"Algunas de estas sociedades pueden haber sido utilizadas para ingresar de manera simulada personal como dependiente de alguna de estas sociedades en formación", señaló el director de Rentas.

El director general de Rentas, Joaquín Serra, no descartó la posibilidad de que exista un vínculo entre la red de empresas falsas creadas para evadir impuestos que se detectó recientemente y la estafa al Fondo Nacional de la Salud (Fonasa).

En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Serra dijo que "algunas" de las sociedades "pueden haber sido utilizadas para ingresar de manera simulada personal como dependiente de alguna de estas sociedades en formación". De este modo, "si lo hubieran hecho, eso hubiera generado la posibilidad de ingresar personal al Fonasa y, por tanto, poder cobrar la comisión en la mutualista por presentar un socio. Podría haber ocurrido".

El jerarca indicó que se trata de un tema que "preocupa"."Dispusimos un operativo de control para todas las empresas que se dedican a la captación de socios para las mutualistas de Montevideo", informó.

Hasta el momento la DGI constató una defraudación de $ 78 millones en la maniobra de las "sociedades de papel", como la llamaron en la DGI, y fueron procesadas con prisión dos personas, pero el propio Serra dijo a El País que la cifra al finalizar la investigación podría ascender "a montos importantes", ya que hay más contribuyentes involucrados que están siendo investigados, lo que "posiblemente derive en más denuncias penales" por defraudación.

Había tres modalidades de defraudación con las sociedades creadas. En una el contribuyente "utiliza una sociedad creada por los indagados por cierto lapso, generalmente dos años, luego utilizaba otra entidad similar y así sucesivamente; existía apariencia de formalidad, no se identifica a los verdaderos dueños, no se ubica a la empresa ya que los domicilios generalmente son inexistentes, el contribuyente no paga, lo que en principio no tiene consecuencias", señala el auto de procesamiento al que accedió El País.

Otra modalidad consistía en que "el contribuyente compra una factura aislada y la usa para documentar sus ventas (bienes o servicios)" y no tributa por dicho negocio.

La tercera maniobra era la adquisición de una factura "para inventar compras que no se hicieron y pagar menos impuestos".

Además de los dos ideólogos que fueron encarcelados, otras tres personas, carentes de antecedentes penales, fueron procesadas sin prisión, al tiempo que se comprobó que hay "varios escribanos" involucrados en la maniobra, dado que "para el proceso de inscripción (en DGI) de las sociedades que utilizaban era necesario la firma de certificados notariales".

La Justicia ya procesó a 11 personas por este caso, incluidos trabajadores de empresas de promotores y de mutualistas. Mientras, siguen las averiguaciones sobre el verdadero alcance de la maniobra y la posibilidad de que haya más implicados.

La maniobra consistía en anotar como trabajadores en falsas empresas a personas que vivían en asentamientos a cambio de pagarles $ 500. Los estafadores luego inscribían a estas personas a través de promotores en distintas mutualistas, con lo que recibían $ 3.500.

Uno de los procesados tenía en su poder una lista de 31.000 cédulas de identidad de falsos trabajadores. Desde las mutualistas, en tanto, sostienen que solo se pudo comprobar el reclutamiento de 600 personas para las falsas empresas.

El Banco de Previsión Social (BPS) sabía desde hacía seis meses de la estafa, pero no presentó la denuncia ante la Justicia hasta que el caso se hizo público a principio de mes.

En un principio se advirtió que había 80 empresas "fantasmas" involucradas en el fraude. En las mutualistas se sostiene que no son tantas y que este número proviene solo de las declaraciones de un joven de 23 años, que fue el primero en caer, tras hacer otra estafa a través de una buzonera bancaria.

JOAQUÍN SERRA