PODER JUDICIAL

El expresidente de Ancap demandó al diario y al periodista Daniel Isgleas por una nota titulada "Coya adjudicó una obra de US$ 64 millones". En los próximos días se citará a declarar a las partes involucradas.

Esta tarde se realizó en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 18º Turno la primera audiencia en el juicio por la demanda penal que el expresidente de Ancap, José Coya, inició contra el diario El País y su periodista Daniel Isgleas por la la nota publicada el 23 de junio titulada "Coya adjudicó una obra de US$ 64 millones" y también contra el director Washington Beltran Storace, responsable de una editorial sobre el tema, publicada días después.

Tras la instancia no se llegó a una conciliación, por lo que en en una fecha a definir, todas las partes serán llamadas a declarar nuevamente.

El juez Huberto Álvarez solicitó oficios a Ancap y a Gas Sayago sobre cómo se tramitó la adjudicación de la planta regasificadora, que finalmente no se realizó.

El artículo, firmado por Isgleas, refería a la investigación legislativa sobre la adjudicación a la constructora brasileña OAS de la obra de construcción de la interconexión del gasoducto Cruz del Sur con la planta regasificadora (que nunca se construyó).

Dos días después, El País publicó un editorial bajo el título "El despeñadero interminable", que se refería a la cuestión del manejo de los dineros de la empresa pública, y en un pasaje se opinaba sobre la actuación y gestión de Ancap tomando como base la información publicada dos días antes. En la audiencia de hoy el director de El País, Washington Beltrán Storace, asumió la autoría del editorial.

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"Ahora es el funcionamiento de otra comisión investigadora (la que estudia el tema de la Regasificadora), donde hubo participación también de Ancap, que pone sobre la mesa otro dato preocupante: por decisión única del entonces presidente del organismo José Coya (sucesor de Sendic, que se desempeñó en el cargo entre marzo de 2013 a marzo de 2016), se adjudicó en febrero de 2014 la obra de interconexión del gasoducto Cruz del Sur con la planta Regasificadora a la polémica empresa brasileña OAS u2014investigada por corrupción en el escándalo de Odebrechtu2014 por 64 millones de dólares.

Coya alegó razones de urgencia para tomar la decisión, que si bien puede respaldarse desde el punto de vista de la legalidad, no es lo normal en el funcionamiento del ente y menos para una licitación y por ese monto. Como dijo el diputado Pablo Abdala, para empezar esto confirma la predeterminación con la que se actuó en el gobierno para adjudicarle la obra a OAS. Porque la verdad es que no parece que una decisión de este tipo haya sido tomada solo por Coya y sin ningún respaldo", afirmaba el editorial.

Según Coya, ni él ni Ancap adjudicaron la obra, sino que "autorizó" a adjudicarla a través del voto de los representantes de Ancap en Gas Sayago.

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Claudio Paolillo, consejero periodístico y académico de Búsqueda y exdirector de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, analizó el tema en una columna publicada por el semanario, en la que afirmó que la demanada busca "intimidar" a la prensa y afirmó: "curiosamente en una demanda por difamación e injurias, Coya y sus abogados enchastraron sin piedad al periodista involucrado (...) si el periodista resolviera presentar una contrademanda por difamación e injurias contra Coya y sus abogados, estaría en todo su derecho".