La fuerza policial procederá hoy a desalojar el asentamiento La Quinta, ubicado en un predio privado en la zona próxima al Parque Guaraní.

En el mes de agosto la Justicia había ordenado el desalojo completo del terreno (un padrón perteneciente a privados y otro municipal), pero sólo se procedió a desocupar el de la Intendencia de Montevideo. Varias familias resolvieron permanecer en el lugar por lo que la jueza penal de 11° turno, Ana de Salterain, ordenó ahora el desalojo de unas 200 personas que siguen ocupando.

En la hectárea que usurparon hace un año y medio viven unas 24 familias uruguayas y otras 26 dominicanas que quedaron en el sitio “por error” en el desalojo policial del predio contiguo que pertenece a la IMM, según informó magistrada.

Los ocupantes saben que serán realojados en un terreno del barrio Casavalle mediante un trabajo conjunto de la IMM, la Junta Departamental, el Ministerio de Vivienda y el Plan Juntos.

La juez actuante dio 15 días en primera instancia para que los ocupantes dejaran el lugar, luego la defensa de los ocupantes pidió otro plazo de prórroga que fue rechazado, por lo que en esta jornada se procederá al desalojo definitivo.

El 23 de agosto pasado unas 30 familias con más de 80 niños abandonaron pacíficamente el predio municipal situado a escasos metros de las viviendas del Parque Guaraní y la ex textil ILDU en la calle Veracierto. Carlos Clavijo, un joven que fue el primero en ocupar el predio de lo que se convertiría en el asentamiento Nueva Esperanza, dijo que hasta allí los futuros vecinos fueron llegando de todos lados, desde Artigas hasta Canelones, no solo de Montevideo, todos en condición vulnerable, mujeres jóvenes con hijos y hombres sin trabajo estable, la mayoría, como él, dedicada a requechear en las volquetas, en busca de alimentos y objetos vendibles.

Ahora están viviendo en casa de parientes o de agregados en casas o terrenos que les prestaron. Los denunciantes (la IMM y los propietarios particulares) deberán encargarse de la vigilancia del terreno (dos padrones no delimitados), para evitar otra usurpación, según resolvió la juez Ana de Salterain, que está al frente del caso.

ASENTAMIENTO