ADVERTENCIA JURÍDICA

Cuestionan carácter público de registro de abusadores

No hay acuerdo en cuanto a si una iniciativa así sería constitucional.

La nueva ley brasileña busca impedir todo tipo de maltrato hacia los menores.
Foto: Archivo El País.

Abogados constitucionalistas consideran que si se aprobara un Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores, como propone el senador blanco Luis Lacalle Pou, este no podría ser público y su utilización debería estar limitada por una serie de garantías. Por su parte, el penalista Andrés Ojeda considera que un registro de ese tipo sería inconstitucional, al igual que lo es la difusión de los nombres y rostros de los procesados que hace en su página web el Ministerio del Interior.

Tras el asesinato de la niña Brissa González, Lacalle Pou reflotó su idea de crear este tipo de registro que, sostiene, en otros países ha dado resultados positivos para facilitar la prevención de estos delitos o facilitar que sean aclarados.

Consultado por El País, el constitucionalista Rubén Correa Fleitas opinó que "un registro de esta naturaleza no debería ser un registro público para que acceda cualquier persona libremente, porque hablamos que de alguna manera se va a incluir a personas a las que se va a atribuir una peligrosidad, lo que indudablemente puede generar lesiones al honor de las personas".

"Estoy de acuerdo en que es viable desde el punto de vista constitucional un registro de esta naturaleza porque tiende a proteger a la sociedad; hay que tener cuidado de que incluya personas que hayan sido condenadas por delitos vinculados a la pedofilia, al abuso sexual, a la violación. El manejo de los datos debería ser con autorización de la Justicia. No sería conveniente, sería hasta inconstitucional, que las autoridades administrativas estuvieran utilizando los datos de este registro sin control efectivo de la Justicia", advirtió.

Además, debería dársele el derecho a las personas de solicitar información respecto a si están incluidas o no en el registro para eventualmente impugnar esa inclusión.

El constitucionalista Martín Risso cree que un eventual registro se ajustaría a la Carta Magna siempre que cumpla con determinados requisitos. Uno de ellos es que la inscripción no sea perpetua sino por un plazo, más allá de que se podría volver a registrar a la persona en caso de que sea nuevamente condenada por un hecho similar.

Además, opinó que solo deberían estar en el registro los condenados con sentencia firme, ya que los procesados o denunciados o investigados están comprendidos en la presunción de inocencia. Para Risso el registro debería estar disponible para consulta de entidades que trabajen con niños (escuelas, liceos, clubes, etc.) que quieran revisar los antecedentes de su personal o contratar a nuevos funcionarios. También debería estar disponible para la consulta de los comisarios para conocer qué inscriptos residen en el área a su cargo.

"El acceso libre por parte de cualquier ciudadano, es complejo y no será muy efectivo para la prevención de estos delitos o para evitarlos. Sí se puede permitir el acceso en medio de una investigación. El registro público no parece que pueda ser muy efectivo, aunque puede analizarse un texto que sea compatible con la Constitución", comentó Risso.

Visión crítica.

Ojeda, sin embargo, tiene una visión muy crítica de la idea de crear un registro porque entiende que esto implicaría no cumplir con el artículo 26 de la Constitución que establece que "en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito".

"Si a una persona la voy a reinsertar y cuando la reinserto le voy a poner una letra escarlata en la frente, me estoy pegando con el martillo en el dedo. Si yo pongo en la Constitución que voy a reeducar, es una obviedad que lo voy a devolver a la sociedad", razonó. A su juicio, esto hace que también sea inconstitucional cualquier planteo que apunte a la implantación de la cadena perpetua.

Con respecto al registro, señaló que "se dice que esto sería constitucional si no es público, pero si no es público ¿qué función va a cumplir? Si se sale a los 65 años y la persona tiene 15 años más de registro, probablemente se muere en el registro. No es perpetua pero es perpetua en los hechos. Un registro es una pena", comentó.

Y cuestionó tanto al Clearing de Informes como a la difusión por parte del Ministerio del Interior del rostro y datos filiatorios de procesados. "En el caso de los procesados es mucho peor. Todos somos inocentes hasta que no tengamos condena firme. Los sumarios son públicos, pero yo no puedo publicar que a un tipo lo procesé porque naturalmente puede caber que al tipo lo declaren inocente al final", advirtió. "Andá a explicar a alguien afuera que el haber sido procesado no implica necesariamente que vaya a recaer una condena en la persona. ¿A cuánto estamos de publicar a los denunciados?", se preguntó.

Con respecto al Clearing de Informes consideró que "es un disparate que un privado tenga la llave en la mano de tu muerte civil porque hoy eso es peor que el embargo". De todas formas, reconoció que la Constitución no prohíbe a texto expreso que haya registros. "No es un tema menor que en un país de fuerte respeto a las garantías y de enorme calidad democrática hoy se esté pensando en un camino totalmente opuesto con un registro de violadores que no sé qué lograría. Que yo no tenga la solución no quiere decir que no pueda identificar propuestas que tienen más problemas que soluciones", dijo.

Hubo tres intentos sin éxito legislativo

La creación del registro de abusadores de menores fue propuesto por el senador Luis Lacalle Pou en 2008, pero no fue aprobado en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados con la votación en contra de los legisladores del Frente Amplio. Este proyecto fue presentado de vuelta en marzo de 2010 y fue archivado el 16 de abril de 2013 sin siquiera haberse tratado en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. Se presentó por tercera vez en agosto de 2015.

Amino: la comunidad virtual detrás del asesinato de Brissa

Cuando se denunció la desaparición de Brissa González, el lunes 20 de noviembre, la Policía comenzó a investigar las amistades de la niña. Y en la era digital, por amistades también se entiende a los usuarios virtuales. Al día siguiente, ya trabajando en la escuela, el Ministerio del Interior comprobó que algunos alumnos, incluida la chica asesinada, participaban de una comunidad en la aplicación Amino. Se trata de una plataforma digital para crear blogs, estadísticas y grupos de intereses. Como sucede en la mayoría de las comunidades virtuales, y esta no era la excepción, entre los muchos usuarios hay perfiles reales y otros de fantasía. Las autoridades comprobaron que "algunos de los vínculos" que se tejieron "en este juego, podrían estar vinculados" al fatal desenlace, dijo el sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

A través del uso de esta red, los investigadores quieren entender los posibles nexos que explican, por ejemplo, cómo una pequeña de 12 años puede llegar a contactarse con un "desconocido". Eso no quiere decir, aclaró Leal, que haya culpa alguna de la niña ni de la comunidad virtual.

"Con el desarrollo tecnológico, los pedófilos tienen mayor captación de las víctimas", explicó el sociólogo. Lo que antes implicaba un contacto de cercanía en la vida real, ahora puede camuflarse en un perfil falso.

Leal insistió en que no es necesario prohibir los medios ni tampoco las conversaciones virtuales de los escolares. "Para un adolescente, por ejemplo, un me gusta de Facebook es una forma de darle estatus", explicó, y agregó que "se debe trabajar para comprender que un juego aparentemente virtual puede tener otra característica en la realidad.

Amino nació en Nueva York, hace seis años. Parte de su característica es el incentivo a la interactividad en la comunidad, el juego de roles y el complemento de chat con llamadas.

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