Ancap prevé prescindir de 220 personas de empresas que le dan servicios.

El Partido Comunista pidió frenar los despidos de 220 empleados de empresas privadas que brindan servicios a la división cemento de Ancap. La medida que aplicará el ente a partir del 1° de abril significaría un ahorro de US$ 3 millones de los US$ 25 millones que aproximadamente pierde cada año la empresa pública con esta actividad.

El sindicato de Ancap ya había advertido, por su parte, que a partir del 1º de abril se prescinda de los guardias de seguridad que cumplen funciones en la planta de cemento que tiene Ancap en Paysandú. Ancap ya cesó a 40 personas que se encargaban de la limpieza de las áreas verdes de la fábrica lo cual generó manifestaciones en la ciudad de Paysandú. La empresa se propuso que en 2018 la división de cemento deje de tener pérdidas.

El planteo comunista fue realizado el pasado viernes 24 en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, de acuerdo a la versión taquigráfica de la reunión a la que accedió El País.

"Creo que tenemos que generar los elementos para articular en concreto una salida que permita, en primera instancia, frenar los procesos de despido y abrir un espacio de diálogo, negociación e intercambio, como planteaba recién el diputado (Luis) Puig", señaló el diputado comunista Gerardo Núñez.

El secretario general del sindicato de la construcción (Sunca), Óscar Andrade, dijo que "ni de cerca el corte de estos puestos de trabajo configura un componente principal del déficit de Ancap". "Supongamos que no saliera nada el corte de puestos de trabajo en términos de despidos y demás. Estamos hablando de que con los cortes que están previstos ahora no reducimos ni el 10% del déficit del cemento", explicó.

En el gremio de la construcción se entiende que Ancap debe realizar mejoras en las plantas para bajar el déficit, y postergar la reducción de personal. La solución que plantea es que el ahorro en puestos de trabajo se produzca a través de jubilaciones y no por despidos.

El directorio de Ancap rechazó el planteo de los trabajadores para entrar en una negociación y evitar los envíos a seguro de paro que se realizarían a partir del 1° de abril.

Como alternativa, la Federación Ancap planteó que se corte el flujo de cemento que viene del exterior como forma de proteger la producción nacional. "Si bien la cementera de Ancap es estatal y pública, está en un régimen de competencia en un sistema capitalista, de mercado, tiene mayores cargas impositivas que las empresas privadas o las que importan cemento", señaló el dirigente de Fancap Óscar Duarte.

"No desconocemos que hay problemas en la industria del cemento. No creemos que se resuelvan sobre la base del despido de los trabajadores como primera medida. Hay otras alternativas que permitirían reflexionar con más tiempo en posibles variantes. El problema es que si no hay diálogo, hay conflicto", alertó Andrade.

La reducción de la plantilla incluye tanto a trabajadores pertenecientes al gremio de Fancap como al Sunca. "Nosotros vamos en última instancia al conflicto, no en primera instancia, pero está claro que no vamos a dejar que se pierdan puestos de trabajo sin agotar las instancias previas de alternativa. Creemos que, en este caso, es evidente que no se han agotado las instancias previas", puntualizó Andrade. Hace dos semanas el sindicato de Ancap decidió por mayoría abrir un compás de espera de 20 días para negociar.

El secretario general del Sunca definió la situación actual de "encrucijada" porque si bien hubo una propuesta del Ministerio de Trabajo para intentar destrabar la situación, la misma fue rechazada por el directorio del ente que está buscando alternativas para reducir el déficit que enfrenta la compañía.

Luego de escuchar a los sindicatos, el diputado Luis Puig (PVP) planteó la citación del directorio de Ancap al Parlamento para que informe sobre la situación que se vive por los despidos en la planta cementera. "Estamos a una semana del anuncio de la reducción de puestos de trabajo. Creo que urge encaminar un proceso de negociación que brinde satisfacción a todas las partes", reflexionó.

Para Núñez, cuando se hace la "cuenta fría" de cuánto pierde y cuánto gana con los despidos, se puede decir que el ente "se ahorra un par de millones de dólares", pero "en la cuenta grande Uruguay pierde, porque alguien paga el seguro de paro, además del daño y el dolor de las familias cuando se quedan sin trabajo".

"¿La razón del déficit son los doscientos veinte puestos de trabajo? Pensamos que no", se respondió a sí mismo el diputado comunista. Según dijo, acompañará las medidas de movilización sindical que se realizarán el próximo martes 28 para lograr "un parate en los despedidos".

Las pérdidas de la división cemento llegaron a US$ 207 millones en la última década y en 2016 se ubicaron en US$ 25 millones. En 2017 perdería US$ 12 millones. Desde 2004 que los ingresos del negocio son inferiores a los costos. Ancap compró un horno para la planta de Paysandú, pero está hace más de dos años en decenas de contenedores cercanos a la fábrica. Su instalación demandaría decenas de millones de dólares. Ancap la descartó. Los salarios y contrataciones representan el 54% de los costos de la división.

Ancap produce cemento hace seis décadas. Hoy su participación en el mercado interno ronda el 45% y sus autoridades, si bien quieren reactivar las exportaciones, reconocen que la mejora de los resultados solo podrá venir en el corto plazo de una reducción agresiva de costos que llegue a US$ 20 millones en los próximos dos años.

Ancap decidió hacer solamente las inversiones que sean estrictamente imprescindibles. Compite con la Compañía Uruguaya de Cemento Pórtland (que tiene su planta en Lavalleja) y con la más pequeña Compañía Nacional de Cemento, que está cerca de Pan de Azúcar. El sindicato de Ancap quiere que se use su cemento en todas las obras públicas y subir aranceles a las importaciones de fuera del Mercosur.

REESTRUCTURA RESISTIDA