Unvenu cree que la adhesión a su protesta muestra un enojo generalizado

Ancap tiene graves problemas económicos y pretende hacer caja. Lo hace cobrando más de lo que debería el combustible al público (si se considera la cotización reciente del petróleo), tratando de vender la petroquímica argentina Carboclor, buscando un socio para que le ayude a vender más cemento en el mercado internacional y tratando de reducir lo que les paga a los estacioneros, entre otras medidas. Esto último generó la semana pasada un duro enfrentamiento entre el gobierno y esos empresarios que ahora está en una especie de tregua, pero que no sería de extrañar que se vuelva a plantear en los próximos días.

Luego de que la mayoría de los propietarios de estaciones de servicio dejaran de vender combustibles durante dos días en protesta contra los fuertes cambios en el sistema de distribución de combustibles que Ancap quiere implantar a partir del próximo 1° de enero, un grupo de legisladores impulsa un ámbito de diálogo para buscar una solución al diferendo. A nivel de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) se evaluó que el alto nivel de adhesión que tuvo la medida de protesta evidencia que las empresas entienden que el grueso de ellas se verían perjudicadas por el nuevo sistema y no solamente las más grandes, como sostuvo la ministra de Industria, Carolina Cosse.

Otro asunto que generó contrariedad en la gremial fue la dura reacción del gobierno contra la medida. "Que hable la ministra Cosse es comprensible, porque es la ministra del ramo, y también el Partido Comunista y el sindicato metalúrgico, pero que lo hagan el presidente Tabaré Vázquez y los ministros (Danilo) Astori y (Ernesto) Murro es raro", dijo una fuente de la gremial.

Las empresas de distribución son tres: Petrobras, Ducsa (propiedad de Ancap) y Axion (que es de la ex Esso). Lo que ganan es el denominado "margen de comercialización", en tanto que lo que perciben las estaciones de servicio es lo que se llama "bonificación".

La reforma que impulsa el gobierno (no ha sido formalmente aprobada aún por el directorio de Ancap) tiene tres grandes elementos. Por un lado, baja 38% lo que percibirán las estaciones consideradas grandes que comercializan más de 150.000 litros mensuales de combustibles (un tercio del total). Por otro lado, permite a las distribuidoras administrar directamente hasta el 10% de las estaciones de servicio de su sello.

También libera el precio al que los sellos le venderían a las estaciones de servicio que, por su lado, no tendrían libertad para fijar el precio al que venden al público.

El gobierno entiende que las estaciones afectadas son una minoría. Sin embargo, para los estacioneros, el anuncio de Ancap cayó en un terreno que ya estaba inflamable porque las divergencias de las empresas con Ancap por este tema son de larga data.

Los vendedores de combustible entienden que hace tiempo que la empresa pública no "reconoce" debidamente en lo que les paga los costos que afrontan. Los cambios que Ancap introdujo de manera unilateral en la denominada "paramétrica" (que ahora dejaría de existir con el nuevo sistema) ya habían llevado a que unos 220 propietarios de estaciones comenzaran una acción contra Ancap en un Juzgado de lo Contencioso Administrativo hace tres años.

El sector de las estaciones de servicio nuclea a unos 8.400 trabajadores y unas 480 bocas de venta. La gran mayoría de los propietarios (el 80%) tiene una sola estación, generalmente con dos o más socios. En general son estaciones pequeñas y medianas, el 62% son micro o pequeñas, el 36% son medianas, y el 2% son grandes.

En la Rendición de Cuentas del año pasado el gobierno introdujo una cláusula que mandataba a Ancap a reducir los costos de distribución un 10%, unos US$ 38 millones, aunque ahora Cosse habla de que se pretende una reducción de US$ 32 millones. Según la ministra, la bonificación mensual de las empresas más grandes bajará de $ 1.590.000 millones a $ 1.509.000. Las empresas dicen que se perjudica al 50% de ellas.

La consultora CPA Ferrere realizó un trabajo este año para la Unión de Vendedores de Nafta en el que estimó la utilidad teórica de una estación de servicio en Uruguay en $ 260.000 al mes (luego de impuestos), pero advirtió que al no contemplarse determinados costos la utilidad baja a $ 88.600, lo que da una caída de 66%. CPA mencionó entre los costos no reconocidos, al camión de reparto que tienen la mitad de las estaciones, parte de las horas de trabajo del personal, la seguridad, los aranceles de tarjetas de crédito y débito, y el ajuste de salarios a julio de este año. El economista Gabriel Oddone, de la consultora, advirtió que si se mejora la bonificación a quienes venden menos "no hay un estímulo a que quien haga mejor las cosas reciba la mejor bonificación". Luego de este análisis se anunció la caída de la bonificación a las estaciones más grandes.

La ministra de Industria, Carolina Cosse, descartó explícitamente que los cambios que se proyectan puedan abaratar el combustible al consumidor, uno de los más caros de la región. "Las cosas que puede dominar (Ancap) las está trabajando y espero que las trabaje cada vez mejor. No podemos asegurar por ahora que se puedan bajar los combustibles. ¿Es nuestra intención? Sí. Tenemos que trabajar para eso: ahora ya no creo que podamos", dijo la ministra el jueves.

Cosse había dicho en la semana que los estacioneros tienen "otros negocios" que les permitirían amortiguar el impacto de los cambios previstos. Pero de hecho el 92% de sus ingresos proviene de la venta de combustible, según la consultora CPA Ferrere.

En su trabajo la consultora aconsejó transparentar los procedimientos de actualización y fiscalización de la paramétrica entre las partes, instrumentar un mecanismo de monitoreo y seguimiento sistemático por parte de la Unvenu (la gremial de los estacioneros) y ya que Ancap es el único proveedor de combustibles y a su vez distribuidor (con Ducsa) aconseja la participación de un agente regulador externo que podría ser el Ministerio de Economía y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Precisamente, la Ursea hizo un llamado para contratar a una empresa consultora para que actualice la metodología que se usa para determinar los precios de paridad de importación de los productos derivados del petróleo (naftas, gasoil, fuel-oil, supergás, propano industrial y queroseno). En Uruguay, por ley, el monopolio de la importación de crudo y de la refinación es de Ancap. Los precios de paridad de importación son un ejercicio teórico que consiste en calcular el precio en el mercado local de productos terminados similares en calidad a la de los productos elaborados por Ancap, si se los importase libremente, algo que hoy no ocurre.

UN ENFRENTAMIENTO QUE NO TERMINÓ