CUESTIONAN GASTOS

Denuncia penal contra la ministra Arismendi

Crimen Organizado determinará si fue arbitraria la compra de pasajes para empleados de ONG.

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Denuncia dice que Secretaría de Estado actuó "en forma arbitraria". Foto: Fernando Ponzetto

Una denuncia en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado por abuso de funciones contra la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi y otras autoridades de la cartera fue presentada ayer por el abogado penalista Diego Durand, que sostiene que la funcionaria dispuso de $ 800.000 en pasajes para integrantes de ONG, que no son funcionarios de la cartera. "La ministra (Arismendi), la directora general del Ministerio de Desarrollo Social y demás autoridades responsables dispusieron el manejo de recursos y fondos del Estado, sin norma habilitante (que lo autorice)", dice la denuncia, a la que tuvo acceso El País.

El 22 de noviembre de 2016, el Ministerio de Desarrollo Social reiteró el gasto referente a boletos para jóvenes de una ONG de Canelones. Se trató de partidas pertenecientes a dicha Secretaría de Estado y se desconoce si efectivamente el gasto se realizó.

La denuncia expresa que la Justicia Especializada en Crimen Organizado deberá valorar si la ministra Arismendi y otras autoridades de la cartera incurrieron "en una conducta arbitraria" en el manejo de los fondos, ya que no había una ley que respaldara la supuesta entrega de fondos para estudiantes de Canelones. Agrega que dichos gastos se vienen dando "en forma reiterada", razón por la cual la Justicia debería observar dicha conducta en relación "al concurso de delitos". Es decir que debería determinar si existió o no reiteración real del ilícito.

"Si nos permitimos de hablar de la igualdad, vista desde los derechos sociales, económicos y culturales, son muchos los que deberían tener acceso a boletos sin costos, en cuanto a la movilización de derechos que subyacen; pero siguiendo criterios de igualdad y no de digitación sin ley", expresa el documento. Enseguida agrega: "No puede el Poder Ejecutivo de manera arbitraria, disponer gastos y pagos sin ley y menos arbitrariamente a ONG amigas o sin licitación, lo cual se solicita en la investigación se corrobore y se esclarezcan las vinculaciones de las personas con las autoridades".

Durand se preguntó cuál es el sentido y nacimiento de una ONG que realiza un gasto para el Mides.

"El sentido es crear una ficción jurídica para no identificar a la persona que lo gasta como si fuera una sociedad anónima", expresa el penalista en su denuncia.

La Cámara de Senadores aprobó ayer la derogación del delito de abuso de funciones por el cual fueron condenados el exministro de Economía, Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República, Fernando Calloia, ambos frenteamplistas. La Justicia también entendió que incurrieron en es- te delito los exintendentes nacionalistas Walter Zimmer (Colonia) y Andrés Arocena (Florida) y el expresidente colorado de OSE, Juan Justo Amaro, entre otros.

Sin norma.

Tres reiteraciones de gastos del Ministerio de Desarrollo Social, hechas en junio, noviembre y diciembre de 2016 y en enero de este año, refieren a la adquisición de boletos para jóvenes participantes del programa INJU-JER en el Departamento de Canelones.

Los gastos en boletos fue-ron por $ 105.706; $ 322.317 y 373.096, lo que totaliza $ 801.119, según resoluciones a las que tuvo acceso El País.

En sus disposiciones, el propio Mides señala que el gasto original fue observado por la Contadora auditora destacada del Tribunal de Cuentas el 17 de diciembre de 2016 con el argumento de "no existe norma" que habilite el pago del mismo "tratándose de funcionarios dependientes de otras organizaciones", por lo tanto, "no son funcionarios públicos del Inciso (Ministerio de Desarrollo Social)". La cartera resolvió reiterar el gasto teniendo en cuenta la "conveniencia" y "la necesidad" de continuar abonando partidas por conceptos de pasajes dentro del país para "cumplir con los cometidos" de esta Secretaría de Estado.

La Suprema Corte de Justicia sostiene la constitucionalidad del delito de abuso de funciones. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak afirmó a Telemundo: "Normalmente se apunta al enriquecimiento ilícito como figura sustitutiva" al delito de abuso de funciones".

En su denuncia penal, Durand afirmó, sobre el delito de abuso de funciones, que la vieja discusión de norma penal en blanco o tipo penal abierto no es suficiente para argumentar la no aplicabilidad de la misma. Sostiene en su denuncia: "Los intentos o impulsos de derogación de la norma son incongruentes con la Convención de Palermo y más aún ante la falta de norma que sustituya la que se pretende impulsar (...) Es tener una justicia de ricos y otra de pobres".

Bonomi citado por amenazas.

Los senadores Javier García y Pedro Bordaberry citarán el ministro del Interior Eduardo Bonomi a la comisión de Seguridad del Senado. Uno de los motivos es la serie de amenazas a jueces y fiscales. El otro es conocer las medidas antiterrorismo que prevé el país. En Argentina hay preocupación extrema por una posible acción terrorista teniendo en cuenta que en los próximos meses habrá allí reuniones de relevancia mundial. Y se considera que Uruguay, como país vecino, debe protegerse.

Unidad investiga planificación de atentado.

El Departamento de Información Táctica (DIT), una repartición especial de la Jefatura de Montevideo, investiga a una organización criminal que planeaba asesinar al juez penal José María Gómez y al fiscal Gustavo Zubía.

Operadores judiciales indicaron a El País que escuchas telefónicas realizadas por la Policía constaron que los delincuentes pensaban asesinar a Gómez y Zubía como venganza por una reciente investigación judicial.

Amenazas de muerte como las que recientemente han recibido el juez penal de 5° Turno, José María Gómez, y el fiscal penal de 8° Turno, Gustavo Zubía, se producen "hace mucho tiempo en nuestro sistema", dijo ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

En declaraciones a los medios el jerarca sostuvo que ahora ha "surgido información sobre las amenazas que hace añares que existen" porque actualmente hay "más información sobre eso".

En rueda de prensa, Díaz dijo que las amenazas a los fiscales están relacionadas con casos abiertos. El fiscal de Corte señaló que ya se pudo determinar el origen de las amenazas al juez Gómez y al fiscal Zubía.

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