Artículo permitiría restituir a echados por ineptos u omisos.

La oposición mostró su rechazo al artículo 9 del proyecto de Rendición de Cuentas que propone que los funcionarios públicos que hubieran sido destituidos por las causales de ineptitud u omisión podrán ser objeto de una nueva designación o contratación pública, una vez transcurridos diez años de la resolución que dispuso su destitución. El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Alberto Scavarelli, argumentó en la comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes que se quiere revertir el "exceso" que supone "conservar sin límite temporal alguno la prohibición absoluta de ingresar a la función pública por causales de ineptitud u omisión". "Transcurridos diez años, dichas causales de ineptitud u omisión no necesariamente se mantienen vigentes, así como tampoco las consideraciones desfavorables que dieron lugar a su destitución", sostuvo Scavarelli.

El senador nacionalista, Gustavo Penadés, dijo no entender las razones por las que se presenta el artículo. "No creo que sea oportuno votarlo. No sé qué pasará con los servicios descentralizados, pero a la Administración Central —por lo menos en los años en que estuve en la Comisión de Asuntos Administrativos, que no fueron pocos— llegaron muy pocas venias de destitución por otras cuestiones que no sean de salud, de ineptitud física. La casuística no me invita a permitir que diez años después de que los funcionarios son echados por razones gravísimas puedan reingresar a la Administración Pública", argumentó.

Su correligionario, Jorge Gandini, opinó que "esta es una pésima señal para los buenos funcionarios", y que "no es conveniente volver a blindar la inamovilidad de los funcionarios públicos con este mecanismo de retorno, a pesar de ser inepto u omiso en el cumplimiento de las obligaciones".

El independiente Iván Posada, adelantó su voto negativo y el nacionalista Pablo Abdala opinó que no correspondía a la oficina de Scavarelli hacer el planteo. Scavarelli señaló que el año pasado hubo 1.037 destituciones por lo que no debe considerarse que sean excepcionales. Y reivindicó su potestad de realizar la propuesta. "Como siento el derecho como algo vivo y el derecho debe estar compadecido con la realidad, creo inconveniente que individuos que obtienen una formación muy importante que el Estado precisa, en diez años no se puedan presentar por exceso de faltas o por haber tenido una falta de otra naturaleza" (...) se propone que las personas que no hayan cometido delito y hayan sido destituidas por ineptitud u omisión, tengan la posibilidad de concursar", indicó.

El ministro en funciones de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Turell, negó de plano que el máximo órgano judicial impulse el artículo 9 de la Rendición de Cuentas. El director de la Oficina de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, argumentó en defensa del artículo que "hay que dar a la gente una oportunidad".

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