En un evento organizado por el Colegio de Abogados del Uruguay, la oposición, la Suprema Corte de Justicia, el sindicato de los trabajadores judiciales y la asociación de defensores de oficio unánimemente hicieron una dura crítica al Poder Ejecutivo por no prever recursos presupuestales para el Poder Judicial y por ignorarlo como interlocutor.

La defensa del gobierno correspondió al senador Rafael Michelini, que llegó tarde a la reunión porque tenía otros compromisos, quien admitió que hay "un divorcio" entre los poderes. Dijo que él como legislador está intentando ayudar a reconstruir ese vínculo.

El presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, abrió el fuego diciendo que "no es bueno que el freno (el Poder Judicial) no sea tan poderoso como el motor (el Ejecutivo) y consideró que "acotar el soporte económico de un poder no parece que sea beneficioso para el sistema democrático que vivimos". Ese sistema, advirtió, se basa en la limitación del poder a través de un sistema de equilibrios que no debe resentirse.

Con los actuales recursos, Chediak consideró que será difícil que se pueda poner en práctica el nuevo Código de Proceso Penal, que establece audiencias orales y públicas, algo que consideró que "sería una pena" porque la actual normativa procesal es "vetusta". Advirtió que "las leyes, si no se aplican bien crean desprestigio en las instituciones".

Para poder registrar con audio las audiencias, sistema que implantaría el nuevo código, se requieren US$ 600.000, y para hacerlo también con video US$ 50.000 más. Para funcionar durante 2015 "con dignidad" el Poder Judicial está requiriendo US$ 4 millones más al Ejecutivo, explicó Chediak.

El senador nacionalista, Luis Lacalle Pou, que participó del panel, dijo con respecto al nuevo Código del Proceso Penal que, por las carencias presupuestales, "vamos camino de no aplicarlo" y advirtió que "la renuncia a una mejor justicia está expresada en el presupuesto". A su juicio, "avanzamos en una pérdida de calidad institucional generada por el Poder Ejecutivo".

Por su parte, el senador colorado, Pedro Bordaberry, consideró que la Justicia está siendo "postergada" y cuestionó al oficialismo por no preocuparse de la constitucionalidad de lo que aprueba. "Un legislador del oficialismo me dijo no me corras con inconstitucionalidades y yo le dije no soy yo el que te corre, es la Constitución de la República que te corre, y tenemos la obligación de aplicarla", contó el senador.

Pablo Mieres, del Partido Independiente, consideró que "el ninguneo es total" de parte del gobierno hacia el Poder Judicial y la Suprema Corte. "Es un ninguneo no solamente de recursos sino de interlocución", señaló. Según Mieres, es "escandalosa" y "equivocada" la actitud que está tomando el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en este sentido.

El legislador dijo que "hay una intención de desequilibrio grave porque el presidente de la República y el de la Suprema corte son equivalentes". También criticó que se generen nuevos cargos en las fiscalías sin que, al mismo tiempo, se refuercen las defensorías de oficio y se destinen 95 artículos de los 740 que tiene el Presupuesto a reforzar la Presidencia de la República con nuevas competencias que escapan al contralor parlamentario.

Para Mieres, lo que llamó "ninguneo" se explica por la molestia del gobierno ante los reclamos salariales de magistrados y funcionarios judiciales que exigen a través de un juicio que comenzó en 2011 el "enganche" salarial entre las remuneraciones de los ministros de Estado y los de la Suprema Corte. Ese "enganche" mejoraría otros salarios vinculados a las retribuciones de los integrantes de la corporación.

El senador Rafael Michelini reconoció que hay "un divorcio" entre el Poder Ejecutivo y el Judicial "que no estuvo hecho solo por nosotros" y del que se podrá salir "con un gran entendimiento". Michelini insinuó que si la Suprema Corte de Justicia declara constitucional la norma que el oficialismo aprobó en diciembre pasado para compensar parcialmente a los funcionarios judiciales y de los registros por la no concreción del "enganche", el relacionamiento podría mejorar. Michelini reconoció que los jueces "deben estar mucho mejor pagos" pero también señaló que "hay prioridades". Y aseguró que el gobierno no quiere afectar la separación de poderes.

El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Luis Ferrari, dijo que el proyecto de presupuesto nacional tal como fue aprobado por la cámara baja "es un nuevo mazazo" a la defensoría pública. "Somos 40% menos que los fiscales y hay una migración constante a las fiscalías no por una cuestión de vocación sino de bolsillo", señaló. A su juicio, "si no hay nuevos defensores no debería aplicarse el nuevo código" procesal.

El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Carlos Fessler, señaló que los 3.500 funcionarios judiciales ganan entre 15.000 y 35.000 pesos y que hay unos mil que perciben unos 15.000 pesos mensuales.

Para el sindicalista, el gobierno está "enviando un mensaje político muy fuerte" y "está debilitando consciente o inconscientemente a una institución que es garante de los derechos de todos los ciudadanos".

"Un presupuesto cero es algo inédito", sostuvo. Y consideró que la decisión del Ejecutivo puede tener que ver con que quiere "un papel distinto" para el Poder Judicial y "afectar" al servicio de brinda.

Para el sindicato de los judiciales, no alcanza con que se le prometa por parte del gobierno que en dos años se analizarán las asignaciones presupuestales porque para entonces "las circunstancias pueden ser mejores o peores".

El senador colorado Pedro Bordaberry marcó su preocupación por lo que llamó la "deslegalización" que hace se hayan naturalizado las ocupaciones de terrenos y el traspaso de parcelas y casas sin compraventas. "No se vende con escribano. Eso vale o pretenden hacerlo valer. No llega el derecho a esos lugares", advirtió.

El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Carlos Fessler, dejó entrever que el sindicato está perdiendo la paciencia con el litigio que comenzó en 2011 en reclamo de los aumentos derivados del "enganche" de las remuneraciones de los ministros de Estado con las de los ministros de la Suprema Corte y consideró "hasta inmoral" que un gobierno de izquierda haya incluido en el proyecto de presupuesto el artículo 710 que condiciona el pago de créditos salariales a favor de trabajadores estatales al criterio del Poder Ejecutivo. El artículo es, a su juicio, inconstitucional.

Fessler agregó que el sindicato mostró "la madurez necesaria" hasta ahora para evitar acciones que puedan afectar el funcionamiento del Poder Judicial pero dejó entrever que esa postura puede modificarse en los próximos días. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou criticó que el proyecto del Poder Ejecutivo limite la capacidad de litigar para acceder a medicamentos de alto costo. Y se refirió a los recursos del Poder Judicial. "Lo peor del Presupuesto es lo que no está. Hay una decisión política por las críticas que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, por el diferendo salarial, por la concentración de funciones que se busca" de parte del gobierno, señaló Lacalle Pou. Los defensores de Oficio, por su parte, pidió que se cree un sistema descentralizado de defensa pública y explicó que en cada turno judicial hay cuatro fiscales pero un solo defensor de oficio y un procurador. "Se seleccionan las urgencias, no es atención de calidad".

El senador Rafael Michelini admitió que hay un “divorcio” entre los poderesJUAN PABLO CORREA