DERECHOS HUMANOS

Dictadura: 70% de causas siguen en presumario

Amenazas e inoperancia serán tratadas el jueves en la CIDH

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Las clásicas fotografías de desaparecidos volverán a encabezar la marcha. Foto: Archivo

La 22ª Marcha del Silencio que se desarrollará hoy, a las 19 horas desde la esquina de Rivera y Jackson, viene rodeada de ruido. Las amenazas por correo electrónico a, al menos, 12 operadores del sistema judicial y defensores de los derechos humanos, el espionaje militar durante la democracia y el robo de material en la Facultad de Humanidades son algunas pinceladas que se suman a la lentitud en la búsqueda de la verdad: de 300 expedientes penales, vinculados a la dictadura, el 70% no ha superado la indagatoria presumarial (no hubo siquiera el inicio del proceso).

Esta presión llevó a que el Observatorio Luz Ibarburu, que sigue los casos judiciales sobre la temática, haya solicitado una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), la que tendrá lugar el próximo jueves. En ella se planteará la "inoperancia del sistema" y "las dificultades que atraviesa el cumplimiento de la sentencia de condena a Uruguay en el caso Gelman", explicó Raúl Olivera, coordinador del Observatorio.

Por si fuera poco, la previa a la marcha también está signada por la renuncia del director de la Secretaría para el Pasado Reciente de Presidencia, Fernando Gómez, que aunque fue justificada por "motivos personales", se dio luego de críticas al trabajo del grupo especializado y el malestar de algunos familiares de desaparecidos.

Los $ 20 millones que el gobierno invierte al año para las investigaciones sobre desaparecidos, arrojó como resultado que, en más de una década, solo se identificaron cuatro de los 194 cuerpos buscados.

La lentitud, según el Observatorio Luz Ibarburu, también se demuestra en que, a 32 años de terminada la dictadura, solo hay procesados (o cumpliendo su condena) 19 represores. A los que se les suman otros siete ya fallecidos, el último de ellos fue Gregorio Álvarez, el pasado 28 de diciembre —justo el día de los "inocentes".

Otra demostración, según el avance que el Observatorio ya presentó ante la CIDH, es que los datos oficiales señalan que 5.925 personas permanecieron en prisión y soportaron tratos crueles, pero solo un presunto responsable ha sido enjuiciado por abuso de autoridad contra el detenido y tortura (reza el auto de procesamiento dictado por el juez José María Gómez, el 6 de abril de 2017).

Parte de estos resultados responden, según Olivera, a que el Poder Ejecutivo no ha avanzado del discurso, el Poder Legislativo no controla y el Judicial navega entre trabas y falta de especialización. De hecho la creación de fiscalías especializadas "no podrían" soportar los 300 expedientes abiertos.

El Observatorio Luz Ibarburu está patrocinando 42 denuncias. Solo entre los meses de febrero y marzo del presente año, siete de diez audiencias previstas en la instrucción presumarial fueron suspendidas. Esos corrimientos de fecha son, según los denunciantes, una forma de "silenciar".

Este tipo de operativas, sumado al robo de información en Humanidades y las amenazas del llamado Comando Barneix, "pueden estar conectadas", dijo Olivera. De hecho la jueza, Julia Staricco, que está investigando las intimaciones a jerarcas, tampoco descarta la conexión. Por ahora, silencio.

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