ESTAFA AL FONASA

Detectan 500 afiliaciones "truchas"

BPS presentó nueva denuncia penal por pérdidas de $ 2 millones; van 25 procesados.

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La jueza tiene custodia desde hace tres semanas, cuando fue amenazada. Foto: L.Carreño.

El Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) presentó una nueva denuncia penal contra tres empresas falsas que realizaron 500 afiliaciones "truchas" de indigentes, cuyo monto supera los $ 2.000.000.

La investigación determinó que gerentes de la entidad previsional y de dos mutualistas declararan ante la jueza penal Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero por irregularidades en las anotaciones de dos personas, lo cual activó la denuncia penal.

Por esa causa fueron procesadas con prisión cuatro personas, entre ellas el supervisor de una de ellas, un cuidacoches que oficiaba de testaferro, y dos promotores.

El expediente judicial de las estafas al BPS y al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), al que tuvo acceso El País, señala que los supuestos beneficiarios eran empleadas domésticas y peones con sueldos que oscilaban en los $ 32.000 y que supuestamente estaban domiciliados en el puente del arroyo Carrasco.

Un informe presentado al juzgado penal por parte del Departamento de Información Táctica (DIT) de la Jefatura de Montevideo, dio cuenta sobre la denuncia presentada el 2 de marzo de este año por cuatro representantes del Directorio del BPS cuando usuarios se quejaron en el organismo de que no habían podido cambiarse de mutualista durante el levantamiento del corralito mutual. En el juzgado, una directora técnica declaró que el 2 de marzo de este año funcionarios del BPS detectaron que habían dado de alta a una persona que no estaba trabajando.

"Cuando vamos a inspeccionar a alguien que no está trabajando pero que se encuentra afiliado a una mutualista, nos encontramos que recibieron dinero para que firmaran la afiliación. En los hechos, ellos no sabían lo que firmaban", explicó la jerarca del BPS a la jueza Staricco y la fiscal Ferrero.

El sistema previsional determina que el mismo día que una empresa comienza a funcionar, sus trabajadores ya tienen derechos jubilatorios y cobertura de salud. Para el BPS, los trabajadores no pueden ser rehenes de la conducta de la empresa, dijo la directora en la sede.

El sistema informático del BPS detecta cuando la empresa no pagó a los 120 días y ahí, en forma automática, se cortan los beneficios a los trabajadores.

El acta del interrogatorio muestra que la magistrada indagó sobre si el BPS tenía o no un alerta para evitar afiliaciones "truchas".

Staricco: ¿Cómo controlan que las empresas sean reales y los trabajadores también?

Directora del BPS: Las empresas de servicio doméstico, por sus características, son mucho más flexibles para inscribirse en el BPS. Lo hace el ama de casa con alguien que contrata. Hay oficinas que controlan. Hay mecanismos de control. Pero la mente humana es muy creativa.

—Ferrero: ¿El BPS tiene un protocolo de alerta para evitar estas situaciones?

Directora del BPS: No. Estamos trabajando desde el año pasado con funcionarios del departamento de Omisos que analizan empresas que tienen muchas altas (afiliaciones) y el primer mes no pagan. En el BPS no hay un protocolo de actuación. No hay resolución del Directorio sobre ello. Nos guiamos por el sentido común. Nosotros no vamos por la patología. Tenemos 250.000 empresas activas. Estos casos son patológicos en relación a ello.

Por su parte, el gerente general del BPS declaró que detectaron las irregularidades en las afiliaciones a partir de septiembre de 2016.

Las actuaciones realizadas por reparticiones del BPS constataron que empresas falsas de servicio doméstico habían realizado 500 afiliaciones mutuales irregulares, agregó.

El jerarca dijo que tomando la cápita de $ 4.000 (pago del Fondo Nacional de Salud por usuario), se llega a la suma de $ 2.000.000. Es decir, ese es el alcance de la estafa, según el BPS.

El relevamiento realizado por diversas reparticiones del organismo descubrieron, además, que una de las empresas falsas también cobró $ 250.000 por seguros de enfermedad y desempleo.

El 2 de marzo pasado, efectivos del DIT concurrieron al BPS y los representantes del Directorio les entregaron un pendrive con toda la información sobre las empresas falsas y sus titulares. Dos las empresas denunciadas funcionaban bajo el rubro de servicios de limpieza y una tercera en el rubro industria y comercio. Esta última hacía tiempo que no tenía actividad, pero seguía "generando trabajadores truchos".

—Staricco: ¿Detectó que en algunos casos estuvieran involucrados funcionarios del BPS?

—Directora del BPS: No. Entiendo que se tratan de errores administrativos que facilitaron las afiliaciones "truchas".

3.000 denuncias por año.

Un gerente del BPS señaló en el Juzgado Penal de 16º Turno, que el organismo recibe 3.000 denuncias anuales por irregularidades en altas de trabajadores en la entidad previsional. Agregó que por seguimiento de datos, se realizan 10.000 actuaciones por año. Esos seguimientos también se vinculan con incumplimientos de empresas al BPS y a la DGI. El expediente judicial reveló que la apertura del corralito mutual generó que promotores pagaran entre $ 500 y $ 1.200 a personas de escasos recursos para afiliarlos a mutualistas.

DENUNCIAS ANTE JUNASA.

"Vamos a controlar a mutualistas".

El jueves 16, la jueza penal Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero, en una medida inédita, sentaron despacho en el Ministerio de Salud Pública. Allí tomaron declaraciones al presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echeverría, e incautaron documentación sobre afiliaciones a mutualistas. En su testimonio, Echeverría señaló que recibió denuncias de que usuarios que estaban afiliados irregularmente a una mutualista no podían anotarse a otra cuando se abrió el corralito mutual. El plazo para cambiarse de mutualista es de tres años. "No hace mucho tiempo, los que realizaban afiliaciones en forma irregular visitaban viviendas del BPS y hacían afiliaciones mediante engaños y plata. Con eso lograban la firma de las personas para afiliarlas a una institución sacándolas de ASSE", expresó. Echeverría declaró que a fin de año mantuvo una reunión con las mutualistas Casmu, SMI y Círculo Católico, donde les transmitió que les llegaban denuncias de intermediación lucrativa en forma reiterada. "Por favor tomen las medidas del caso", pidió. El jerarca dijo que Salud Pública presentó denuncias ante la Justicia especializada en Crimen Organizado. "Nos reunimos en Delitos Complejos (Policía) con el abogado Gumer Pérez (MSP), y dijimos que queríamos frenar la intermediación lucrativa", dijo Echeverría. Enseguida agregó: "Creemos que la Junta Nacional de Salud tiene que controlar más a las instituciones médicas. Cosa que ya empezamos a hacer. Estamos tratando de usar más tecnología. Queremos frenar esas situaciones irregulares".

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