El senador colorado Pedro Bordaberry envió un pedido de informe al Ministerio de Industria, con destino a Antel, para indagar sobre los contratos, convenios, acuerdos y similares celebrados con privados en el marco del proyecto denominado Antel Arena.

El pedido fue cursado en la jornada de ayer durante la sesión del Senado en la que se trató la prórroga para la negociación con la empresa minera Zamin Ferrous y el proyecto Aratirí. (Ver página A5).

Bordaberry expuso en la fundamentación de su pedido que "sin considerar las reiteradas observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, el ente ha seguido adelante con el proyecto".

"En ese proceso, Antel ha suscrito un convenio de consultoría con la NBA Properties Inc. por un monto de US$ 570.000 más impuestos, el que también ha sido observado por el Tribunal de Cuentas, con múltiples objeciones", apuntó el senador colorado.

Los problemas por la construcción de este complejo deportivo vienen desde mediados de 2013, incluso mucho antes de la demolición del Cilindro Municipal, en mayo de 2014. El 23 de abril de 2013 el Cilindro pasó de manos de la IMM a Antel, que inmediatamente comenzó las tareas de limpieza del terreno. La decisión de la construcción del polideportivo también derivó en otras resoluciones territoriales, como la apertura de una calle y el traslado del Museo Aeronáutico, que se encuentra junto al derruido estadio cerrado.

Ya entonces el Tribunal de Cuentas comenzó estudiar el plan y le realizó diversas objeciones. El organismo de contralor elaboró un informe jurídico sumamente crítico sobre el acuerdo suscrito entre Antel y la Intendencia para la construcción del Antel Arena. El expediente fue abordado por el organismo de contralor a requerimiento de la Junta Departamental, que le solicitó se pronunciara respecto a la legalidad del acuerdo.

El acuerdo de la IMM con Antel, por sus características, encuadra para el Tribunal en la figura jurídica de la "concesión de uso", por la cual la Intendencia concede a Antel —por el plazo de 30 años— los padrones de su propiedad y la gestión de las futuras instalaciones.

El informe del Tribunal, al cual tuvo acceso El País, recuerda que las partes son "personas públicas" (una intendencia y un servicio descentralizado) y que entre las normas que las regulan, está el llamado "principio de la especialidad".

El "principio de la especialidad" está consagrado en el ar-tículo 190 de la Constitución, que señala que "los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales".

En este sentido, el Tribunal señaló que la construcción del polideportivo y centro de espectáculos "no se encuentra dentro de los cometidos de Antel" y "viola lo preceptuado en el artículo 190 de la Constitución".

La polémica se trasladó al ámbito político donde también el acuerdo fue objetado.

El ente pagó US$ 570.000 a consultora; piden los contratos