CONTROL DEL GASTO PÚBLICO

Un corsé para empresas públicas

Limitan en 2017 inversión, gasto, vacantes, horas extras, donaciones y viajes al exterior.

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OPP cumple en este gobierno un rol clave en el monitoreo de las cuentas públicas. Foto: F. Ponzetto

Las empresas públicas ultiman detalles de su presupuesto para 2017 bajo estricta supervisión y directivas de recortes de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento. La "austeridad" por la reducción del presupuesto en el orden del 11% y de 10% de las horas extras, supresión de vacantes, control de las inversiones, y un uso racional de las donaciones, la publicidad y las misiones al exterior.

Semanas atrás los directorios de las empresas recibieron un instructivo que debe guiar la elaboración presupuestal. El documento se detiene en aclarar que el presupuesto de cada empresa deben estar inscripto en el programa de desarrollo del país. Y agrega que resulta "imprescindible que sus principales variables, como tarifas, costos de funcionamiento e inversiones, guarden consistencia con los planes del gobierno para el mediano y largo plazo".

A la hora de justificar las serie de restricciones que condicionarán la gestión de cada una de las empresas, se explica que "en el 2015 y en el transcurso de 2017, se ha consolidado un contexto económico y regional externo desfavorable, más adverso que el previsto inicialmente, lo cual ha tenido un impacto negativo en la actividad económica, verificándose en 2015 la menor tasa de crecimiento desde 2003". Este cambio, acota, obliga a enfatizar los compromisos de austeridad y prudencia en el gasto con el propósito de implementar los compromisos programáticos asumidos para lo que resta del período de gobierno.

Las restricciones implican que las empresas públicas no podrán llenar un tercio de las vacantes que se generen durante 2017. Se prevé que las horas extras se reduzcan, al menos, un 10% sobre la base de la partida presupuestal asignada para ese rubro en 2016. Durante 2017 las empresas no podrán aplicar planes para incentivar el retiro anticipado de sus funcionarios ni extender la vigencia de los existentes. Tampoco serán aprobados por el Poder Ejecutivo nuevos proyectos de reestructura.

En particular, las partidas para Bienes y Servicios en 2017, lo que incluye bienes de consumo, servicios no personales y transferencias, deberán reducirse un 3% en términos reales con respecto a las proyectadas en 2016. Quedan exceptuadas las que dependen directamente del nivel de actividad y no son controlables por la empresa, como el costo de abastecimiento de la demanda, la compra de crudo, proceso de potabilización de agua bruta o intereses por colocaciones. Las empresas deberán, además, establecer indicadores de eficiencia, por ejemplo, costo por kilómetro de línea, costo por funcionario, costo por cliente o costo por unidad física de producto o servicio vendido.

En general, el presupuesto de cada empresa deberá reducirse en el orden del 11% sobre la ejecución del año 2014, a igual nivel de precios y a un mismo nivel de actividad. Con respecto a la publicidad, Planeamiento y Presupuesto "sugiere a las empresas que en su giro prestan actividades monopólicas", que los gastos de publicidad y propaganda se refieran exclusivamente a comunicaciones de carácter institucional (licitaciones, contrataciones, llamados, etc.) o comunicacional (variaciones en el horario de atención al público, lanzamiento de nuevos productos, campaña de eficiencia en el uso de los servicios, etc.) En tanto, las empresas que prestan servicios en competencia, como en el caso de Antel, no podrán superar por publicidad o propaganda los gastos presupuestados para 2016.

Con respecto a las donaciones, nuevamente OPP "sugiere" que las mismas "respondan a criterios de estricta necesidad teniendo en cuenta los montos, destino y naturaleza de la donación". Sobre las misiones oficiales, propone que las mismas se relacionen "en forma directa a los fines de las empresas, teniendo en cuenta, adicionalmente, el número máximo de funcionarios para cada una de ellas".

En materia de inversiones, para ser aprobados los proyectos deberán incluir estudios de rentabilidad financiera y económica-social. La OPP se reserva el derecho a ordenar mayores exigencias.

En otro orden, la OPP propone incorporar la "perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos de las empresas públicas", y solicita que se incluya la "creación y/o fortalecimiento" de mecanismos de promoción de igualdad y derechos entre hombres y mujeres.

Factor clave para el plan de Astori.

El ordenamiento de las cuentas de las empresas públicas constituye un factor clave en el proyecto económico diseñado por el Ministerio de Economía hasta 2019. En 2008 el conjunto de empresas públicas aportaron a Rentas Generales el equivalente al 4,8% del Producto Bruto Interno. En 2014, este aporte bajó a 2,3%. El Presupuesto diseñado por Economía espera que en 2019 aporten 3,3%. Esos montos son vitales para cumplir el objetivo de reducir el déficit fiscal. Es ahí cuando entra a la cancha Planeamiento y Presupuesto, cumpliendo el rol de vigilante de que las instrucciones entregadas a los directorios de las empresas públicas se cumpla. Ancap es el caso más emblemático de gasto descontrolado, y de su equilibrio financiero depende el éxito del plan de Astori.

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