EL ASESINO DEL POLICÍA ANDA SUELTO EN LAS CALLES

Crimen del policía a foja cero

Compleja investigación que comenzó con una publicación en Facebook quedó en nada.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Ayala: el abogado de uno de los indagados probó su inocencia. Foto: F. Ponzetto

No se encontró mérito para imputar a los detenidos por el homicidio del cabo Wilson Coronel. Ayer fueron puestos en libertad los dos sospechosos que venían siendo indagados. También volvieron a sus hogares un hombre y una mujer, con vínculos familiares con los otros dos, que habían sido demorados el miércoles.

Uno de ellos, de 19 años de edad y empleado de una empresa portuaria, escribió en la red social Facebook pocas horas después del crimen: "por trabajar solamente una noche me gané 10 palitos". Así comenzó la investigación.

Se trata de una cifra idéntica a la que se llevó el asaltante y asesino de la pizzería.

Fue detenido de inmediato. En la seccional y luego ante la Justicia, negó ser el auto del homicidio pero involucró a un primo. Logró probar que en el momento del asalto fatal estaba trabajando en el puerto y que el dinero al que hizo referencia lo había ganado trabajando en tareas de abastecimiento de dos barcos. Declaró su patrón y mostró filmaciones y documentación que confirmaban la versión del joven, según indicó a El País el fiscal del caso, Leonardo Morales.

Por su parte, el primo también negó estar vinculado con el crimen. Ante la Justicia indicó que en el momento del homicidio estaba en su casa. Por tal motivo, fue detenida su madre y otro familiar. En el interrogatorio les preguntaron por separado detalles tales como el menú, la película que vieron y otros datos para probar lo que decía el hombre. De esa forma se confirmó que tampoco estaba vinculado, indicó Morales a El País.

A todo esto se agrega un fuerte trabajo policial relacionado con el aporte de pruebas, en particular de balística y de la ubicación de ropas y una moto. También se aportó el registro de las cámaras de videovigilancia. Los testigos del hecho no reconocieron a los detenidos.

Sigue.

De todos modos, quedaron algunos detalles sin resolver con relación a la declaración de los indagados. Entre ellos, algunos comentarios del joven de 19 años que llamaron la atención de los actores judiciales. "No manejó detalles finos pero sí el monto de lo que se robó, por ejemplo. Ellos tienen televisión cable y dijeron que no vieron informativos ni canales nacionales. Tenemos mucho para seguir investigando", afirmó Morales a El País.

Otro dato que surgió de la investigación es que la huida del asaltante y homicida fue realizada en soledad. Esto no significa que haya llegado solo, el eventual cómplice podría haber huido tras sentir las detonaciones que costaron la vida del policía de 44 años, mencionó el fiscal.

El abogado Juan José Ayala, patrocinante del primo del joven, destacó que se hizo una "prolija actuación de ocho horas ayer (por el miércoles) y seis horas hoy (por ayer) con una juez y un fiscal muy garantista".

"Surge que un muchacho con problemas de adaptación social fue amenazado y prepoteado por malos representantes de la autoridad administrativa y posteriormente cambió la versión en la que acusaba a su primo, mi defendido", indicó.

Ayala dijo tener dudas con respecto a la autoría intelectual de la publicación en Facebook que hizo el joven. "No tengo pruebas, de lo contrario actuaría", dijo.

El abogado de oficio Diego Moreira, defensor del joven de 19 años, consignó que se logró probar que el indagado estaba trabajando.

Polémica.

La forma de contratación de policías fuera de su horario de trabajo, circunstancia en la que el cabo Coronel fue asesinado, volvió a quedar en entredicho. El Ministerio del Interior anunció el miércoles que denunciará ante la Justicia a los comerciantes que lo hagan. Desde la gremial de minoristas (Cambadu), el vicepresidente de la institución, Daniel Fernández, le respondió ayer en conferencia de prensa que los comerciantes no pueden acceder al servicio regular, denominado 222, por falta de cupo y tampoco pueden contratar empresas de seguridad privadas por los altos costos.

Evalúan denunciar al Ministerio del Interior.

El diputado nacionalista Gerardo Amarilla dijo a El País que "el no cumplir con el sistema de contratación de los servicios de seguridad policial es una falta administrativa, nunca es un delito del policía y mucho menos del privado". "El Ministerio lo sabe, lo que hace Jorge Vázquez es inventar un delito. Eso se llama simulación de delito y es un delito penado por el Código Penal con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría", afirmó.

Amarilla anunció que este fin de semana se reunirá con penalistas para evaluar cuándo hacer la denuncia.

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