La Justicia no encontró pruebas para inculparlos del delito. Entre los detenidos estaba el joven de 19 años, señalado por la Policía a causa de los comentarios que publicó en Facebook.

Las cuatro personas que fueron detenidas en las últimas horas en el marco de la investigación del asesinato del cabo Wilson Coronelrecuperaron su libertad al no existir pruebas suficientes para inculparlos del delito.

Entre los ahora liberados se encuentra el joven de 19 años, que trabaja en el Puerto, y que subió a Facebook un posteo en el que aseguró que en la noche del domingo —día del crimen— había ganado 10.000 pesos trabajando.

Su abogado, Diego Moreira, dijo a El País que logró demostrar ante la Justicia que el joven estaba trabajando a la hora del asesinato y que el dinero al que hizo referencia en la red social fue porque el mismo día que mataban al policía, arribaron dos barcos a la terminal portuaria, operativa que le reportó la suma antes mencionada.

Al tiempo que anunciaron la liberación de sus clientes, los abogados coincidieron en que la investigación surgió a partir de esa publicación en la red social.

Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, salió hoy al cruce de las declaraciones de Miguel Barrios, secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único Policial del Uruguay (SUPU), no afiliado a la central sindical.

Barrios dijo a El País que la reunión entre el Ministerio del interior, el Pit-Cnt y representantes de la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) "es un hecho político".

También afirmó, respecto a la pensión otorgada a la familia de Wilson Coronel, el policía asesinado el lunes en una pizzería de Pocitos, que "es lo que le correspondía aun si no si se hacía esa reunión. La pensión, la cobertura de salud para la familia y el trabajo son soluciones típicas en estos casos. La gestión del Pit-Cnt y los sindicatos oficialistas no innova".

El presidente de la central sindical dijo que el SUPU "no está en el Pit-Cnt, por eso no los califico ni los descalifico, pero no movieron un dedo y cuando salen los resultados se quejan de los dedos que se movieron".

El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, lamentó el fallecimiento del policía y aseguró que su familia recibirá una pensión y otras ayudas. Además, anunció que se denunciará a las empresas y particulares que contraten efectivos policiales para hacer tareas de seguridad.

La decisión de denunciar a los comerciantes que contraten el servicio 223 sorprendió a los empresarios. Anoche se encontraba reunida la gremial de almaceneros y baristas (Cambadu) para analizar el tema. "El Ministerio salió a jugar fuerte. Los comerciantes contratan a los policías directamente, lo hacen por determinada cantidad de horas, algo que no se puede hacer con una empresa de seguridad y al policía le sirve porque esa plata queda íntegra para él", dijo a El País Daniel Fernández, vice presidente de Cambadu.

Durante la movilización de la mañana de ayer la presidenta de la Unión de Sindicatos Policiales, Patricia Rodríguez, afirmó que "los compañeros trabajan en otros servicios porque el sueldo no alcanza".

SIGUE LA INVESTIGACIÓN