La Suprema Corte de Justicia empezó a analizar ayer el recurso de inconstitucionalidad de la empresa DirecTV contra la "ley de medios" aprobada durante el gobierno del ex presidente José Mujica pero los ministros tienen posturas diversas y no pudieron acordar aún una sentencia aunque tratarán de llegar a una definición en la próxima semana.

Ya los cinco ministros entraron en contacto con el tema y emitieron su voto, que es reservado. Habitualmente el ministro redactor de la sentencia es el último en emitir su voto. En este caso fue el presidente del órgano, Ricardo Pérez Manrique, pero los presidentes no redactan sentencias por lo que se deberá designar otro ministro para que lo haga. El designado tiene 20 días corridos para escribir la sentencia a partir del momento en que se le asigna la tarea.

El presidente Vázquez está a la espera del pronunciamiento de la corte para decidir si aplica la ley, si deroga disposiciones cuestionadas o si hace caer la norma en su totalidad. El que ya se pronunció fue el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que encontró que 23 artículos de la ley son inconstitucionales y 8 lo son en su totalidad.

DirecTV objeta, entre otros aspectos de la norma, dos artículos que establecen que algunos de los partidos de la selección uruguaya de fútbol son de interés público y por lo tanto deben ser emitidos obligatoriamente en la televisión abierta.

En otra señal de mejora en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, informó ayer que el presidente Tabaré Vázquez le confirmó, tras su encuentro del miércoles, que se asignarán refuerzos presupuestales para permitir la implementación del Código Aduanero (unos $20 millones). También informó que el Poder Judicial recibirá recursos para comprar software para grabar las audiencias judiciales. La grabación de audiencias será parte de la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. El Poder Judicial tiene previsto contratar a una empresa de consultoría internacional para que aporte una estimación del costo económico de la implementación del nuevo código que está prevista para 2017.

Vázquez también se comprometió con Pérez Manrique a analizar la posibilidad de darle al Poder Judicial una partida de US$4,7 millones para su funcionamiento durante la segunda mitad del año.

Pérez Manrique dijo tras su encuentro con Vázquez que se sintió "escuchado". El año pasado la corte insistió para 2016 su presupuesto era muy escaso.

Refuerzo presupuestal