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DGI y Antilavado "alertas" ante el escándalo de las SA panameñas

Por el momento la información “no sorprende” y se cree que tendrá un “impacto menor”.

Panamá: en las últimas décadas los rascacielos crecieron como hongos. Foto: AFP

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05 abr 2016

El escándalo global que generó la divulgación de los denominados "Panama papers", la filtración a periodistas de 11,5 millones de documentos que vinculan a gobernantes, deportistas y artistas con miles de sociedades anónimas offshore del estudio panameño Mossack-Fonseca, no sorprendió a las autoridades uruguayas. Desde la Dirección General Impositiva y la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), se indicó a El País que si bien están "alertas" a la información que está saliendo a luz e involucra a Uruguay, se estima que el impacto será "menor" al que se generó en otros países ya que aquí no rige el principio de renta mundial y, por lo tanto, no habría evasión fiscal por parte de los involucrados.

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"En lo que tiene que ver con sociedades anónimas uruguayas esto no es muy relevante. En Uruguay rige el principio de la fuente territorial, es decir, que las rentas que quedan sujetas a imposición son las que se generan dentro del territorio nacional. Por lo pronto, desde el punto de vista del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas —que pagan las empresas— no tiene relevancia, a diferencia de España u otros países donde existe el criterio de renta mundial", dijo a El País el subdirector de Impositiva, Álvaro Romano.

Por su parte, Carlos Díaz, secretario nacional de Antilavado, dijo a El País que la información divulgada en todo el mundo no es una novedad para el gobierno y tampoco modificará las prioridades ya fijadas. "Desde el año 2013 tenemos previsto intensificar los controles sobre las actividades de riesgo. Y lo vamos a hacer", dijo.

En Uruguay es cada vez más común la venta de sociedades panameñas. Una simple búsqueda en la página www.opencorporates.com, por nombre de empresa o director, permite ubicar a decenas de empresarios, profesionales y deportistas uruguayos ligados a sociedades anónimas panameñas.

"Que en un estudio (Mossack-Fonseca), que tiene sucursales en todo el mundo, aparezca gente prominente no es algo que llame la atención, porque para eso está creado. No está creado para tener cuentas a nombres de personas y es un trabajo más como cualquier otro en la medida de que se cumplan las normas", explicó. "No quiero que parezca que le estamos quitando trascendencia pero, por ahora, no hay elementos nuevos vinculados a Uruguay", sostuvo Díaz.

Romano precisó que sí podría existir "alguna trascendencia" en materia de renta de personas físicas, que desde el 1° de enero de 2011 grava las rentas generadas en el exterior.

"El impacto en Uruguay de toda esta información es muchísimo menor que en otros países", enfatizó Romano. "La creación de sociedades panameñas no es una actividad ilícita. Habría que analizar caso a caso la información que salga a luz. A priori estamos expectantes a lo que se va divulgando pero no creo que todo esto sea algo extremadamente relevante como sí lo puede ser para otros países", explicó Romano.

Díaz dijo que por el momento la situación no amerita que la Secretaría cambie sus prioridades y que "es legal" que "los estudios trabajen en la creación de este tipo de sociedades, el tema pasa por el cumplimiento de todas las normas, deben saber el origen de los fondos que manejan y los beneficiarios finales. Se puede trabajar con sociedades offshore en la medida en que se cumpla la normativa. No hay ilegalidad".

Uruguay ha quedado vinculado en los últimos años a diversos escándalos relacionados al trasiego de "plata sucia". Entre ellos, por ejemplo, el caso Bárcenas, la contabilidad paralela que llevaba el Partido Popular de España.

El gobierno, no obstante, señala que ese tipo de investigaciones demandan años y por lo tanto, cuando salen a la luz, responden a hechos que ocurrieron con una legislación anterior que no tenía los controles adecuados o, incluso, no consideraba esas transacciones co-mo un delito.

Las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) quedaron prohibidas a partir de 2007, y las existentes se eliminaron gradualmente hasta 2010. Esas sociedades, por hechos previos a 2010, son las que en los últimos años han aparecido vinculadas a diversos escándalos. El gobierno entiende que con la legislación vigente los controles se acentuaron y Uruguay ya no es una plaza financiera atractiva para este tipo de negocios, como sí lo fue hasta hace una década.

De hecho, la última ley de Presupuesto aumentó las potestades de control y fiscalización de la Senaclaft.

Díaz acota que a nivel mundial se conoce la evolución de Uruguay en materia de control al lavado de activos, y por lo tanto su figuración en estos escándalos ya no daña la imagen del país. No obstante, en la propia fuerza de gobierno no todos comparten la opinión de los expertos de la DGI o la Senaclaft.

El diputado Sebastián Sabini (MPP) escribió ayer en su cuenta de Twitter: "Las empresas que operan offshore son la máquina mundial del lavado de dólares del narcotráfico y todo tipo de negocios ilícitos y evasión. Las vueltas carnero para decir que las empresas que operan offshore son buenas... ¿Y están a favor de la transparencia y contra el lavado?"

Por su parte, el senador Leonardo De León (Lista 711) dijo que existe "preocupación" porque "se vinculan a muchos estudios jurídicos del país y la primera reacción es de alerta. El ideal es que se pudieran explicar cada una de las denuncias que se hacen ahí. Cuando aparecen este tipo de investigaciones lo que uno se plantea es revisar la legislación pero es muy prematuro".

Díaz dijo que en Uruguay "no son muchos" los grandes estudios que se dedican a vender o administrar sociedades anónimas. "Con ellos pactamos una serie de controles y una autorregulación, y vigilaremos que esos controles se cumplan. Si los controles se hacen y ellos pueden probar que los negocios y los fondos son legítimos, no hay ningún problema. Si no es así no tendremos problemas y habrá sanciones. Pero a priori yo no puedo demonizar la tarea de los estudios", explicó.

Para el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) "la mayoría de las afirmaciones obedecen a la época de la SAFI y tienen que ver con el Uruguay del pasado. Nos afecta en el presente porque los marcos legales que este gobierno ha promovido han buscado la mayor transparencia", dijo.

El senador José Amorín Batlle dijo a El País que hay que "aclarar" todo y si hay culpables "deben pagar" porque "Uruguay viene haciendo muchos esfuerzos para cumplir con las normas internacionales".

Bordaberry.

Ayer, el diario argentino Clarín informó que el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, habría usado una empresa fantasma de Mossack-Fonseca "para esconder un arrendamiento polémico de un terreno". Consultado sobre esta publicación, Bordaberry respondió a El País que "la información es vieja y del año 2009; ya fue aclarado en su momento".

"No tengo ni tuve sociedad anónima alguna panameña en toda mi vida, no fui director ni accionista de ninguna sociedad anónima panameña en mi vida", aseguró el legislador.

Bordaberry informó que la sociedad anónima panameña a la que se hace referencia tenía un juicio contra el Instituto Nacional de Colonización por US$ 4 millones y lo llevaba adelante un abogado del estudio del que fue socio. El hecho ocurrió en 2005, cuando Bordaberry no era senador ni candidato a presidente. El juicio lo terminó ganando la sociedad anónima y aceptó como transacción que en vez de 4 millones de dólares Colonización le pagara 3 millones 750 mil.

Hoy martes, el senador emitió un comunicado a través de su secretaría de prensa:

Ante la información aparecida en un medio de prensa sobre mi presunta vinculación con una sociedad panameña informo y declaro:

1.- He presentado todas mis declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia desde el primer día en que asumí en el cargo que ocupo.
Las mismas se encuentran a disposición de quien quiera consultarlas.

2.- Nunca fui propietario de sociedad alguna constituida en Panamá.

3.- Nunca utilicé una sociedad de ese tipo.

4.- Antes de mi candidatura a cargos electivos en el Parlamento y a la Presidencia de la República trabajé como abogado, en el ejercicio libre de la profesión, en un Estudio Jurídico.

5.- En el mismo, al igual que en cientos de estudios jurídicos en el mundo entero, un cliente era una sociedad de origen panameño (como también había sociedades de origen de una cantidad de países, europeos, norteamericanos y sudamericanos). Dicha sociedad había otorgado, como es de estilo, un poder de representación a nombre de varios abogados de ese Estudio jurídico.

6.- Nunca fui director de dicha sociedad ni la representé en acto alguno ni utilicé poder alguno de la misma.

7.- He solicitado a un especialista un informe independiente de auditoría sobre el tema que una vez elaborado haré público y pondré en conocimiento de quien corresponda.

Saluda atentamente, Senador Pedro Bordaberry.

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