“No es un servicio descentralizado esa institución”, dice fiscal.

El fiscal de Corte subrogante, Daniel Gutiérrez, consideró inconstitucional la ley 19.334 que transforma a la Fiscalía General de la Nación en un servicio descentralizado por fuera del Poder Ejecutivo.

El promotor de que la Fiscalía de Corte pasara de ser un organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura a un servicio descentralizado es el actual fiscal de Corte, Jorge Díaz.

El fiscal de Menores, Enrique Viana, quien está enfrentado a Díaz, presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 19.334 que promovió dicho cambio en la Fiscalía de Corte.

La Suprema Corte de Justicia envió el recurso de Viana a la Fiscalía General de la Nación para que esta se expida sobre el tema. Como Díaz fue uno de los impulsores de la ley 19.334 se abstuvo de opinar. El expediente pasó a estudio del fiscal Daniel Gutiérrez, quien subrogó a Díaz.

Luego que Gutiérrez opinara sobre el recurso, el expediente volvió a la Suprema Corte. En caso de que la Suprema Corte le diera la razón a Viana, la Fiscalía de la Nación podría retornar bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación y Cultura y también caería el proyecto de instrucciones generales que Díaz pretende impulsar.

Las instrucciones generales permitirán que el fiscal de Corte brinde directivas generales a los fiscales sobre determinadas materias aunque este no podrá opinar sobre un caso particular.

Un fallo de inconstitucionalidad resuelto por la Suprema Corte de Justicia también afectaría el rol de los fiscales en el nuevo Código de Proceso Penal, cuya vigencia está prevista para febrero de 2017. En el nuevo código, los fiscales se ocuparán de investigar los delitos junto con la Policía.

En su dictamen, fechado el 19 de mayo, Gutiérrez consideró que Viana está legitimado para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que creó la Fiscalía General de la Nación porque es uno de los funcionarios de ese organismo.

Gutiérrez señaló que son incompatibles el ejercicio del dominio industrial y comercial del Estado (para esa función fueron creados los servicios descentralizados) con los roles de los fiscales (la defensa de la sociedad, la defensa y representación del Estado en el ámbito en que las leyes le asignen). Las actividades de los fiscales no tienen relación con el dominio industrial del Estado, advierte.

Gutiérrez sostuvo: "Este Ministerio entiende a la luz de lo señalado que los artículos 197 (el Poder Ejecutivo podrá suspender decisiones de directorios que considere inconvenientes o ilegales) y 198 (faculta al Poder Ejecutivo a destituir directores) de la Carta Magna coliden con lo dispuesto por el artículo 2 de la ley que se refiere a los cometidos y atribuciones del Fiscal de Corte". Agrega que también colide con lo dispuesto por la Constitución de la República el "complejo" sistema de designación de un fiscal o cualquier fiscal letrado.

El artículo 4 de la 19.344, que creó la Fiscalía General de la Nación y la sacó de la jurisdicción del Ministerio de Educación, interpreta que el artículo 197 de la Constitución no le sería aplicable, ya que este so-lo se refiere al funcionamiento administrativo del nuevo organismo (Fiscalía General de la Nación).

Viana, en un escrito presentado por el abogado Gustavo Salles, entendió que la creación del servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación afectó "su interés directo, personal y legítimo", ya que se lo colocó bajo un nuevo estatuto jurídico funcional (dejó de ser funcionario del Ministerio de Educación y Cultura) y ahora lo es de un servicio descentralizado (Fiscalía General de la Nación).

"Con la imposición de un foráneo sistema de Fiscal General y fiscales delegados, queda abolida aquella independencia técnica individual que garantiza su gestión, en todo, contradiciéndose los mandatos constitucionales invocados", señala Viana.

DICTÁMEN