Unos 150 testigos protegidos declararon ante la Justicia desde que se creó esa figura en 2000 mediante un decreto. Nueve años más tarde, el Parlamento aprobó la ley 18.494 que estableció medidas especiales para testigos en investigaciones de delitos efectuados por mafias, entre otros.

Solo en los juzgados especiales de Crimen Organizado, esa figura se utilizó en más de 100 casos, dijo a El País Néstor Valetti, titular de una de esas sedes.

En los últimos años, testigos protegidos participaron en expedientes penales muy sonados: la investigación por corrupción de un jefe de Policía de Lavalleja; recientes ajustes de cuentas en el Casabó y en 40 Semanas; el crimen del taxista que fue encontrado en el auto incendiado, y el enfrentamiento entre bandas rivales en Cerro Norte donde balearon móviles policiales con ametralladoras.

Hasta el momento, esa figura ayudó a esclarecer crímenes que podían quedar impunes porque los testigos de esos casos no declaraban por temor a represalias, dijeron a El País operadores judiciales.

La protección de la víctima o el declarante se enmarca dentro de un protocolo que se sigue en forma estricta en cada uno de los juzgados penales y en las dos sedes especializadas en Crimen Organizado a cargo de los jueces Néstor Valetti y Adriana de los Santos.

El testigo informa a la Policía que solo declarará en caso de que se proteja su identidad porque teme por su vida.

El investigador del caso informa al juez y este deberá tomar todas las providencias para mantener el anonimato de esa persona.

El magistrado dispone que el testigo sea trasladado a la sede por la Policía en un auto particular. Ingresa al juzgado por una puerta lateral lejos de la vista del público y no toma contacto con las personas que esperan para declarar en la sede. Por una puerta trasera ingresa a la sala donde se encuentran el magistrado, el fiscal y los abogados defensores del acusado. Declara identificado con un número. Su nombre se incluye en un libro que se guarda en una caja fuerte. La combinación solo la conocen el magistrado y una actuaria.

En caso de que divulguen el nombre del testigo, podrían incurrir en un delito de revelación de secreto y en una falta administrativa grave.

Los abogados defensores pueden participar en las declaraciones de los testigos protegidos. De esa forma, no se vulneran los derechos de las personas sospechosas.

En la investigación del crimen del taxista Mario Dipolito ocurrido el 7 de diciembre de 2014, un testigo protegido identificado como "N° 1" declaró al juez: "Yo sentí un disparo a eso de la una o dos de la madrugada del domingo 8. Bajé la televisión. Salí por el patio en la oscuridad y vichoneé. El taxi estaba con luces prendidas. Después me enteré que habían matado a un taxista y le prendieron fuego al taxi. Inmediatamente asocié el hecho. Al otro día supe que otros vecinos habían visto lo mismo".

Los dos juzgados especializados tratan temas complejos que involucran a mafias que se dedican al tráfico de drogas y de personas y lavado de dinero. También investigan casos de corrupción policial en los cobros por Servicio 222 y vales de nafta, compras "fantasmas" en la Armada e irregularidades en las licitaciones en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En estos juzgados, la figura del testigo protegido es clave. Lo mismo ocurre con la del testigo colaborador, alguien que integra una banda y acuerda con el fiscal brindar datos a cambio de recibir beneficios en la pena o su procesamiento sin prisión.

Una situación distinta ocurre en los juzgados penales letrados. En estas sedes no todos los jueces utilizan la figura del testigo protegido. Creen que se trata de un mecanismo dispuesto para los juzgados especializados en Crimen Organizado o casos de tráfico de drogas.

El juez penal Nelson Dos Santos dijo a El País que utilizó la figura del testigo protegido en varias oportunidades y advirtió que, en algunos casos, esos testimonios reservados fueron claves para enjuiciar a delincuentes.

Dos Santos, quien fue magistrado penal en Lavalleja en 2000, procesó al entonces jefe de Policía minuano por un caso de corrupción. En la investigación, Dos Santos tomó testimonios a varios policías de la Brigada Antidrogas sin revelar en el expediente sus identidades. "También he utilizado esa figura en casos de tráfico de drogas", dijo Dos Santos a El País.

"Se trata de una figura muy válida. Si no se utiliza ese sistema, la gente no declara porque teme por su vida", explicó el magistrado.

En una investigación sobre corrupción policial, Dos Santos logró que el Estado le otorgara un domicilio secreto al testigo hasta que declarara en el Juzgado porque corría riesgo su vida.

El juez Roberto Timbal también utilizó el mecanismo del testigo protegido para esclarecer los recientes homicidios de dos personas cometidos por dos mayores y un menor en un barrio periférico de Montevideo. El asesinato fue tipificado como ajustes de cuentas por la Policía. Las víctimas aparecieron muertas en una cuneta con tiros en la cabeza y otras partes del cuerpo. Además de otras pruebas, el testimonio de una persona —que se encontraba internada en un hospital— fue uno de los elementos de juicio para dictar los procesamientos.

"La declaración del testigo protegido puede servir en una investigación. No es fácil mantener en reserva su identidad. Hay un protocolo para ello", explicó Timbal.

La jueza Beatriz Larrieu nunca utilizó esa figura, pero sí reconoció que puede ayudar en la investigación aunque consideró que es muy difícil mantener la reserva y, además, se debe tener en cuenta el derecho de defensa del acusado, explicó.

El 10 de marzo de este año, en un expediente del Juzgado 19° Turno sobre enfrentamientos entre bandas en Cerro Norte, un testigo protegido declaró sobre el homicidio del ex preso Richard Luján.

"Vivir en el Cerro Norte es algo horrible. No podés salir porque ellos siempre están en las esquinas. Richard Luján venía del otro cante, solo, en una moto negra. Le empezaron a tirar el Vitito, el Paolo y el Serguito. En tanto, el Luisito intimidaba a la gente tirando para arriba. Cuando cae Luján, le pegan patadas en el suelo y le siguen tirando tiros. Yo estaba a siete metros, escondida adentro de un almacén y vi todo".

Los testigos, las víctimas cuando actúen como tales, los peritos y los colaboradores en los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán ser sometidos a medidas de protección cuando existan sospechas fundadas de que corre grave riesgo su vida tanto de ellos como de sus familiares.

Las medidas de protección serán las siguientes: La protección física de esas personas a cargo de la autoridad policial. La utilización de mecanismos que impidan su identificación visual por parte de terceros ajenos al proceso cuando debe comparecer a cualquier diligencia de prueba.

Que sea citado de manera reservada, conducido en vehículo oficial y que se establezca una zona de exclusión para recibir su declaración.

Prohibición de toma de fotografías o registración y divulgación de su imagen tanto por particulares como por los medios de comunicación.

Posibilidad de recibir su testimonio por medios audiovisuales u otras tecnologías adecuadas.

La reubicación, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos documentos de identidad debiendo la Dirección Nacional de Identificación Civil adoptar todos los resguardos necesarios para asegurar el carácter secreto de estas medidas.

Prohibición total o parcial de revelar información acerca de su identidad o paradero.

Asistencia económica en casos de reubicación.

El temor a las represalias por parte de familiares de los sospechosos lleva a que muchos testigos no se presenten a declarar en sedes penales. Ello hace que algunos delitos queden impunes, según dijeron a El País fuentes judiciales. Si el objeto robado es de escaso monto, las víctimas tampoco van al juzgado y el expediente es archivado. Un caso paradigmático ocurre con los viajeros que vienen en los cruceros. Los ladrones saben que se van en pocas horas del país y que no declararán en caso de que los atrapen. Algunos jueces sí procesan a arrebatadores en base a videos de cámaras del Ministerio del Interior.

lA figura fue utilizada en 150 ocasiones en juzgadosEDUARDO BARRENECHE