La Fiscalía de Corte y el Ministerio del Interior buscan minimizar los errores humanos que inutilizan la prueba del delito y ponen en peligro la resolución de crímenes.

El traslado de pruebas en cajas de bananas —como sucedió en la investigación del crimen de Lola Chomnalez— o la recolección de muestras de sangre sin una cadena de seguridad adecuada —como en el caso de los enfermeros— no se volverá a repetir, de cumplirse a rajatabla los nuevos protocolos que se están elaborando.

Hoy existen tres comisiones funcionando en la órbita de la Fiscalía de Corte y el Ministerio del Interior. Una elabora un protocolo sobre violencia de género, otra sobre delitos contra la propiedad y una tercera sobre delitos contra la vida.

"La idea es, con miras a la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, asegurarnos que la prueba sea la necesaria, que no se contamine y que cuando llegue al juzgado podamos contar con una prueba válida y útil para procesar a un individuo", explicó a El País el fiscal penal Enrique Rodríguez que trabaja en la comisión que trata los delitos contra la propiedad.

El objetivo es definir las mejores prácticas para realizar la tarea investigativa para la identificación de los partícipes, el esclarecimiento del caso y una imputación efectiva del delito.

Rodríguez dijo que hoy se trabaja como se trabajaba "hace años" y, explicó, "todo es mejorable".

"Lamentablemente muchas veces la prueba que se obtiene no se recoge en el momento, se desperdicia o llega contaminada", agregó.

El fiscal puso el ejemplo de casos en que no se recogieron huellas en tiempo y forma o, incluso, de oficiales que apoyaron su mano donde había huellas de los criminales, dejándolas inutilizables.

"Las evidencias que se recogen en un lugar no pueden ser contaminadas por elementos externos. No hay que tocar los elementos", recalcó a El País el fiscal de crimen organizado, Juan Gómez.

"Cualquier elemento que se extraiga de esa escena debe ser preservado para que no lo contaminen", agregó.

El objetivo, apuntó, es identificar los errores más comunes y subsanarlos.

Los protocolos también indicarán la mejor manera de recoger testimonios, la conservación de la escena, la cadena de custodia de los elementos recolectados y la constitución del fiscal en la escena del hecho.

"La Policía es la que concurre al lugar, es el brazo armado", agregó Rodríguez.

Según dijo a El País el fiscal de Corte, Jorge Díaz, la institución viene realizando desde hace meses diferentes capacitaciones para la entrada en vigencia del nuevo Código.

Expertos internacionales impartieron cursos en Uruguay y también se realizaron viajes en la región "para aprender de otros países" con un escenario similar.

"Nosotros vamos a llegar a tiempo", aclaró Díaz sobre la capacitación de profesionales para la implementación del nuevo código.

Según dijo, se necesitará más personal y presupuesto. La Fiscalía de Corte ya "hizo números", según Díaz. Sin embargo, esperará a realizar un cruzamiento de datos con la Suprema Corte de Justicia para evaluar la cifra final.

Aclaró que, si bien el trabajo apunta a la entrada en vigencia del nuevo Código en 2017, los cambios se aplicarán desde ahora en lo que el actual marco normativo permita. En la comisión sobre violencia de género, por ejemplo, la resolución fue veloz. Y se insistió en la necesidad de jerarquizar a la víctima de la violencia de género.

Según la Fiscalía de Corte, es conveniente comenzar a trabajar por los delitos de mayor frecuencia estadística, como los hurtos, rapiñas, receptación y copamiento.

"Con el Código del (Proceso Penal) nuevo, los responsables de la investigación son los fiscales. La diferencia está ahí. Debemos familiarizarnos y acostumbrarnos a manejar y a tener presente", explicó el fiscal de Crimen Organizado, Juan Gómez, quien trabaja en el protocolo sobre delitos contra la vida.

El juez estará más liberado para poder juzgar y evaluar la recolección de la prueba y la defensa podrá escrutar la recolección y preservación de pruebas.

El nuevo Código, defendido por la mayoría de los operadores judiciales, establece un sistema de juicios orales, públicos y acusatorios.

Esto último implica que serán los fiscales quienes desarrollarán las indagatorias y los jueces pasarán a ser terceros imparciales que resolverán el caso.

"No estamos formados para esto. Es una actividad que la dirige el juez. Tenemos que estudiar, reglamentar y establecer un protocolo", explicó Juan Gómez.

Estos protocolos serán enviado luego a la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio del Interior para que sean aprobados.

La muerte de la joven argentina Lola Chomnalez en Valizas causó un fuerte impacto y logró una cobertura de medios de la región. Y la caja de bananas en donde se transportó la mochila de la joven, una de las pruebas más esperadas y valoradas, también causó un gran revuelo. En las redes sociales se cuestionó, incluso, la validez de esta prueba.

Errores en el tratamiento de pruebas ponen en riesgo resolución de crímenes