El proyecto del Pit-Cnt entregado al PE no contempla a los ya retirados.

Más de 2.000 jubilados esperan con gran expectativa ser comprendidos en el nuevo proyecto de ley que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Parlamento en el que se establecerá que los denominados "cincuentones" puedan decidir continuar en el régimen de las AFAP o pasar a aportar al sistema de Seguridad Social solidario del Banco de Previsión Social (BPS).

El anteproyecto de ley que técnicos del Pit-Cnt presentaron al Poder Ejecutivo para comenzar a delinear una salida a la situación de los "cincuentones" no contempla a los ya jubilados. Esto genera malestar en los más de 2.000 pasivos que consideran que ya se había efectuado un planteo en este sentido por parte de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS).

La masa de jubilados que se retiró de la actividad laboral luego de la entrada en vigencia en 2008 de la ley de beneficios jubilatorios denominada "Flexibilización de las Condiciones de Acceso", nuclea a trabajadores que se jubilaron por alguna de tres razones. En su mayoría fue por bonificación debido al tipo de trabajo que puede definirse como insalubre; por enfermedad o por ser personas que por tener dos empleos y haber pasado el tope salarial se les devuelve dinero.

Si bien aún no se conoce en detalle el contenido de la propuesta del gobierno, se asume que los más de 2.000 jubilados no serían contemplados. El director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, explicó a El País que "todavía estamos en una etapa de discusión para ver si se puede incorporar a los jubilados" en la propuesta que redacta el Poder Ejecutivo.

Los jubilados que también formaron parte de todo el proceso de reclamo, acompañaron la manifestación este lunes cuando los "cincuentones" se movilizaron para escuchar el planteo del presidente Tabaré Vázquez, quien anunció personalmente que los trabajadores que hoy tienen entre 51 y 59 años que por ley fueron automáticamente obligados aportar a las AFAP en 1996, podrán elegir continuar aportando a las AFAP o al BPS.

La ley 18.395 —antes mencionada— establece que en caso de personas que se jubilen por el régimen de bonificación, los porcentajes de tasa de reposición se aplicarán sobre la edad y el tiempo de servicios bonificados. Es el caso de Nidia Nazabal, jubilada de la función municipal, quien dijo a El País que el grupo de jubilados tiene el mismo derecho que todos los trabajadores "cincuentones" a reclamar por sus prestaciones.

"Si habilitan una ley que permita a personas activas a pasarse al BPS y optar por la jubilación que les guste, nosotros pedimos lo mismo", dijo Nazabal. Agregó que se busca que se les aplique una reliquidación desde que se jubilaron.

En caso de que el texto que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento no contemple a los hoy jubilados por el régimen de bonificación, se planteará un juicio de reparación. Nazabal explicó que percibe una jubilación de $ 15.000 menos si compara su pasividad a la de un mismo funcionario que solo aporta al BPS.

Por su parte, Alejandro Rivero, jubilado a los 55 años porque su empleo era considerado insalubre, indicó que el gobierno "nos pega dos veces"; una por "meter una ley injusta" y otra debido a que "seguramente no seamos contemplados en este nuevo proyecto". Otro integrante del grupo de los cincuentones que ya se jubiló y pretende beneficiarse también de la propuesta del Ejecutivo es Enrique Book, quien indicó que "parece una barbaridad que los cincuentones ya jubilados que es la parte más perjudicada, siga perdiendo".

La oposición política salió al cruce del gobierno ya que si bien destacó el anuncio que beneficiaría a los trabajadores, no coincide en las formas en que el tema está planteado. El diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez presentó en mayo de 2016 un proyecto de ley que modifica el cálculo jubilatorio de los trabajadores con aportes anteriores a 1996.

Con esa iniciativa, los afectados tenían una jubilación en el régimen de transición que surge de un prorrateo de sus aportes anteriores a 1996, y otro bajo el sistema mixto con los aportes posteriores. Rodríguez destacó que la iniciativa "preserva la seguridad en el cobro" ya que se conocerá el destino de los fondos, no como está planteado ahora que el monto será "inyectado" en el BPS y el mismo puede usarse para diferentes fines; "eso es peligroso", sostuvo. Al ser consultado sobre el reclamo de los jubilados, el representante sostuvo que "como no son demasiados, se los podría comprender". Agregó que su planteo podría ser incorporado en un proyecto de ley. Por su parte, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala manifestó que si bien no conocía la situación particular, se puede encontrar una solución al planteo. Destacó que en este tipo de cuestiones "no valen las interpretaciones simplificadoras" y subrayó la importancia de "ser cuidadosos" en la etapa de asesoramiento personalizado. Sostuvo que en todos los casos, no necesariamente los más afectados fueron los trabajadores menores de 40 años al 1996.

El presidente de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), Sebastián Peaguda, dijo a El País que la modificación del sistema "no tendrá un efecto sobre las inversiones" de las administradoras previsionales. En este sentido, aseguró que el tema a definir será conocer quiénes son los beneficiarios del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo planea enviar al Parlamento. "Es sustancial que los cincuentones tengan un perjuicio objetivo" y así está planteada la situación, manifestó el ejecutivo. Al ser consultado sobre el reclamo de los jubilados que pretenden ser incluidos en la plataforma del gobierno, Peaguda indicó que "se encontrará algún escenario" posible para los mismos. Agregó que los fondos de estas 2.000 personas ya no se encuentran en las AFAP, sino que están en el Banco de Seguros de Estado (BSE) ya que es la única aseguradora que ofrece un producto de este tipo para los pasivos. "Se requerirá alguna otra ley para dar una solución a este reclamo", enfatizó.

Un estudio hecho por el Banco de Previsión Social y presentado al Parlamento en mayo, tomó la base de datos de los trabajadores asesorados por la Ley 19.162 (que habilitó la desafiliación de las AFAP de los trabajadores que tenían más de 40 años en 1996) y estimó que de brindarles la opción saldrían de las AFAP un mínimo de 22.860 trabajadores y un máximo de 41.163.

En base a esto, proyectó que la solución para los cincuentones tendría un costo anual de US$ 121 millones en un cálculo "mínimo" y US$ 186 millones en el escenario de "máxima".

Dicho documento detalla que de habilitarse la opción de desafiliación, las AFAP transferirían al BPS entre US$ 895 millones y US$ 1.140 millones correspondientes a los aportes de los trabajadores, que serían utilizados para abonar parte de la jubilación y el Estado debiera asumir lo restante.

Pero un estudio de la representación de los trabajadores en el BPS tomando como edad de retiro global los 63 años —edad promedio actual— e incluyendo una tasa de interés real en términos de salario de 1%, se estima que el costo total de la solución sería de US$ 1.500 millones. Esto dividido entre 35 años da un gasto extra anual de US$ 43 millones para atender el reclamo de los cincuentones.

"Sin considerar la posible rentabilidad de activos en el BPS, los ingresos alcanzan para pagar hasta 2032-2033, lo que requeriría que una nueva fuente de financiamiento que garantice la sostenibilidad recién debería comenzar a operar dentro de 15 años", sostiene el documento elaborado por los trabajadores.

Según el mismo estudio, el proyecto de ley para amparar los cincuentones que había sido presentado por el diputado colorado Conrado Rodríguez, que proponía modificar el cálculo jubilatorio mediante un prorrateo de los aportes anteriores a 1996, beneficiaría a unas 33.000 personas y significaría en el largo plazo un gasto extra total para el Estado de US$ 968,4 millones.

De mantenerse como hasta ahora el régimen previsional mixto, los cincuentones que comiencen a jubilarse se encuentran con que en algunos casos el sistema les brinda una pasividad entre 3% y 32% menor en comparación al régimen anterior.

N. GONZÁLEZ KEUSSEIAN

RECLAMO AMPLIADON. GONZÁLEZ KEUSSEIAN