La cúpula central del Pit-Cnt analizará el tema el martes en el Secretariado Ejecutivo.

No era el objetivo buscado, mucho menos la repercusión que desató. Pero la presentación de un decreto para garantizar el orden público —firmado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez— desató varios cuestionamientos al Poder Ejecutivo. Lo más complicado para el mandatario, es que las críticas vienen de la interna partidaria y sus aliados, que buscan generar una "marcha atrás" en la decisión oficial.

El lunes el gobierno frenteamplista firmó un decreto para evitar los piquetes callejeros. En el texto se aclaró expresamente que la norma no busca atacar el derecho de huelga, tan defendido por la central única de trabajadores, el Pit-Cnt.

Esto dejó conforme a los dirigentes sindicales que hicieron declaraciones públicas satisfactorias sobre la norma. Pero la realidad los hizo cambiar de opinión rápidamente. El jueves 23 la policía aplicó el decreto y detuvo a dos camioneros en Conchillas por manifestarse en la ruta.

La decisión oficial llamó la atención de los dirigentes sindicales y los hizo cambiar de opinión. El martes 29 el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt analizará el tema. La Confederación de Organización de Funcionarios del Estado (COFE) ya decidió presentar ante el Poder Ejecutivo un recurso revocatorio. Pero quiere que la decisión sea asumida por toda la central sindical para que tenga más fuerza y poder ejercer más precio al gobierno.

El recurso revocatorio pretende dejar sin efecto la norma, o lograr que el gobierno modifique la decisión para que no se afecte la libertad sindical de protestar en la calle. El Secretario General de Cofe, José Lorenzo López, dijo a El País que ya informaron a todos los integrantes el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt para analizar la decisión el martes.

"Lo vamos a plantear con argumentos políticos y jurídicos. Claramente esto es un decreto regresivo y represivo que atenta contra las libertades sindicales, pero también contra las libertades de la sociedad civil organizada", dijo López.

El dirigente explicó que la gravedad de la norma los obliga a no quedarse solo en declaraciones públicas críticas. "No alcanza con una declaración central sino que debemos hacer algo que permita que el Poder Ejecutivo recapacite y reaccione. Si no hacemos nada desde el punto de vista legal después vamos a estar lamentando las causas de este decreto que ya nos ocasionó dos compañeros presos", dijo a El País el dirigente de COFE.

La principal preocupación de los sindicalistas pasa por que cuando se produce un piquete la Policía es la que decide si está comprendido en el derecho de huelga o no. Si no lo es-tá, puede aplicar el protocolo establecido en el decreto y desactivar la medida de protesta.

El gobierno no esperaba esta reacción sindical. El viernes, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, declaró públicamente que el decreto no busca limitar las libertades sindicales. "No es contra del movimiento sindical, ni en contra de los trabajadores", dijo.

Pero sus explicaciones no conformaron ni a los sindicalistas, ni a sus propios compañeros de partido en el Frente Amplio que le pedirá explicaciones al gobierno por la decisión.

Según las fuentes oficiales consultadas por El País el Ejecutivo tiene información que los transportistas, no agremiados en la central única de trabajadores, pretenden tomar medidas de protesta para cortar rutas y afectar la producción de arroz y celulosa. Ahora, esas explicaciones deberán hacerlas entender al partido de gobierno y a los sindicalistas.

El dirigente del sindicato de la construcción, Óscar Andrade, criticó la decisión del gobierno de cuestionar el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, y adelantó que el Pit-Cnt emitirá una declaración contraria a la del gobierno de Vázquez. "La opinión del canciller (Rodolfo Nin Novoa) en temas internacionales ha sido nefasta", dijo el sindicalista y exlegislador del Frente Amplio en Radio Uruguay.

Distintos grupos del Frente Amplio decidieron salir públicamente a criticar el decreto antipiquete del gobierno. El sector Casa grande de la senadora Constanza Moreira, el Partido Comunista, el Partido Socialista, dirigentes del MPP, el grupo del vicepresidente de la República, Raúl Sendic (Lista 711), y otros dirigentes frenteamplistas, no temieron criticar la decisión de su gobierno, ya que la consideran preocupante y equivocada. Por este motivo la bancada del Frente Amplio solicitó al ministro del interior, Eduardo Bonomi, una reunión, que será el miércoles, para recibir explicaciones sobre el tema. "Expresar la preocupación por el decreto del Poder Ejecutivo que habilita a las fuerzas de seguridad para intervenir sobre cortes de ruta sin previa instrucción del Poder Judicial", señala una declaración de los socialista publicada ayer sábado 25. En la misma línea opinó el diputado comunista Gerardo Núñez. "Es inapropiado e innecesario y otorga un conjunto de potestades a las fuerzas represivas que no corresponden", dijo a El País. Casa grande advirtió por las potestades que se le da a la policía. "Suele volverse en contra de la izquierda", opinaron.

GOBIERNO CUESTIONADO