Mientras más de medio gobierno sigue recorriendo el mundo en busca de nuevos inversores dispuestos a desembarcar en Uruguay y muchos que hasta hace algunos años repudiaban las plantas de celulosa, hoy le rezan todos los días a San UPM; quienes ya invirtieron en el país están pidiendo a gritos que alguien se acuerde de ellos y atienda sus urgencias antes que sea demasiado tarde.

La automotriz china Lifan envió a 160 trabajadores de su planta de San José al seguro de paro, cuando sus directivos advirtieron que era el sindicato, y no la empresa, quien decidía cuándo y cómo se trabajaba.

El Molino Dolores acaba de mandar a más de 200 empleados al seguro de paro, en medio de una situación crítica para la empresa. La decisión afecta casi a 300 familias de la castigada Dolores, un lugar al que el gobierno le ha anunciado que recién en 2018 le podrá reconstruir el liceo al que el año pasado destruyó una recordada turbonada.

Ahora resulta que la histórica Fanapel, empresa emblemática de Juan Lacaze, ha resuelto enviar a poco menos de 300 empleados al seguro de paro al no poder soportar los altos costos de energía y mano de obra.

¿Cuánto hace que la empresa advertía que su situación era cada vez más dramática? Demasiado tiempo. Pero no fue sino hasta que ya no pudo más y debió bajar la llave cuando, por ejemplo, UTE le ofreció una rebaja en la tarifa eléctrica del 25% hasta marzo y hasta de un 30% de abril en adelante.

¿Por qué el gobierno, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y UTE demoraron tanto en ofrecer a Fanapel una solución? ¿Era necesario esperar a que la empresa colapsara para tender una mano? ¿No hubo omisión en ello?

¿Es verdad que Fanapel tenía un contrato con un proveedor privado de energía, que le hubiera supuesto un ahorro importante en su operación, y que las autoridades nunca lo autorizaron? Si es cierto, ¿por qué? ¿Acaso no hay un marco regulatorio que lo habilita? ¿Y entonces? ¿Hay un marco legal que habilita la competencia pero el gobierno no quiere que haya competencia? ¿Por qué? ¿Para poder seguir cobrando la energía al precio que desea?

Porque el caso Fanapel muestra que se puede cobrar menos por la energía que se suministra, por ejemplo, a la industria. ¿Por qué UTE cobra una cosa y, cuando una empresa como Fanapel se está muriendo, acepta cobrarle hasta un 30% por la misma energía? ¿Por qué ese beneficio solo se le ofrece a Fanapel? ¿Qué deben esperar las demás empresas para recibir ese beneficio? ¿Estar al borde de la muerte y sin esperanza?

El gobierno se ha jactado de procesar una auténtica revolución energética en el país. ¿De qué sirve si no nos vuelve más competitivos? ¿Por qué esa revolución no se refleja, de una vez, en el costo que los uruguayos pagamos por la energía? ¿Porque hay que recaudar más y más, para poder seguir alimentando a ese monstruo insaciable que es el Estado?

¿No se debe el Uruguay, de una buena vez, un sinceramiento en cuanto a los costos de la energía?

elpepepregun[email protected]

LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN