Jueces de Crimen Organizado aún no encontraron pruebas para acusar a abogados y contadores.

Dos megacausas llevadas adelantes en Argentina (Ruta del Dinero K) y en Brasil (Lava Jato) generaron en Uruguay por lo menos cinco investigaciones y pedidos de información. Sin embargo, las investigaciones —algunas de ellas comenzaron en 2013— no avanzaron por falta de pruebas en ambos juzgados especializados, según indicaron a El País operadores judiciales.

En Argentina, en una sentencia fechada el viernes 25, el juez Sebastián Casanello, que investiga "la Ruta del Dinero k", mencionó a tres sociedades anónimas uruguayas supuestamente utilizadas para transferir a cuentas situadas en bancos ubicados en paraísos fiscales (Panamá, Antigua, Barbados y Liechtenstein) decenas de millones de dólares provenientes del pago de sobreprecios de obras de infraestructura realizadas en el vecino país.

En fallos de la Justicia brasileña, dos estudios jurídicos y contables uruguayos son mencionados como claves en el esquema de lavado de dinero del exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, quien exigía como coima el 5% de las obras de modernizar el subte carioca y el Estadio Maracaná.

Uno de los operadores judiciales de Crimen Organizado indicó a El País que, en Uruguay, no hay pruebas que inculpen a estudios jurídicos o contables de ilícitos económicos. "Lo que puede ser delito en Brasil no lo es en Uruguay", dijo la fuente.

Otro informante expresó que las dos investigaciones —la Ruta del Dinero K y el Lava Jato— "pasan por arriba" a Uruguay y agregó que, hasta el momento, no se encontraron pruebas para acusar a un uruguayo de incurrir en un delito.

"Se trata de investigar si el dinero de coimas pasó por acá y si quedó acá", explicó la fuente judicial.

El trasiego de millones de dólares por Uruguay proveniente de Brasil o Argentina se realizó a través de sociedades off shore. La mayoría de ese dinero terminó en cuentas ubicadas en Suiza, Bermuda y Liechtenstein, según investigaciones judiciales de ambos países.

La jueza especializada en Crimen Organizado de 2° Turno, Beatriz Larrieu, tiene los siguientes expedientes: la extradición de los cambistas brasileños Vinicius Claret, alias Juca Bala, y Fernando Barbosa acusados en Brasil de integrar una organización que lavó US$ 100 millones de coimas; la investigación a un estudio contable acusado de "lavar" dinero para el exgobernador de Río de Janeiro y el trasiego hacia Uruguay de coimas pagadas en Argentina por la compañía Odebrecht. Por su parte, la jueza especializada en Crimen Organizado de 1er Turno María Helena Mainard investiga la denuncia presentada por la diputada provincial argentina, Graciela Ocaña. sobre un eventual lavado en Uruguay de fondos surgidos de una sobrefacturación de obras públicas hecha en Argentina. Mainard, además, deberá responder a un pedido de información solicitado por la justicia brasileña que investiga ilícitos realizados con las "propinas" pagas a políticos por Petrobras.

La siguiente es una actualización de cada caso:

Doleiros: El fiscal especializado en Crimen Organizado Carlos Negro ya hizo lugar a la extradición de Vinicius Claret y Fernando Barbosa. La jueza Larrieu aún no se expidió sobre la extradición de los "doleiros" (cambistas). Según las fuentes, en el juzgado, los financistas esperan ser liberados ya que fueron detenidos hace seis meses.

Lava Jato: El también fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco pidió a Mainard las citaciones de siete profesionales —corredores de bolsa, contadores y abogados— acusados de integrar la red de corrupción originada en Brasil por sobornos dados a políticos por la empresa Petrobras. El diario O Globo consignó que un abogado uruguayo estaría vinculado con uno de los cambistas detenido en Uruguay.

El caso Cabral. El fiscal Negro pidió a Larrieu que abra otro expediente penal para investigar el presunto lavado de dinero del exgobernador de Río de Janeiro en Uruguay.

Odebrecht: A pedido de Negro, Larrieu inició otra investigación sobre las transferencias de dinero desde Argentina a Uruguay generadas por el pago de coimas de la empresa Odebrecht en el vecino país. Los giros totalizaron US$ 14 millones.

El caso Andorra: La Justicia Penal de 8° Turno liberó a Andrés Sanguinetti tras pagar una fianza. Sanguinetti fue denunciado en Brasil por facilitar el traspasó de sobornos a través de la representación local de Andorra.

Su abogado, Jorge Barrera, declaró que Sanguinetti era un funcionario de tercera línea del banco y no manejaba cuentas con extranjeros.

Ruta del Dinero K: En 2013, la diputada de la legislatura de Buenos Aires Graciela Ocaña presentó documentos que probaban que movimientos de dinero generados por "coimas" pagadas en Argentina se hicieron a través de instituciones bancarias en Uruguay.

"Ese dinero fue introducido y luego transferido a otros países por el circuito bancario uruguayo, dijo Ocaña.

Desde octubre de 2016, la Justicia de Brasil investiga si el expresidente petista de ese país, Luiz Inácio "Lula" da Silva, es el dueño de una mansión en Punta del Este valuada en dos millones de dólares y que está a nombre de una compañía off shore relacionada al también brasileño magnate del calzado Alexandre Grendene.

Bajo el título "La conexión Uruguay de la familia Lula" la revista Istoé divulgó que el proceso conocido como Lava Jato indaga si esa mansión pertenece a Lula y si fue comprada bajo el mismo procedimiento con el que el exmandatario habría adquirido un tríplex en Guarujá, en las cercanías de la megalópolis de San Pablo, un penthouse en la ciudad de San Bernardo dos Campos y una chacra en Atibaia, en el mismo estado.

Según la revista, la investigación fue iniciada en agosto y se presume que la propiedad fue puesta a nombre de empresarios amigos del exmandatario al igual que los inmuebles mencionados antes. Istoé sostiene que el mecanismo fue puesto en práctica a cambio de beneficios de tráfico de influencias dentro del gobierno petista o fuera de Brasil.

MEGACAUSAS INTERNACIONALES