La Intendencia de Maldonado deberá abonar U$S 1.547.941 al empresario Tabaré Presa, propietario de la firma Tapre Limitada, según una decisión tomada en abril por la Suprema Corte de Justicia.

El órgano judicial desestimó dos recursos de casación interpuestos por las dos partes contra una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º turno. Uno de los recursos fue presentado por la propia empresa. El otro por abogados de la Intendencia de Maldonado.

Los últimos antecedentes se remontan al 10 de noviembre de 2014, cuando la firma Tapre promovió la reparación de daños y perjuicios dictada contra la Intendencia de Maldonado.

La jueza civil de 5º turno de Maldonado emitió el 23 de abril de 2013 una sentencia en primera instancia, la que estableció en casi 2.320.000 dólares las sumas que debía pagar la Intendencia a Tapre Ltda.

La suma emerge de la pérdida sufrida por la firma a partir del año 1993, cuando la comuna habilitó una competencia en las rutas que tenía la firma por concepto de "transporte turístico" y "transporte desde y hacia el aeropuerto".

La sentencia confirmó un fallo emitido el 15 de abril de 1999, y que luego fue confirmada de forma parcial el 2 de agosto de 2000, por el tribunal de apelaciones en lo civil de 5º turno. Esta resolución fue apelada tanto por Tapre como por la Intendencia de Maldonado.

De esta forma, se llegó a la sentencia interlocutoria del 16 de julio del año pasado por la cual se confirmó el fallo y se estableció la cantidad de 2.246.721 dólares por concepto de "Transporte Turístico". Finalmente, se revoca y en mérito de ello se fijó la suma de 1.547.941 dólares (incluye intereses hasta el 16 de marzo de 2014), más intereses hasta el pago efectivo.

Contra esta resolución, tanto Tapre como la Intendencia, volvieron a interponer un recurso de casación. Una por mantener el monto inicial y la otra por no pagar nada.

La empresa que inició el juicio aseguró que los daños debían computarse a partir del 1º de diciembre de 1993. En tanto, la intendencia sostuvo que este plazo debía correr desde el 16 de febrero de 1996. Finalmente, la Justicia estimó que el daño comenzó a generarse el 9 de diciembre de 1994 cuando la firma reclamente incorporó los vehículos para realizar el transporte de servicio turístico.

Según el tribunal, Tapre denunció que había 15 ómnibus (empresas) competidoras, sin autorización municipal que fue tenido como probado por la recurrida y que agravió a la demandada. "La prueba obrante en la causa no respalda los dichos de la accionante", asegura la resolución.

Si bien la sentencia de la Suprema Corte de Justicia refiere a hechos ocurridos durante administraciones anteriores de la Intendencia de Maldonado, sus consecuencias las sufrirá el intendente electo, el nacionalista Enrique Antía, quien deberá destinar US$ 1.547.941 del presupuesto municipal dar cumplimiento a este fallo.

Fallo de la Suprema Corte de Justicia condenó a la comuna