Denuncian sentirse vulnerados porque hasta hoy la IMM no los consultó.

Ante la propuesta que la Intendencia de Montevideo hizo pública esta semana para implantar lo antes posible un plan piloto tendiente a cambiar por ciclomotores eléctricos los carros de los hurgadores tirados por caballos, el presidente de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus), Carlos Silva, dijo a El País que su sindicato se siente "vulnerado, por no haber sido nunca consultado acerca del tema".

La mayoría de los clasificadores de residuos se oponen al cambio porque el nuevo vehículo requerirá patente, costos de mantenimiento y el pago de la balanza en la cantera de Felipe Cardoso después de retirar la basura en los comercios.

Silva agregó que no puede ni debe desconocerse de parte de la Intendencia que entre los clasificadores hay personas con problemas físicos, psicológicos o de adicciones, y también menores de edad que son padres y no han encontrado otra salida que trabajar con el carro.

Considerando además que el plan de la comuna es que quienes utilizaban la tracción a sangre pasen con los motocarros a brindar servicios de recolección y clasificación de residuos a empresas y comercios, Silva explicó que la gente deberá hacerse antes de una cartera de clientes, algo que puede llevarle un año, sumando los tiempos de otras exigencias, desde sacar la libreta de conducir hasta los trámites en la Impositiva y el BPS.

"¿Qué pasará cuando choquen y no tengan la capacidad de arreglar el vehículo o no tengan el seguro?", se preguntó el sindicalista.

"El problema más grave que vemos como sindicato es que es fácil dar una solución para diez compañeros, y a futuro se comprarán más unidades, llegando a cien, y con eso se instala la prohibición. Eso es totalmente negativo, pensamos llevar la denuncia a Derechos Humanos, incluso a nivel internacional", sostuvo Silva.

Para los clasificadores el plan piloto sería beneficioso, excelente, si estuviera dirigido a aquellos que de forma voluntaria estén dispuestos al cambio.

Según Silva, hasta la tarde de ayer el sindicato no conocía la propuesta comunal; "no sabemos si tiene un costo para los clasificadores o una ayuda extra, tenemos que esperar hasta el miércoles 24 para tomar decisiones; lo que duele es que se protege la propiedad de los ricos y la de los pobres es pasible de ser confiscada; eso es injusto y excluyente".

El prosecretario de la intendencia, Christian Di Candia, contó ayer a El País que se han visto tres prototipos de motocarros, algunos existentes en plaza y otros a importar. Los vehículos deben tener volcador, poder cargar entre 300 y 800 kilos, poseer batería de litio que cargue a 220 v y dure tres años, y una autonomía de entre 40 y 50 kilómetros.

En principio se probará más de un modelo, que en promedio cuestan US$ 2.000. Pero para el plan piloto, que comenzará dentro de 30 a 45 días, la Intendencia espera no gastar nada sino recibir los motocarros en préstamo.

Hoy continuarán las reuniones en el palacio municipal para avanzar en las cuestiones jurídicas y el miércoles próximo se dará la reunión con el sindicato de clasificadores.

Los primeros 10 prototipos serán probados durante 3 meses, y los beneficiados saldrán del acuerdo con Ucrus. "Queremos trabajarlo y negociarlo junto a ellos, que no sea una imposición", expresó Di Candia.

Los clasificadores recibirán el motocarro a cambio del caballo y del carro, y los futuros gastos correrán por su cuenta.

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