La justicia italiana abrirá en esta jornada un juicio contra 32 militares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por estar involucrados en la desaparición y muerte de 33 ciudadanos italianos y 20 uruguayos en el marco del Plan Cóndor.

La primera audiencia del juicio se celebrará en la sala de máxima de seguridad de la cárcel romana de Rebibbia. Se trata del primer proceso en Europa por el Plan Cóndor, el dispositivo para coordinar la represión de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 que permitió la detención, el intercambio y la desaparición de miles de opositores a los regímenes militares.

Entre los acusados figuran el ex ministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez, el ex primer ministro peruano Pedro Richter Prada, el ex jefe de los servicios secretos chilenos Juan Manuel Contreras y el general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú durante cinco años.

La fiscalía romana pidió la apertura de juicio también para el exdictador uruguayo Gregorio Alvarez, y para el excanciller Juan Carlos Blanco, ambos presos en Uruguay.

Los inculpados (un boliviano, 11 chilenos, cuatro peruanos, 16 uruguayos), cuyas edades oscilan entre los 65 y 90 años, han sido acusados de secuestro de persona y homicidio múltiple agravado y corren el riesgo de ser condenados a cadena perpetua.

La lista original incluía también a Juan María Bordaberry, fallecido en 2011.

Uno solo de los acusados reside en Italia. Se trata del uruguayo Néstor Tróccoli, capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, acusado de haber participado en traslados clandestinos de presos políticos desde Argentina a Uruguay en 1978, quien estuvo detenido en el sur de Italia en 2007 y liberado al año siguiente.

Tróccoli será representado por un abogado, mientras que para la mayoría de los inculpados la justicia italiana puso a disposición un abogado de oficio.

El fiscal italiano Giancarlo Capaldo, a cargo del caso, abrió las investigaciones hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos.

La justicia italiana había ordenado hace unos cinco años la detención de 140 ex militares y civiles con conexiones con las dictaduras de la región, pero debido a problemas burocráticos para entregar la notificación y la muerte de varios representantes de los gobiernos militares el número de acusados disminuyó. Los imputados serán juzgados en ausencia y a pedido de las autoridades de Uruguay, país que se constituyó como parte civil.

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