Alvaro Ezcurra

"Decenas de millones de dólares no se controlan"

El ministro del Tribunal de Cuentas en representación del Partido Colorado sostuvo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo ”han ignorado” al organismo de contralor y que con esa decisión le impiden ejercer los controles que le asigna la Constitución.

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Álvaro Ezcurra, experto en gestión. Foto: Ariel Colmegna

“Evidentemente hay desinterés en que se controle” el uso de los recursos públicos. El Estado destina al Tribunal el 0,03% del Presupuesto.

—¿Cómo le ha ido al Tribunal de Cuentas en el Presupuesto?

—Estamos preocupados por el cumplimiento de la función tal cual establece la Constitución que dice que somos responsables por el fiel cumplimiento de los cometidos que se nos asigna. En mi opinión, este cumplimiento está en peligro. La Constitución nos da autonomía presupuestal. Nosotros tenemos autonomía técnica. Nunca he tenido limitaciones técnicas. Desde 2010 no he sufrido presiones de nadie para opinar lo que quería opinar. Pero en cuanto a la autonomía funcional depende de lo presupuestal. Si no tenemos presupuesto para funcionar la autonomía es inaplicable. Hoy hay una cantidad de fideicomisos de administración que implican gestionar ese dinero sin control del Tribunal. Pero usan fondos públicos. Lo mismo que las empresas subsidiarias de las públicas donde el Estado es propietario. En las contrataciones no aplican el Tocaf y el Tribunal queda muy alejado del control. También la Corporación Nacional para el Desarrollo.

—¿De alguna manera podrían controlar esos recursos?

—Podríamos hacerlo. Esos instrumentos no digo que sean espurios. Evidentemente sirven pero escapan al control. El Tribunal podría controlar esos fondos a través de una auditoría de gestión como dice el artículo 211 de la Constitución. Hay decenas de millones de dólares que no se controlan. Podríamos controlarlos pero no tenemos ni recursos humanos ni presupuestales para hacerlo. Le pongo un ejemplo entre intervención preventiva e intervención a posteriori con una auditoría de gestión. Cuando el sonado caso de la Armada donde se compró la famosa grúa, los documentos pasaron por acá y estaba todo en orden. ¿Qué pasó después? La grúa nunca estuvo.

—¿Con qué presupuesto y funcionarios se maneja el organismo?

—A números de 2014, el Estado destina al Tribunal de Cuentas 0,03% del Presupuesto general. Son US$ 20 millones anuales para el único órgano de control externo de la administración. Y en 280.000 funcionarios en todo el Estado somos 400. Son el 0,14% de todos los funcionarios de la administración. Yo entré al Tribunal en 1980 y entonces éramos 400 funcionarios. ¿Hoy cuántos somos? 400 funcionarios. Cada 1.000 funcionarios estatales hay casi 1,5 que se dedica a controlar el gasto público.

—En el proyecto de presupuesto del Tribunal, que es autónomo y puede presentarlo al Ejecutivo, ¿pidieron más recursos y funcionarios?

—Pedimos un aumento del 20%, es decir US$ 3 millones más al año. Es el 0,01% del Presupuesto. Fuimos bien austeros. Para funcionar como deberíamos tendríamos que haber pedido el 100% de aumento. Y no nos dan nada, nada. El Poder Ejecutivo excluyó el Inciso 17 Tribunal de Cuentas del Presupuesto. El Poder Ejecutivo nos ignora y el Parlamento con mayoría absoluta lo convalida y entonces se terminó el presupuesto del Tribunal de Cuentas. En Inglaterra la Contraloría, el equivalente del Tribunal, cuantifica el beneficio que le da al Estado su intervención. Si se hace una carretera, la Contraloría audita y dice que los gastos están mal hechos, que son poco eficientes y recomienda que se haga de tal otra manera. Eso provoca que la ejecución de ese gasto mejore. Cuando se hace la cuenta entre lo que hubiera salido esa obra sin la intervención, y lo que sale con la intervención. Se autofinancia la Contraloría. Si nosotros hacemos los controles debidos optimizamos el gasto público. Podríamos hacer control de eficiencia de un gasto, que no llega a la auditoría de gestión pero sirve. Por lo menos el Tribunal podría alertar de la existencia de desviaciones.

—El Tribunal envía cientos de observaciones a la Asamblea General cada año, tal como mandata la Constitución, y nunca se tratan. Quedan en un cajón. ¿Cómo lo toman?

—Lo que pasa es que nosotros no tenemos poder sancionatorio. Intervenimos los gastos, los observamos, y el jerarca lo reitera en la inmensa mayoría de los casos. No hay control político sobre eso. El control político corresponde al Parlamento y no se hace. La cantidad de observaciones a gastos que se envían al Parlamento no es lo importante porque hay muchísimas de menor entidad. Pero hay otras pesadas, que sí deberían ser suspendidas hasta tanto se revisaran en el organismo. No se hace nada de esto.

—En el caso de Ancap, a la luz de los últimos ejercicios con déficit abultado, ¿qué pudo haber hecho el Tribunal de Cuentas?

—Intervinimos en el control de los balances pero eso no es lo que tenemos que hacer. El balance refleja la actuación pero de esa manera no entramos en la conveniencia o no de los gastos. Vienen los balances, los controlamos pero no entramos a considerar la gestión, si tal inversión debió haberse hecho o no, si se presupuestó en 90 millones de dólares y terminó costando 400 millones de dólares. Podríamos haber entrado si hubiéramos tenido los recursos para hacer una auditoría de eficiencia. Y con una auditoría de gestión podemos saber por qué pasó esto o aquello, por qué se hicieron dos plantas y no una, qué es lo que hubiera convenido, etc. Sería bueno que el ejecutor del gasto supiera que después nosotros podemos llegar y ver si lo ejecutó bien o mal. Hay responsabilidad de esos gestores. Que quien ejecutó mal sea controlado por el Parlamento es lo correcto, pero no ocurre.

—En lo presupuestal, ¿usted entiende que hay una actitud deliberada del Poder Ejecutivo para aflojar los controles al Estado?

—Yo no imputo intenciones. Lo que es cierto, por desinterés o indiferencia, es que se permite que el control del gasto público se haya degradado. Si explicamos nuestro problema y no se nos dan los recursos para aplicar la competencia constitucional, y nos ignoran tanto el Ejecutivo como el Parlamento, evidentemente es por indiferencia o por desinterés en que se controle. Mire, a nadie le gusta que lo controlen. Eso sucede desde la época de la dictadura. Además, al gestor le conviene mucho más eludir. A veces al ordenador de gastos no le conviene que se controle para evitar que quede de manifiesto esa mala ejecución. Sin intenciones, podría pasar de las dos cosas. Si bien se ignora al Tribunal en el Presupuesto, aparece una modificación al Tocaf dándole al Tribunal un plazo de 90 días para expedirse sobre el estudio de pliegos. Pero eso es una violación flagrante de la Constitución porque no se le puede fijar plazos de actuación al Tribunal porque viola la autonomía. Nosotros en el Tribunal somos quienes nos fijamos los plazos.

Perfil.

Nombre: Alvaro Ezcurra - Gestión: Ocupa el cargo de ministro desde el año 2010 - Representa: Al Partido Colorado - Profesión: Abogado

Experto en gestión.

El ministro del Tribunal de Cuentas Alvaro Ezcurra ingresó al organismo en el año 1980 y desde 2010 es representante de la oposición (Partido Colorado, Vamos Uruguay). Se recibió de doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República en 1983.

Entre otros cargos desempeñados en el Tribunal, ha sido Corredactor de la ponencia del Tribunal de Cuentas sobre "Ética de lo público y Control sobre el Gobierno como fundamentos del sistema democrático"; en 2006 fue director del departamento de Legislación y Jurisprudencia. Asimismo, Ezcurra ha sido asesor letrado del Directorio de Antel y tiene una extensa actividad en el deporte, llegando a ser presidente del club Wanderers.

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