"Se procesó sin pruebas", dice Miguel Langón

DD.HH: absolución reaviva debate; militares aducen falta de pruebas

La absolución de dos militares que habían sido acusados por el homicidio de un preso político en Tacuarembó, reavivó el debate sobre el trámite de las causas de derechos humanos. "En todos los casos se procesó sin pruebas", dijo Miguel Langón.

La Justicia en medio de una polémica por fallos sin sustento en crímenes contra los DD.HH. Archivo El País

Pablo Meléndrez

El viernes 20, a pedido del fiscal Fernando Pérez D`Auria, la jueza de Tacuarembó, Karen Cuadrado, absolvió a los militares Juan Carlos Gómez y José Gavazzo, quienes habían sido procesados en agosto de 2010 acusados por el homicidio de Roberto Gomensoro, cuyo cuerpo apareció flotando en el lago de Rincón del Bonete en marzo de 1973, cerca del Batallón de Ingenieros Nº 3 del Ejército.

En su momento, la jueza Lilián Elhorriburu y la fiscal Angelita Romano, entendieron que existían pruebas suficientes para imputar a Gómez y a Gavazzo la muerte de Gomensoro. Un testigo dijo que durante una sesión de tortura los militares caparon al detenido.

Sin embargo, al finalizar el proceso, Pérez D`Auria, quien suplantó a Romano en el cargo, entendió que no hay pruebas que acrediten la responsabilidad de los militares y pidió su sobreseimiento. Eso permitió la excarcelación de Gómez (coronel retirado de 78 años de edad) pero no la de Gavazzo, quien continúa en prisión ya que enfrenta otras causas.

En el dictamen absolutorio, Pérez D`Auria sostiene que en la causa declararon 134 testigos pero "solo uno hace referencia" a la castración de Gomensoro. Señala que ese único testimonio "se contradice con sí mismo" y también con "la prueba científica", ya que los estudios forenses concluyeron "la inexistencia del fallecimiento por castración" de la víctima.

El del caso Gomensoro es el tercer fallo absolutorio de militares en poco más de un año. En agosto de 2012 el Tribunal de Apelaciones de Penal de 4° Turno (y luego la Suprema Corte de Justicia) absolvió a los militares Walter Gulla y Enrique Rivero, que habían sido procesados con prisión acusados por el homicidio de Horacio Ramos, un miembro del MLN que apareció muerto en su celda del Penal de Libertad en 1981.

La sala determinó que no existen pruebas de que haya sido un homicidio, y cuestionó la labor del juez Rúben Saravia y la exfiscal Mirtha Guianze porque "no se reconstruyeron los hechos. Se crearon hechos".

En este caso solamente Gulla recuperó la libertad, ya que Rivero está siendo juzgado por su responsabilidad en el secuestro y homicidio de Ubagesner Chaves Sosa.

En agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia absolvió al exdictador Gregorio Álvarez, quien había sido procesado por su responsabilidad en la muerte de Roberto Luzardo, un integrante del MLN que falleció en 1973 en el Hospital Militar luego de no recibir asistencia. La Corporación no encontró pruebas que implicaran a Álvarez, quien de todos modos sigue en prisión por otras causas.

Sin pruebas

La abogada Rosanna Gavazzo, asesora del Centro Militar e hija del represor José Gavazzo, dijo a El País que en los casos contra militares y policías por delitos cometidos durante la dictadura "la prueba siempre es nada". "Hay un muy mal manejo de la prueba y se toman en cuenta testimonios que no tienen ninguna validez, y eso impide ejercer la defensa", se quejó.

Gavazzo señaló que se "alegra" por la existencia de fallos absolutorios porque hacen que "las cosas estén en su lugar". Su padre, José Gavazzo, sigue en prisión ya que enfrenta condenas por otras causas, que incluso fueron confirmadas por la Suprema Corte de Justicia.

En tanto, el catedrático penalista Miguel Langón, defensor del general Miguel Dalmao, en prisión desde 2010 y quien enfrenta una pena de 28 años de cárcel por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974, dijo que en "en todos los casos" de derechos humanos "se ha procesado sin pruebas, y eso es lo más grave que se puede hacer".

"Para validar una prueba 40 años después tiene que ser definitoria y clarísima para que no queden dudas de que no es una venganza política", expresó Langón a El País.

"Con estos fallos absolutorios se va haciendo justicia y se van aclarando las cosas. Los camaradas encarcelados están imputados con pruebas muy sumarias y con testigos de oídas", dijo, por su parte, el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez.

Dificultad

El abogado y ex juez penal Federico Álvarez Petraglia, denunciante en varios casos de torturas, desapariciones y homicidios durante la dictadura, opinó que el hecho de que exista solamente un testigo no alcanza para desacreditar una investigación.

"En el contexto de impunidad en que se manejaban los militares, un solo testimonio puede ser importantísimo y debe ser valorado en el conjunto de la prueba", dijo y señaló que en las cárceles "hay miles de presos por rapiñas señalados solamente por un testigo".

Consultado por El País, Álvarez Petraglia dijo que en la mayoría de los casos "se han superado los niveles mínimos de prueba que se requieren ya que incluso han existido fallos condenatorios dictados por la Suprema Corte de Justicia".

En tanto, Raúl Olivera, dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo y vocero del Observatorio Luz Ibarburu, institución que realiza un seguimiento de las causas de derechos humanos durante la dictadura, admitió que "no es fácil encontrar las pruebas". "Hay un grado de dificultad del sistema penal para obtener pruebas, y ese es un elemento sobre el que hay que reflexionar", dijo.

En diálogo con El País, Olivera consideró: "No se puede condenar militares al barrer y en ese marco el Poder Judicial se mueve con muy pocos elementos. Pero, ¿quién ayuda al Poder Judicial?".

Son 13 los casos con imputados

En los juzgados y tribunales de apelaciones uruguayos hay 218 causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, de las cuales 32 (15%), están archivadas, según un relevamiento del Observatorio Luz Ibarburu, integrado por diversas organizaciones sociales y que realiza un seguimiento de las denuncias penales por delitos cometidos por militares y policías durante el período de facto.

La mayoría de los expedientes (168, es decir, el 78% del total) se encuentra en la etapa de presumario. En la fase de sumario y con militares y policías procesados hay 13 causas (6%). Por otro lado, según el estudio del Observatorio Luz Ibarburu, se dictó sentencia definitiva en 3 expedientes (lo que equivale al 1% del total), de acuerdo con un informe que la institución presentó a fines del pasado mes de agosto.

La visión de los protagonistas

Miguel Langón

ABOGADO DE DALMAO

"El paso del tiempo hace todo muy difícil. Para validar una prueba 40 años después, tiene que ser definitoria y clarísima para que no queden dudas de que no es una venganza política", dijo el experto penalista, quien aseguró que "en todos" los casos de derechos humanos "se procesó sin pruebas".

F. Álvarez Petraglia

ABOGADO DENUNCIANTE

"En el contexto de impunidad en que se manejaban los militares, un solo testimonio puede ser importantísimo y debe ser valorado en el conjunto de la prueba", dijo Álvarez Petraglia, denunciante en varios casos de tortura. "Hay miles de presos por rapiñas con un solo testigo", añadió.

Raúl Olivera

OBSERVATORIO LUZ IBARBURU

"Hay un grado de dificultad en el sistema penal para obtener pruebas, y ese es un elemento sobre el que hay que reflexionar", analizó Olivera. "No se puede condenar al barrer y en ese marco el Poder Judicial se mueve con muy pocos elementos. Pero, ¿quién ayuda al Poder Judicial?", concluyó.

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