Al gobierno que nos gobierna se le ocurrió una idea genial. En la Rendición de Cuentas incluyó un artículo por el que se autoriza al Estado a incumplir con los pagos derivados de sentencias judiciales o laudos arbitrales adversos.

Sí, leyó bien. Gracias a este engendro legislativo el Estado podrá perder un juicio o un arbitraje, pero el que se lo haya ganado va a cobrar solo cuando el Estado decida que puede destinar recursos para pagarle sin que ello afecte sus funciones esenciales. Que es lo mismo que decir "el día del golero".

¿No es fantástico? ¿Cómo no se le ocurrió antes a nadie hacer una norma que amparara al Estado a cumplir con los fallos judiciales o los laudos arbitrales cuando quisiera? ¿Cómo se les pudo pasar algo así, tan evidente como formidable, a los grandes legisladores que, a lo largo de los tiempos, ha tenido el Uruguay? La respuesta es simple. No lo hicieron porque no se puede. Porque es claramente inconstitucional. Tanto que no hay siquiera que pasar por la puerta de la Facultad de Derecho para entenderlo. Así de evidente es.

¿Pero es posible que todo el Frente Amplio y el batllista orejano Fernando Amado levanten sus manos en el Parlamento para votar una norma a sabiendas que es claramente inconstitucional? Sí. ¿Y entonces, por qué lo hacen si saben que está mal y que, con seguridad, la Suprema Corte de Justicia abortará este intento de pasarle por encima a la Constitución de la República?

Amado, quizá, porque quiere prensa. O porque se siente bien siendo el voto decisivo para algo. O porque es más frentista de lo que él mismo puede aceptar. O porque le prometieron vaya uno a saber qué cosa. ¿A alguien le importa? La verdad que no.

¿Y al gobierno y al Frente Amplio? ¿Qué los mueve a atropellar con una norma que, saben, es inconstitucional? Fácil. Saben que el Estado debe decenas de millones de dólares a 3.500 funcionarios judiciales que ganaron un juicio luego que, en el gobierno de Mujica, se cometiera la burrada histórica de aumentar el sueldo a los ministros de la Corte sin advertir que ello aumentaría, en cadena, los sueldos de todos los estamentos de la Justicia. Bueno, en rigor les avisaron que eso sucedería. Y no escucharon. Y ahora el Estado, o sea todos los uruguayos, debemos US$ 40 millones a los judiciales. Y el gobierno no quiere pagar. Al menos, no ahora. Que los pague el que viene atrás. Así de responsables son.

¿Y será solo eso? ¿O se suma el juicio ya anunciado por la minera Aratirí y la posibilidad de perder una suma obscena de dinero por haber hecho las cosas mal? ¿Y no habrá más demandas de inversores que en estos años se han sentido maltratados por el Estado uruguayo de las que no nos estarán contando? ¿No habría que pedirle al gobierno que nos diga en qué otros líos nos ha estado metiendo, siendo que seremos los contribuyentes los que tendremos que pagar la cuenta de sus desastres?

Linda señal, de paso, para los inversores que miren hacia Uruguay. Vengan, pasen y pongan su dinero. Que si no los tratamos como prometimos, ustedes nos pueden demandar. Cobrar, eso sí, será otra cosa.

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LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN