DICTADURA

Denuncian "empantanamiento" en las causas judiciales sobre DDHH

Desde el Observatorio Luz Ibarburu calificaron de "inoperante" a la Comisión por Verdad y Justicia creada por Vázquez al inicio de su segundo mandato.

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Presentación de la Comisión por Verdad y Justicia en 2015. Foto: Francisco Flores.

Raúl Olivera, referente del Observatorio Luz Ibarburu, que se dedica al seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, informó que el 25 de mayo se reunirá con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) para denunciar el “empantanamiento” de las causas judiciales relacionadas a la dictadura uruguaya.

En declaraciones a La Diaria, Olivera manifestó que se informará a la CIDH sobre las amenazas de muerte realizadas por el Comando Barneix a varias personas vinculadas al estudio del pasado reciente, entre ellos Pablo Chargoñía, responsable del equipo jurídico del Observatorio.

"Vamos a historiar las distintas amenazas, veladas o no tanto: el robo del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay, y otras situaciones que buscaron menoscabar la independencia, ya sea de los fiscales, en el caso de Mirtha Guianze, por ejemplo, o de los jueces. Vamos a hacer un petitorio específico sobre los reclamos que buscamos que la Corte haga al Estado uruguayo", señaló.

Olivera denunció el "uso abusivo permitido por el sistema judicial" de "os recursos que presentan los defensores de los militares" ante la posible prescripción de un caso. Criticó que los recursos presentados causen la detención de las investigaciones, lo que se realiza "en el marco de una estrategia de dilación".

Según el representante del Observatorio, los abogados de los militares acusados tratan de "estirar esto para que pase el tiempo, se mueran los acusados y termine la causa penal".

Falta de interés

Olivera señaló que "hay un empantanamiento y una falta de interés del Estado" en que las investigaciones se desarrollen con normalidad. Denunció que hay mecanismo que se repiten "en cascada" en el Poder Judicial cuando se presentan denuncias de violaciones a los derechos humanos: "primero es la inconstitucionalidad de la ley, que implica que los expedientes se paralicen, vayan a la SCJ, pasen alrededor de nueve meses, y si hay cinco imputados, lo presentan de a uno y no todos juntos. Después van a apelaciones pidiendo la prescripción".

Además destacó que "salvo estos últimos meses, que hubo procesamientos por tortura (como el del sobrino de Gregorio Álvarez), acá en Uruguay no existía ninguno".

Según explicó, a los casos de desapariciones "se les aplica el homicidio y no la desaparición, y no ha habido ninguna condena por apropiación de menores, cuando se sabe que acá en Uruguay hubo por lo menos una docena".

El activista señaló que los grupos creados por el Poder Ejecutivo como "l Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, la unidad especial del Ministerio del Interior, la secretaría de seguimiento de la Comisión para la Paz" son "inoperantes" y "no han sido eficaces".

Las excavaciones y el silencio

Olivera dijo a La Diaria que actualmente existen "dos expedientes en los que están radicadas búsquedas de restos en unidades militares" pero "hay cierto marco de silencio" y "no hay una democratización de la información" al respecto.

Las unidades mencionadas son "la Montañesa", localidad de Canelones donde se encuentra el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea N° 1 de Empalme Olmos, el Batallón de Infantería N° 13.

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