al gobierno de su país es totalmente opuesta a la letra y a los principios básicos de normas internacionales vigentes", acotan.

El organismo subraya que no hay posibilidad de juzgar la conducta de Almagro, mientras se desempeñe como secretario general de la OEA. Por consiguiente, el Tribunal se abstiene de entrar a analizar las imputaciones y a su respecto no hace ninguna apreciación. En las conclusiones del informe se remarca que "el Tribunal considera que el Frente está impedido de juzgar la conducta de Almagro" mientras sea secretario general de la OEA. "En consecuencia, se abstiene de juzgar los actos que le han sido atribuidos y recomienda al Plenario que se pronuncie en igual sentido", señala el documento.

Ediles.

Cuatro ediles del Frente Amplio en Salto votaron junto al Partido Colorado una partida fija de $ 15.000 mensuales para cada uno y $ 3.000 para los suplentes, en contra de lo que había definido el Plenario Departamental del Frente Amplio.

Los ediles en cuestión son Liliana Filoneko, Lucía Martínez, Gervasio Carabajal y Eduardo Godoy, a quienes la Mesa Política de Salto atribuye haber desacatado una resolución del Frente en la Junta Departamental.

En su defensa, los ediles sostienen que tenían necesidad de cubrir gastos que se les impone su labor en la Junta y se basan en que "el propio Frente Amplio propugnó anteriormente una solución similar".

El Tribunal entiende que se deben respetar las decisiones colectivas adoptadas por el Frente Amplio, por lo que sostiene que "no es admisible" que las decisiones adoptadas válidamente se desacaten invocando su desacierto. En ese marco, el organismo concluye por unanimidad que los cuatro ediles frenteamplistas de Salto "infringieron normas obligatorias de disciplina política".

LOS INFORMES DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA.

Darío Pérez: "Infracción con agravante".

​El informe del Tribunal de Conducta del Frente Amplio sostiene que es un agravante el hecho de no votar dos artículos del Presupuesto que no pudieron ser aprobados por falta de mayorías.

Luis Almagro: "El FA está impedido de juzgar".

El Tribunal de Conducta concluyó que no tiene potestades para juzgar la conducta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, mientras permanezca en el desempeño de su actual cargo internacional.

Gonzalo Mujica: "Incurre en una infracción".

De acuerdo con las conclusiones del Tribunal de Conducta, el diputado disidente Gonzalo Mujica cometió una "infracción del deber que le imponía el reglamento de la bancada" al votar una investigadora.

Ediles de Salto. "Violan normas de disciplina".

Para el Tribunal de Ética del Frente Amplio, los cuatro ediles de Salto que se votaron una partida en efectivo mensual por su cuenta "infringieron las normas obligatorias de la disciplina política".

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