Empleada reclama US$ 290.000 a empresas de un proyecto inmobiliario en Punta del Este.

Un grupo de empresas vinculadas a un proyecto inmobiliario en Punta del Este del candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, fue demandado por una exempleada por US$ 290.000.

El caso fue presentado el viernes en el Juzgado de 1er Turno de Maldonado por el abogado Gúmer Pérez, en representación de una mujer que trabajó en el área de venta y administración del proyecto Trump Tower en Punta del Este.

La demanda es contra cinco empresas y dos particulares, a los que señala como parte de un "conjunto económico" que se dedica a negocios inmobiliarios. El monto total reclamado es de $ 8.932.895,39, que equivalen a unos US$ 290.000, por salarios impagos, licencias no gozadas, salario vacacional, aguinaldo, despido abusivo, daño moral y perjuicios.

La mujer fue contratada para trabajar en el área de venta y administración del showroom del proyecto Trump Tower. Comenzó a trabajar el 15 de noviembre de 2013. Arregló un ingreso fijo más comisiones.

"Mi trabajo consistía en ser la responsable de las ventas del proyecto en el showroom de Trump Tower Punta del Este, contactando clientes, atendiendo a los que ingresaran, a los que fueran enviados por otras inmobiliarias y proveer de la actualización de la información a todas las inmobiliarias en contacto e interesadas", relata en la demanda.

Agrega que su función le permitía tener acceso a toda la información sobre el proyecto de Trump Tower.

Al mes de trabajar ya comenzó a tener problemas para cobrar las comisiones. En diciembre de 2013 solicita que se le informe cuándo y cómo cobraría las comisiones, pero no obtiene respuesta. En enero de 2014 le dicen que le abonarán un sueldo fijo de US$ 400, más una cifra igual por adelanto de comisiones.

Cuando en febrero de 2014 pretendió cobrar sus comisiones (se llevaban vendidas unas 30 unidades), le dijeron que sería de 0,1% y no del 0,5% como había pactado. Dice que no renunció en ese momento porque su esposo había perdido su trabajo y ella tenía "ganas de seguir apostando" al proyecto Trump Tower.

El acuerdo que tenía estipulaba que le correspondía el 1% de comisión por cada venta que consiguiera ella en forma directa aportando al cliente, y de 0,5% si el comprador iba al showroom y ella lo atendía.

En marzo de 2014 volvió a plantear que le regularizan su situación laboral.

"Fueron muchas las veces que pedí que me pagaran o adelantaran las comisiones por mí generadas en las ventas, ya que tenía compromisos pendientes como el colegio de mis hijos, y el alquiler mensual de la casa en que vivimos. Me dieron algo de adelanto, pero no lo suficiente como para aliviar los compromisos", dice la demandante. Y agrega que tuvieron que vender su vehículo para cumplir con el alquiler.

"Mis empleadores hicieron oídos sordos", afirma.

La "gota que desbordó el vaso", cuenta más adelante en la demanda, fue la venta de una unidad por la que le dijeron que no cobraría comisión porque el cliente había sido enviado por otro bloker. Hasta entonces "traté de soportar todo tipo de destrato y humillación (…) pero como todo en la vida tiene un límite", afirma la demandante.

La relación con sus empleadores se deterioró rápidamente, al punto que relata una llamada telefónica de uno de ellos "en un tono totalmente irrespetuoso (…) donde me insultó y denigró". Ante su insistencia, logró cobrar algunas comisiones de las ventas, pero para su sorpresa le descontaron 13 meses de comisiones por US$ 400.

"Insólito, no solo no me pagaban lo que me debían, sino que además me descontaban lo que no me habían abonado!!!", dice en la demanda.

En esta situación, la mujer se consideró despedida, e intimó a sus empleadores a que le pagaran las comisiones.

Su desvinculación con el proyecto se concretó el 10 de julio de 2015.

"Apreciará la Sede —dice en la demanda— que fui despedida a los 44 años de edad, en el cenit de mi carrera profesional y con una expectativa enorme de llegar a los más altos escalafones a nivel internacional" si seguía trabajando para el Grupo Trump.

En otra parte de su escrito, cuenta que este proyecto inmobiliario implicaba una inversión de más de US$ 100 millones, y que el valor de las unidades era de entre US$ 750.000 y los US$ 3 millones.

En la demanda, el abogado Gúmer Pérez pide que se consulta al Banco Central si algunas de las ventas en la que participó su clienta fueron reportadas como "Operaciones Sospechosas", a fin de desligar cualquier vinculación de la demandante con los compradores.

Pérez dijo a El País que esta es una "demanda inédita" en Uruguay, porque involucra a un grupo de empresas con fuertes inversiones, en un proyecto inmobiliario que tuvo el apoyo del gobierno y que lo declaró de interés turístico para el departamento de Maldonado.

En octubre de 2014 comenzó la construcción de la Trump Tower en Punta del Este. La obra quedará terminada hacia 2017. Se trata de un edificio de 24 pisos.

La Trump Tower tendrá 157 apartamentos y demanda una inversión del orden de los US$ 100 millones. El 50% de los apartamentos se vendió a argentinos; la otra mitad a uruguayos, brasileños, estadounidenses y europeos. En la fase previa de venta, los apartamentos iban desde US$ 443.900 el de un dormitorio (aunque de 114 metros cuadrados) hasta US$ 2 millones uno "estándar" de tres dormitorios. Cada unidad estará equipada con cocinas de alta gama de diseño, sistema de climatización automatizado, baños con estilo spa y balcones con vista a la Playa Brava.

La Trump Tower contará con una piscina principal exterior climatizada de 1.000 metros cuadrados, dos piscinas cubiertas climatizadas de 25 metros cada una, dos cines privados, un spa con servicio completo, cancha de tenis cubierta reglamentaria con control de clima inteligente, entre otros amenities. El anuncio de la construcción, lo hizo Donald Trump en noviembre de 2012.

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