La columna de Pepepreguntón

¡Corten!

Se ha vuelto una costumbre. Una mala costumbre, por cierto. Pero una costumbre al fin. Los uruguayos ya estamos resignados a que cualquiera que reclama cualquier cosa pueda cortar cualquier calle o cualquier ruta a cualquier hora, sin importar a quién afecta con ese corte.

Parece que vale todo. De hecho, vale todo. Los taxistas se molestan con Uber y cortan una o más calles para hacer oír sus demandas. Los cooperativistas de Raincoop ven amenazada la supervivencia de la empresa y cortan con sus unidades la Ciudad Vieja y el Centro durante horas. Los sindicatos públicos y privados cortan calles, a veces durante horas, para presionar a las patronales a acceder a sus reclamos. ¿Y el resto? Que se embrome.

Está claro que todos tienen derecho a manifestar sus demandas. Pero, ¿qué hay de aquello tan viejo de que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás?

En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri se encontró, a poco de asumir, con un corte de una ruta que impedía el normal acceso de los vehículos al aeropuerto de Ezeiza. El problema se arrastraba desde los últimos días de la administración de Cristina Kirchner, y obligaba a algunos pasajeros a arrastrar su equipaje durante un par de kilómetros para llegar a la terminal internacional.

Macri denunció el corte ante un juez, quien ordenó que las personas que cortaban la ruta fueran desalojadas. Y con esa orden, la Gendarmería argentina procedió al desalojo. Hubo (siempre las habrá) voces que se alzaron contra un gobierno que, aseguraron, llegó para "criminalizar la protesta social". Pero se hizo cumplir la ley, que prohíbe cortar una ruta o calle, afectando la libre circulación de personas. Y levantado el corte, se abrió una mesa de negociación. No antes.

¿Es tan difícil en Uruguay hacer cumplir la ley? Porque tampoco de este lado del charco está permitido cortar la libre circulación de personas. Lo que ocurre es que en Uruguay todos pareciéramos resignados a estos atropellos.

Tal parece que no se puede hacer nada. Hay organizaciones y sindicatos que tienen el derecho a cortar la vía de tránsito que quieren, a la hora de quieren. Hay grupos de vecinos que, cada dos por tres y preferentemente en fines de semana largo, cortan tramos de la Ruta Interbalnearia para reclamar más seguridad, o mejores servicios públicos. Unos y otros tienen, claro está, derecho a reclamar. ¿Pero quién mira por los derechos avasallados de los afectados por estos cortes? ¿Quién se encarga de que la ley se cumpla a cabalidad? ¿No será tiempo de sentarse en torno a una mesa y generar un protocolo de protesta, que determine qué puede hacerse y qué no, para que todos estemos en la misma página? ¿O es que las autoridades, las nacionales y las municipales, tienen temor de hacer cumplir las normas que están vigentes? Y si no lo van a hacer, si no van a hacer respetar la ley, ¿por qué no tienen, al menos, la honestidad de derogar las normas que no están dispuestos a hacer cumplir?

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