El actual intendente de Paysandú presenta pruebas ante la Justicia.

La administración del Frente Amplio en la Intendencia de Paysandú denunciará penalmente a la anterior del exintendente Bertil Bentos, del Partido Nacional.

Su gobierno es acusado de "desvíos de fondos, de anulación de cientos de boletas de multas y de empadronamientos ilícitos", entre otros puntos, según indica la denuncia.

El actual intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, respalda su denuncia en una auditoría que se llevó adelante por más de tres meses, y de la cual surgirían "una serie de irregularidades y falta de control en distintas áreas de la comuna", aseguró a El País el asesor jurídico del gobierno departamental sanducero, Federico Álvarez Petraglia.

Uno de los puntos que resalta la denuncia está vinculado a programas de presupuestos participativos. Concretamente a los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF).

Cuatro de estas instituciones en el departamento de Paysandú fueron adjudicatarias de recursos de la Intendencia para planes de mejoras edilicias.

Según señala el informe que se desprende de la auditoría, no se corresponden las boletas que constan en la comuna con el plan de obras.

La Intendencia de Paysandú cuenta con boletas tanto de la empresa constructora como de los CAIF; las mismas avalan que efectivamente se haya llevado a cabo el plan de obras.

Sin embargo, cuando la auditoría fiscalizó los lugares donde tendrían que estar las obras ejecutadas, las mismas no existían.

Otros de los puntos en los que se centra la denuncia tiene que ver con boletas de multas. Según especificó el asesor jurídico, Álvarez Petraglia, "había una carpeta llena de multas anuladas que no fueron pasadas al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) y que tenían la firma del jerarca de turno".

Según el abogado, algunas de las multas tenían un sello al dorso además de un letrero que decía: "esta no la pasen".

Los que firmaban las boletas eran el director de Movilidad Urbana de la Intendencia y el director de Tránsito, afirmó Álvarez Petraglia.

Por otra parte, se constató decenas de empadronamientos de vehículos sin certificados de aduana.

De este modo "no se puede saber si son autos robados, importados o de contrabando, no se sabe de dónde vienen y se registraban así nomás", afirmó el abogado.

Lo mismo sucedía con los vehículos que no estaban asegurados.

Supuestas irregularidades municipales