El abogado Gustavo Salle denunció ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia al presidente Tabaré Vázquez, al secretario de Presidencia, Miguel Toma, y a varios ministros por "hechos con apariencia criminal" dado que negocia con la empresa UPM un contrato de inversión, algo que, sostiene, no permite la ley de inversiones de enero de 1998.
"Desde ya entonces, el Ejecutivo está actuando del margen (sic) de toda competencia constitucional o legal. Asimismo, no ha habido un llamado o una licitación pública internacional previa a la negociación de ese contrato de inversión con UPM", señala el escrito que presentó Salle. Entiende el abogado que la negociación "viene siendo realizada clandestinamente, a espaldas del pueblo, en la opacidad". "Se obstruye de este modo el acceso del pueblo a un contrato en el cual el gobierno es parte en nombre del Estado e invocando la representación del pueblo", sostiene.
Salle entiende que con la negociación y el eventual acuerdo, "el gobierno subordina su voluntad estatal a la de una empresa privada, comprometiéndose a dictar actos administrativos en función de un contrato, antes que en obediencia a la constitución y a la ley" (...) Es el Estado al servicio de UPM. Es el Estado contratado por UPM", entiende Salle. Reclama que el Poder Judicial pida al Ejecutivo documentos sobre las tratativas.
POR NEGOCIAR CON UPM