Interpelarán a Arismendi; identifican funcionario que patea a reclusos en el piso

Denuncia penal, fugas y rumores enturbian la interna del INAU

Ayer, mientras la Justicia buscaba culpables en los funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) por el violento operativo llevado a cabo en uno de sus hogares, en el Parlamento la oposición exigía que se asuman responsabilidades políticas y votó una interpelación a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.

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Funcionarios afirmaron que el grupo GEO reprimió un motín, pero autoridades lo desmintieron.

En medio de todo esto, también ayer, miembros del sindicato del INAU denunciaban un violento motín en el Hogar Ser de la Colonia Berro, con intervención del grupo GEO. Sin embargo, tanto la directora del Sirpa, Gabriela Fulco, como el GEO, negaron esta versión, y advirtieron que se trataba de una "requisa de rutina". Al cúmulo de situaciones se suma la sospechosa fuga de tres internos en la madrugada del martes, todo lo cual enrarece y complica el ya tenso clima entre la dirección y los funcionarios.

Hoy declara el líder del gremio del INAU, Joselo López, quien fue obligado a tomar licencia como vicepresidente del Pit-Cnt mientras se aclara la golpiza a menores internos que quedó registrada en un video y es investigada por la Justicia. Ayer declararon 12 de los 36 funcionarios que participaron del violento operativo, uno de ellos, que patea en el piso a dos menores según se pudo ver en el video, lo hace en calidad de indagado y está "muy comprometido", según fuentes de la causa.

Disturbios.

En horas del mediodía de ayer integrantes del sindicato del INAU afirmaron a El País que había un motín en curso en el Hogar Ser. Señalaron que internos habían quemado colchones, que había funcionarios heridos y que la raíz del problema había sido el traslado de algunos de los jóvenes que estaban internados en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili), que se encontraban en el pabellón en donde se hizo el polémico operativo, y que luego de declarar el martes ante la Justicia fueron llevados allí. Más tarde, incluso, advirtieron que el grupo GEO debió ingresar al lugar para poner orden.

Consultada por esta denuncia, Fulco insistió en que se trataba de una "requisa de rutina" que estaba programada desde hacía un tiempo. La versión de la funcionaria fue chequeada por El País con fuentes del grupo GEO, que dijeron que sí se presentaron en el Hogar Ser en el marco de un operativo que había sido coordinado, que estaban prontos para ingresar al pabellón donde se hizo la requisa pero no resultó necesaria su intervención.

El cruce de versiones es un capítulo más de la lucha que se da entre los funcionarios y Fulco, quien denunció a los trabajadores por haber llevado adelante el operativo que derivó en la golpiza a menores sin ceñirse al protocolo. En su defensa, López ha dicho que no existe un protocolo, que los funcionarios hicieron lo que hacen siempre y que el único que cometió un exceso fue quien pateó en el piso a dos de los reclusos. Fulco dijo a El País que sí existe un protocolo, del cual no dio detalles pero advirtió que en líneas generales consiste en que "no haya un uso de la fuerza que sea excesivo".

El sindicato se desmarcó en la noche del martes del funcionario que golpeó a los dos jóvenes. Según dijo a El País el subsecretario Carlos Salaberry, este fue identificado por colegas y luego de esto las autoridades del gremio acordaron que no le pondrían un abogado a cuenta de los trabajadores.

Además, Salaberry adelantó que "luego de que la Justicia se expida" el sindicato del INAU puede "imponer más sanciones" para este trabajador.

Interpelación.

La Cámara de Representantes aprobó ayer por 40 votos en 86, es decir con apoyo de toda la oposición y el rechazo del Frente Amplio, la interpelación a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, por la situación en el INAU con la rehabilitación de menores, particularmente los hechos de estos días en el Ceprili.

Desde el Frente Amplio se procuró evitar la interpelación alegándose que la ministra Arismendi no podrá brindar información debido al secreto del presumario de las actuaciones judiciales en torno a la denuncia presentada por Fulco contra funcionarios que pertenecen al sindicato.

En la fundamentación de la instancia, el diputado nacionalista Jaime Trobo sostuvo que "la situación de los menores infractores en Uruguay y la desprotección de los derechos no son algo reciente, sino un muy viejo tema".

El diputado apuntó contra el Frente Amplio al afirmar que "las dos últimas administraciones no han resuelto el tema, pese a su discurso de sensibilidad hacia los derechos humanos. No se ha mejorado, se ha empeorado. El gobierno debe explicar qué hizo. La ministra Arismendi ya tuvo responsabilidad desde 2005 y la tiene ahora, diez años después", dijo.

El diputado oficialista suplente Gerardo Núñez salió al cruce. "La oposición debía tener medalla de oro en interpelaciones", sostuvo, para agregar que "al Frente Amplio no se le puede achacar insensibilidad y menos quienes reclamaran bajar la edad de imputabilidad en 2014. Esos gurises que nacieron en la pobreza responden a situaciones económicas generadas por los gobiernos blanco y colorados".

El nacionalista Omar Lafluf le respondió a Núñez y le señaló "eso no exime de responsabilidad a los gobiernos del Frente Amplio por lo que ha sucedido en los últimos diez años". El diputado del Partido Colorado Tabaré Viera, que será el miembro interpelante, afirmó que "están ocurriendo cosas muy fuertes con los menores infractores y por eso el Parlamento no puede estar ajeno".

A su vez, el oficialista diputado Pablo González (grupo de Raúl Sendic) dijo que la oposición quiere "un circo", olvidándose "de los que están del otro lado de las rejas". En tanto, Susana Pereyra, coordinadora del FA, reconoció: "nosotros tenemos responsabilidades porque somos el gobierno".

SABER MÁS

Amnistía denuncia "uso excesivo de la fuerza".


La ONG Amnistía Internacional salió a manifestar su preocupación ante las "imágenes que han circulado en los últimos días sobre los hechos acontecidos en el hogar Ceprili. Denunció el "uso desmedido de la fuerza" que hacen los funcionarios "para contener a los adolescentes que se encuentran institucionalizados". Y expresó su "preocupación" por que se tenga que recurrir "a la violencia física" para poder contener posibles disturbios.

La sede de Amnistía en Uruguay también recordó que "distintos órganos de protección y monitoreo de los derechos humanos de las Naciones Unidas han observado a Uruguay con preocupación sobre el tratamiento que los y las adolescentes reciben en diferentes centros del Sirpa", al tiempo que instó a las autoridades a llevar adelante una "investigación de forma independiente y efectiva de estos hechos y cualquier otro caso denunciado sobre la utilización de fuerza excesiva para la disuasión de conflictos en el sistema".

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