JUSTICIA EN CONFLICTO

Conflicto salarial pone en riesgo nuevo Código

Judiciales y actuarios aplican medidas que lo entorpecerá.

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Judiciales calculan que deuda del Estado con ellos asciende a US$ 40 millones. Foto: M. Bonjour

El comienzo de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, que el Poder Judicial considera fundamental y que está previsto para el próximo 16 de julio, está en riesgo. Esto se debe a que los funcionarios judiciales y los actuarios, molestos con el gobierno por la falta de solución al prolongado conflicto salarial que mantienen con el Poder Ejecutivo, decidieron no asistir a los cursos de capacitación vinculados con la puesta en marcha del nuevo cuerpo normativo.

Los actuarios son los funcionarios encargados del control, autenticación, comunicación y conservación de los expedientes y documentos existentes en los tribunales, y ayer tomaron en asamblea la decisión de no participar en instancias de capacitación. Una decisión idéntica había tomado antes la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, informó a El País el secretario general del sindicato, Eduardo Silveira.

Los dos grupos de trabajadores mantienen su reclamo al gobierno de que cumpla con las sentencias judiciales ejecutoriadas que les dan la razón en su reclamo de que sus remuneraciones queden "enganchadas" a las de los ministros de Estado tal como estableció una ley aprobada en la anterior legislatura.

El gobierno presentó una propuesta de pago que implicaba una quita respecto a la pretensión sindical que fue rechazada por una amplia mayoría en una asamblea del gremio realizada en febrero. El sindicato judicial analiza ahora nuevas medidas de lucha.

El 15 de marzo pasado la dirigencia del gremio se reunió con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, a quien le planteó la posibilidad de que el gobierno accediera a la actualización salarial del 21,6% que reclaman los trabajadores, y que la deuda generada en los años que lleva el reclamo sea negociada en una instancia posterior.

Murro no respondió aún formalmente al sindicato aunque adujo sí que la oferta rechazada por el sindicato implicaba el pago de US$ 100 millones durante tres años a 5.000 funcionarios. "Es mucha plata en cualquier parte del mundo. La propuesta era muy seria", dijo entonces el ministro.

Silveira señaló que "no podemos manejar los tiempos del Ejecutivo, pero esto se está dilatando". "Ya pasó un tiempo por lo menos para que nos dijeran que iban a considerar la propuesta. Pero no hemos tenido ningún contacto", dijo Silveira.

El artículo 733 de la Rendición de Cuentas condicionó el pago de las sentencias a que el gobierno disponga de los fondos. El sindicato judicial presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma. El Ejecutivo debe designar un fiscal para que comience el proceso de análisis de la norma. Varios fiscales se excusaron.

Paralización.

La resolución de los actuarios llama a los funcionarios judiciales a "coordinar medidas progresivas para paralizar el funcionamiento del Código del Proceso Penal (...) La no participación tanto de los trabajadores judiciales como de los actuarios va a tener seguramente un efecto importante. No queremos ser los responsables de que el Código no se aplique cabalmente. Esto no implica que los cursos no se puedan hacer en otro momento si hay una solución. Pero seguramente ahora cobre más fuerza la posibilidad de que el Código efectivamente se tranque", señaló. El Código, además, presenta "otras dificultades", sostuvo. De todas formas, el sindicato quiere ir "paso por paso, porque podemos ser responsables de que las cosas en este país no funcionen por una medida gremial", señaló Silveira.

Está previsto que el Código comience a regir una vez terminada la feria judicial menor el 16 de julio. El Poder Judicial dispuso que los funcionarios de los juzgados no pueden tomar licencia durante la feria para participar en la preparación del nuevo código.

El sindicato también planteó la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Los judiciales calculan que la deuda del Estado con ellos asciende a US$ 40 millones. El gobierno había ofrecido una actualización de 15,76% retroactiva a diciembre de 2012.

Los jueces, fiscales y defensores de oficio ya llegaron a un acuerdo con el gobierno y dejaron sin efecto sus reclamos.

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