CORRUPCIÓN EN EL FÚTBOL

Conmebol: los embargos por coimas pueden caer

Afectan cuentas de Full Play y Fox; el pedido lo hizo EE.UU..

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Fueron congelados por la Justicia pagos por US$ 3 millones. Foto: AFP

Los embargos de bienes y las inmovilizaciones de cuentas bancarias de Full Play y Fox pedidas a Uruguay por la Fiscalía de Estados Unidos en 2015 por el caso de coimas en el fútbol podrán caer al cumplirse dos años de su solicitud. Las normas uruguayas señalan que, en ese período, deben caducar ese tipo de medidas cautelares.

En caso de darse esa situación dentro poco más de un mes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) podrá cobrar sus derechos de televisión al liberarse fondos bancarios de Full Play. (Ver nota aparte).

En junio de 2015, la entonces jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, y el exfiscal especializado Juan Gómez hicieron lugar al pedido de la fiscalía de Estados Unidos: fueron congelados pagos por unos US$ 1.700.000 que Full Play había abonado a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por conceptos de derechos de televisión de partidos.

Crimen Organizado también congeló una garantía de US$ 1.750.000 que había depositado la colombiana Cadena Caracol, como contracautela por los derechos de Full Play. Una vez dado ese paso, la AUF volvió a insistir y reclamó a la Justicia que deje sin efecto la medida de no innovar para quedar con las manos libres pa-ra volver a vender los derechos.

En breve, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, y el fiscal especializado, Luis Pacheco, analizarán qué hacer con las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía de Estados Unidos.

En el ínterin, la Justicia especializada procesó con prisión al exvicepresidente de la FIFA y expresidente de la AUF, Eugenio Figueredo, por los delitos de estafa y lavado de activos. Al no reunirse en ese tiempo nuevas pruebas contra las empresas acusadas por la Fiscalía de EE.UU., las medidas cautelares y los embargos caducarán, explicó una fuente del caso.

Las investigaciones penales no avanzan por dos motivos: los indagados no se presentan a declarar o no se reúnen suficientes pruebas para procesar a los acusados que sí son ubicados por la Justicia. "Las inmovilizaciones de bienes y de cuentas con dinero causa perjuicios", dijo una fuente de la investigación a El País.

Mañana declarará como indagado el expresidente de la AUF, Sebastián Bauzá, acusado por Figueredo de cobrar coimas para otorgar los derechos de televisación a Full Play. Bauzá niega las imputaciones.

Juicio.

El 27 de mayo de 2015, Uruguay amaneció con la investigación del Departamento de Justicia en curso sobre la FIFA y el arresto de siete de sus altos dirigentes, entre ellos el uruguayo Eugenio Figueredo. En la tarde se conoció un tramo de la denuncia que involucraba a los presidentes de las federaciones que integran la Conmebol. Según esa versión, a mediados de 2013 la empresa Datisa (creada en Uruguay) firmó con la Conmebol un contrato por los derechos de cuatro ediciones de la Copa América (2015, 2016 Copa Centenario, 2019 y 2023) por US$ 317,5 millones, de los cuales US$ 75 millones correspondían a la edición Chile 2015.

Dice el FBI que Datisa se comprometió a pagar coimas por US$ 100 millones en entregas de US$ 20 millones, una al momento del contrato y el resto en cada edición.

En ese momento los presidentes de las federaciones eran: Humberto Grondona (Argentina), José Marin (Brasil), Sebastián Bauzá (Uruguay), Sergio Jadue (Chile), Juan Ángel Napout (Paraguay y actual presidente de Conmebol), Luis Chiriboga (Ecuador), Carlos Chávez Landívar (Bolivia), Rafael Esquivel (Venezuela), Luis Bedoya (Colombia) y Manuel Burga (Perú).

Según el FBI, en 2013 la primera partida se distribuyó de la siguiente forma: el presidente de la Conmebol (Eugenio Figueredo), y los presidentes de las federaciones de Brasil y Argentina recibieron US$ 3 millones. Y agrega: "Cada uno del resto de los siete presidentes de las federaciones recibieron US$ 1,5 millones de soborno".

AUF quiere cobrar el dinero de Full Play.

A principios de noviembre de 2016, el secretario general de la AUF, Alejandro Balbi, solicitó una audiencia con la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, para solicitarle que autorice el pago de Full Play a la Asociación por los derechos de televisación de la selección uruguaya de fútbol. Otros pagos hechos a la Asociación por Full Play —una compañía investigada por supuestos sobornos a directivos de la Conmebol— habían sido congelados por la Justicia.

En el encuentro, Balbi le entregó un escrito de poco más de media carilla a la jueza Mainard donde advertía que el congelamiento de los pagos de Full Play a la Asociación ponía en serios problemas financieros al organismo rector del fútbol uruguayo. El documento de la Asociación solicitaba el pago desde una cuenta de Estados Unidos de "todo lo adeudado por Full Play". A través de esa cuenta, Full Play recibe pagos por la venta de los derechos de televisación de partidos de fútbol en parte de Europa y Asia. "De esa misma cuenta paga todas sus obligaciones. Full Play opera sin problemas en todo el mundo. Esto permite que Full Play opere con normalidad también en Uruguay", dijo en su momento a El País el abogado de esa compañía, Pablo Donnángelo.

La AUF alegó que necesitaba, en forma urgente, recursos económicos para poder cumplir obligaciones con el cuerpo técnico de la selección, futbolistas, funcionarios, y efectuar pagos a la Impositiva y al BPS.

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