JUSTICIA

Se hicieron 840 solicitudes en un mes; en 107 casos el fiscal desistió acusar.

EDUARDO BARRENECHE

Después de un comienzo con fallas, el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) alcanzó, en su primer mes de aplicación, un nivel de actividad similar al viejo sistema.

Sin embargo, aún persisten cortocircuitos entre fiscales y policías sobre el tenor de las llamadas sobre supuestos delitos, y diferencias de enfoques en investigaciones de delitos graves. A eso se suman problemas en los sistemas informáticos de la Fiscalía y el Poder Judicial.

El nuevo Código del Proceso Penal comenzó a aplicarse el 1° de noviembre de este año. Con el nuevo sistema, los jueces dejan de dirigir la investigación y llegan a la audiencia sin saber de qué se trata el delito en cuestión; los fiscales lideran el equipo investigativo con la Policía, y el rol de los defensores ganó mayor preponderancia. Ahora la defensa actúa a la par de los fiscales. El nuevo sistema, que dispone juicios orales y abreviados, permite que familiares de la víctima concurran a las audiencias representados por abogados controlando la labor de los fiscales. Ahora las audiencias son públicas y no reservadas como con el viejo Código de Proceso Penal.

Entre el 1° y el 30 de noviembre ocurrieron, en todo el país, 840 solicitudes de juicios de Fiscalía que obliga al Poder Judicial a disponer de recursos humanos y materiales. Se trata de un promedio de 28 diarias. Esa cifra es muy similar a la actividad de los Juzgados antes de la aplicación del nuevo código, según el Poder Judicial.

"La implementación del CPP 2017 comenzó en forma muy lenta (como era previsible). Con el correr de los días se han ido normalizando los números al irse adaptando los operadores a los nuevos roles y sistemas de trabajo", dijo a El País el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, coincidió con Chediak al reconocer que, sin duda alguna, existieron dificultades en la implementación del nuevo sistema. "Hubo problemas en nuestro sistema informático y de interoperatividad (entre operadores judiciales) en algunos casos. Todos esos problemas se fueron solucionando con el esfuerzo de todos. Pese a algunas dificultades que aún existen y que estamos trabajando para resolverlas, el cambio ha sido paradigmático", dijo Díaz.

El fiscal de Corte insistió en que el Código del Proceso Penal como tal "está funcionando. A la norma habrá que hacerle ajustes".

Por el momento, la mayoría de los fallos refieren a delitos más simples como hurtos, lesiones y rapiñas. Y las primeras condenas surgieron por acuerdos entre la Fiscalía y la defensa de los acusados. Los asuntos más complejos, como el homicidio de la niña Brissa González (12) e investigaciones realizadas por fiscales especializados en Crimen Organizado y delitos económicos, tendrán resultados en meses.

Desde el Poder Judicial se entiende que, en ese momento, las cifras de audiencias del nuevo sistema ingresarán en una "meseta". En términos generales, el fiscal del Corte compartió esa opinión.

"Estamos en el nivel que estábamos antes (con el viejo código), con una diferencia: tenemos más salidas procesales. Antes había un único camino: detención, procesamiento y condena. Creo que las audiencias podrán aumentar un poco más. Como Fiscalía debemos apuntar a mediano plazo, a marcar un diferencial con el sistema anterior a través de los fiscales especializados que se encargan de investigar determinados delitos", dijo Díaz.

Las nuevas vías procesales son: el archivo (no hay méritos para condenar); la aplicación del principio de oportunidad (se abandona la investigación por ser el delito de escasa entidad); la mediación extra procesal entre Fiscalía y defensa, previa a la formalización del juicio; acuerdos entre Fiscalía y abogados defensores para que el victimario repare el daño a la víctima; el proceso abreviado y el juicio oral y público, entre otras medidas.

Las cifras publicadas por la Suprema Corte de Justicia en su página web, señalan que, de las 840 solicitudes de Fiscalía, 372 corresponden a audiencias con detenidos y 53 sin detenidos. Según el Poder Judicial, en 107 casos la Fiscalía aplicó el principio de oportunidad. Es decir, el representante del Ministerio Público resolvió abandonar la persecución penal por entender que se trataban de delitos de escasa entidad.

Para Chediak, en el Poder Judicial casi todo funcionó dentro de lo previsto, pues el proceso de puesta a punto de sistemas informáticos, Audire, plantas edilicias, capacitación de los jueces, defensores, técnicos y funcionarios —realizado durante más de un año y medio— dio sus frutos.

"Y las dos o tres dificultades puntuales posteriores al 1° de noviembre fueron encauzadas con celeridad por la Suprema Corte", expresó.

Enseguida agregó: "También la Corporación realizó en tiempo y forma 191 movimientos de jueces en poco más de un mes. Y más de 100 movimientos análogos en la Defensa Pública".

Chediak dijo que la Corte "está satisfecha" con los resultados que tuvo la tarea realizada por los jueces, defensores, actuarios, informáticos, técnicos y funcionarios en general.

Por su parte, Díaz consideró que el funcionamiento de la norma jurídica tal como fue diseñada es "altamente positivo".

Dijo que, en este mes, cayó el mito de que los fiscales no tenían la experiencia de los jueces, y agregó que los casos de más alto impacto, como homicidios especialmente agravados con abusos sexuales, se aclararon en plazos cortos.

A las 13:00 horas de ayer, el fiscal Adjunto de la Fiscalía de Corte, Ariel Cancela, y la fiscal encargada de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, Patricia Marquisá, entre otros jerarcas, se reunieron con una delegación de la gremial de fiscales integrada por Brenda Puppo, Silvana Rivadavia, Raúl Iglesias, Ricardo Percibale y Gustavo Zubía en el Ministerio de Trabajo.

La reunión, que duró tres horas, fue calificada de vehemente y extensa por ambas partes. Los representantes de la gremial plantearon a la Fiscalía de Corte la existencia de recargas de horarios de trabajo; cambios en las condiciones laborales y falta de personal. "Hay una régimen de turnos extenuantes que impide cumplir las tareas cotidianas", señala una misiva de los fiscales a la gremial.

Los representantes del Ministerio Público expresan que son sometidos a jornadas extensas de trabajo sin derecho alguno a descanso.

Ambas partes intercambiaron propuestas para zanjar estas diferencias, las que no trascendieron ayer.

Consultado por El País sobre la reunión realizada en el Ministerio de Trabajo, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que los reclamos de los fiscales se discuten en el ámbito de dicha cartera.

"He dicho que no haré declaraciones públicas sobre la discusión mientras esté funcionando la negociación, porque esa es nuestra contribución a la solución del problema", expresó Díaz.