SORIANO

Denuncia penal contra ediles por cobros indebidos

Los curules de Soriano están bajo escrutinio de la Justicia.

Juan Gutiérrez, adherente al Partido Colorado, se presentó en el Juzgado Letrado de 1º Turno de Mercedes, solicitando que la Justicia investigue el cobro mensual de $ 39 mil por cada uno de los 31 ediles titulares de la Junta Departamental de Soriano, que funciona a modo de retribución, pero figura como gasto de combustible.

"Hoy están cobrando (los ediles) una partida de 40 unidades reajustables, usada para gastos personales y, según ellos mismos, es para su uso personal, justificando la misma con una boleta de gasto de combustible", advierte el denunciante. Cada UR equivale a $ 984,26.

"De acuerdo con lo que dicta la Constitución Nacional, el cargo de edil es nominativamente honorario desde siempre, no de ahora. Estos funcionarios de la soberanía departamental han encontrado diversos caminos a lo largo de los años para burlar la naturaleza gratuita de su función y los han hecho ediles de todos los partidos", argumentó en su escrito ante el juez Damián Battó al que le pide investigue ante lo que considera "una falla grave dado que se usan dineros públicos para cosas particulares".

Gutiérrez aclara que no es que esté en contra de que los ediles perciban una remuneración por su trabajo, pero no de la manera en que se realiza actualmente porque "vulnerar la Constitución justamente por parte de quienes deben bregar porque esta no sea vulnerada, es algo que no debe ser tolerado".

Considera que la presentación del tema en la órbita penal "permitirá que los ediles se abstengan de recibir por un camino fraudulento, engañoso, una remuneración que resulta razonable, pero que actualmente es ilegítima y penada por la Constitución Nacional en su artículo 295". El artículo mencionado expresa que "los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios".

Gutiérrez recordó que el modo en que los ediles justifican sus gastos y se hacen de una partida mensual, "está siendo observado continuamente por el Tribunal de Cuentas. Los integrantes de la Junta Departamental lo saben, lo reconocen como dinero mal habido y de igual manera lo siguen cobrando mensualmente". Cuestionó que "ellos mismos se votaron un incremento de 10 UR", lo que considera una "burla" a la Constitución.

A su entender esta práctica debe declararse nula, hasta tanto la Corte Electoral se expida sobre el particular. Es más, solicita que renuncien a sus cargos y devuelvan todo el dinero cobrado hasta el día de hoy.

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