LAS NECESIDADES DEL PODER JUDICIAL

Defensores de oficio: al límite con 80% de los casos

Aumento de la delincuencia y de la violencia doméstica hace necesaria la contratación de más abogados.

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En todo el país hay 190 defensores de oficio para todas las áreas. Foto: R. Figueredo

El 81% de los asuntos que se inician en los juzgados están vinculados a personas en condiciones vulnerables. Esto es, 200.000 acusados no tienen cómo pagar los honorarios de un abogado y, por tanto, se les asigna un defensor de oficio. Ahí el problema.

En todo el país hay 190 defensores de oficio porque no solo no se ha contratado más abogados en los últimos años sino que los cargos vacantes no se han repuesto. En la Defensoría en lo Criminal de Montevideo trabajan 16 defensores que, además, concurren a los juzgados de faltas y deben asistir al resto de los juzgados por audiencias de presumario que puede estar habiendo.

En Crimen Organizado hay dos defensores. A estos se les suman los de Civil, Familia, Menores, Trabajo, Ejecución Penal. En este último caso, que aglomera a los penados, por ejemplo, no hay director y el cargo de una defensora que falleció no fue cubierto. Así es que a juicio de los defensores, se trabaja "al límite". Y la situación es pareja en Montevideo como en el Interior.

Pero no son solo los defensores de oficio los que alertan de la situación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha advertido al respecto luego que el presupuesto nacional para este año no incluyó fondos para la creación de cargos. "Si la Defensoría no se refuerza en un término breve con personal, corre riesgo de estar cuestionado el acceso a la Justicia de las personas más vulnerables", había dicho Ricardo Pérez Manrique a El País.

"Cuando llega un defensor al juzgado en medio de un turno no sabe para dónde correr primero", graficó a El País Verónica Acuña, directora de la Defensoría Penal. Es que durante las 24 horas debe haber un defensor y al turno asignado se le suman trámites de expedientes, pruebas, reconstrucciones, asistir a defendidos en centros de reclusión, entre otras tareas.

La carencia de personal no es nueva. Pero varios defensores consultados por El País sostienen que la situación se ha agravado con el incremento de los delitos y la violencia doméstica. Además, la perspectiva de entrada en vigencia del nuevo Códi-go Penal en 2017, que incluye audiencias en todos los casos, hace prever una mayor presión. Dentro del Poder Judicial la esperanza está puesta en que la próxima Rendición de Cuentas incluya fondos que permitan contratar más personal. Pero las restricciones presupuestales del gobierno ante la desaceleración de la economía, los destrozos por el tornado de Dolores y las inundaciones, lo ponen en duda.

Crecen los casos.

"Hoy la falta de recursos es total. Desde el aspecto edilicio, materiales co-mo papel o tonner para la impresora y fundamentalmente personal", dijo Acuña. "La inseguridad ha recargado la actividad y ha cambiado las condiciones de trabajo. Antes los delitos violentos eran excepcionales, pero ahora tenemos un fuerte componente de delitos en donde se mezcla el consumo de drogas que te hace trabajar con material humano más diverso, más demandante, más desesperante y muchas veces no tenés la solución porque el conflicto de fondo es que el grueso de los que consumen o son adictos terminan en un hecho delictivo", afirmó Acuña.

Luis Ferrari, presidente de la Asociación de Defensores, trabaja en Ejecución Penal y tiene 250 presos a los que atender y 2.000 causas de libres que hay que cerrarlas además de administrar en el ínterin sus solicitudes como pedidos de permiso si quieren viajar. "La situación actual es bastante desesperada porque se votó presupuesto cero para el Poder Judicial, tenemos menos defensores que antes y en violencia doméstica, menores infractores, ejecución penal y crimen entre el 85% y el 90% de los casos los tenemos que atender los defensores", dijo a El País. "Con estos números, materialmente es imposible instrumentar el nuevo código penal", agregó.

Riesgo de pérdida de calidad del servicio.

La directora de Defensores Públicos, Beatriz Aristimuño, es enfática en que si bien "es grave la situación" todavía "no hemos llegado a un caos que no se preste la debida asistencia". Aun así deja en claro que hoy hacen falta unos 40 abogados más porque "no existen los defensores suplentes, por lo que la ausencia de uno lo que hace es que otros tengan que cubrir los agujeros y eso a veces puede significar una disminución en la buena calidad del servicio".

ASOCIACIÓN DE DEFENSORES.

Disparidad con una Fiscalía fortalecida.

Luis Ferrari,presidente de la Asociación de Defensores, saca a relucir algo que comparten todos los defensores. "La Fiscalía está notoriamente fortalecida. En turnos penales actúan 12 fiscales y defensores hay dos y un procurador por turno. La desproporción es notoria. Los defensores tenemos que andar saltando de un lado a otro". En este sentido, el sindicato apuesta a que como ocurrió con la Fiscalía, se genere un servicio descentralizado. "Eso daría más independencia a la defensa pública porque hoy somos parte del Poder Judicial y como cuestionadores de las decisiones judiciales no es que seamos mal vistos, pero se nos destinan pocos recursos y si somos independientes podríamos funcionar mejor", dijo Ferrari.

Hoy, según este defensor de oficio, "se cae en la calidad" porque "se atienden más las urgencias y eso impide profundizar en el tema". La única ventaja es que todos los defensores tienen muchos años de oficio —en su caso 20— y "pueden trabajar más rápido y con más criterio". Aun así al enfrentarse a la planilla de casos, la falta de personal hace que los defensores "prioricen donde hay dudas sobre la culpabilidad", señaló.

"Tratás de estar en todos los casos que puedan terminar en prisión", afirmó. Pero a esto se suman las visitas a las cárceles. Por norma, cada dos meses deben concurrir a los centros de reclusión. "La ventaja actual es que se instrumentaron las videoconferencias lo que facilita en tiempo, seguridad y costos", afirmó.

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