SEGURIDAD SOCIAL

Astoristas advierten que si no se modifica no la votan.

VALERIA GIL

Sobre la base de que no se recorte el número de beneficiarios, se baje el costo fiscal del proyecto de ley y se vote antes de fin de año, el Frente Amplio negocia cambios a la iniciativa remitida por el gobierno al Parlamento sobre cincuentones.

Asamblea Uruguay y el Nuevo Espacio anunciaron que no votarían el proyecto al entender que compromete el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Para evitar el fracaso de la iniciativa, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista aceptaron negociar una salida.

Tras una reunión de bancada donde no hubo acuerdo, los diferentes sectores se pusieron a negociar una salida que respalde la iniciativa de Vázquez y contenga el mayor número de beneficiarios posibles, en un escenario máximo de 70.000 cincuentones. Si bien se había fijado la fecha de votación para el 5 de diciembre, hay tolerancia para que se considere en otra sesión, pero siempre y cuando se apruebe antes de fin de año en ambas Cámaras.

Tanto el MPP como el Partido Comunista trabajan junto al Frente Líber Seregni para alcanzar una propuesta que no recorte "ningún beneficio" al colectivo de los cincuentones y a su vez se proteja las cuentas fiscales, para no arriesgar otras políticas.

El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo a El País que "se está trabajando en una salida que respalde la posición del presidente Vázquez y contenga la mayor posibilidad de beneficarios".

El diputado del MPP Alejandro Sánchez, dijo a El País que el sector está acompañando la posición del Poder Ejecutivo "porque es correcta", pero siempre deja la posibilidad de construir acuerdos sobre la base de que se cumpla el compromiso con los cincuentones.

Durante la reunión de coordinación de bancada de ayer, Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio y Alianza Progresista manifestaron su preocupación por la eventual pérdida del grado inversor. En tanto, los socialistas y la Lista 711 opinaron que no se debería modificar el proyecto. Fuentes del astorismo dijeron que si no se aceptan cambios "no hay ley", dado que faltan votos para aprobarla. Si se llegara a votar igual, indicaron que el impacto político "será muy grande", pero dijeron que al momento no está planteada la renuncia del equipo económico. El ministro negó a Búsqueda que esté pensando en dar un paso al costado.

El Ministerio de Economía calculó en US$ 3.700 millones el costo del proyecto de ley, cifra similar a la estimada para la construcción de la segunda planta de UPM. El escenario de máxima es que se podrían cambiar del sistema de AFAP al del BPS 70.000 personas, y el de mínima es de 28.000.

Los números difieren con los dados por el BPS a la Comisión de Hacienda de Diputados, donde señalaban que la iniciativa saldría US$ 2.500 millones.

Según Economía, los ingresos que recibiría el BPS por ahorros transferidos desde las AFAP alcanzarían únicamente a financiar ocho años de las prestaciones. Esto implicaría un deterioro fiscal en el mediano y largo plazo de US$ 218 millones promedio anual.

Desde el punto de vista del astorismo, el costo del proyecto para cumplir con los cincuentones es elevado y puede comprometer otros gastos de tipo social de los futuros presupuestos. Además, entienden que la solución no está en línea con la equidad, porque favorece a sectores de más ingresos.

Entre las propuestas que se manejaban anoche para tratar de acordar una salida al proyecto de ley de cincuentones, estaba la posibilidad de que el trabajador opte al momento de jubilarse por el cambio de la AFAP al Banco de Previsión Social y no en el plazo que establece el proyecto actual.

El representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, dijo a El País que si bien "el Parlamento tiene todo el derecho de modificar el proyecto", esos cambios "no deberían violentar el acuerdo social y político alcanzado por el presidente (Tabaré) Vázquez".

"Nos parece que el tema de los cincuentones es una ley muy puntual y después hay que discutir los desafíos del sistema de seguridad social como el financiamiento, la edad; pero primero hay que resolver esto de los cincuentones que no pone en peligro al grado inversor", sentenció.

Ruiz destacó que en los primeros diez años de implementación, la reforma no tiene costo. Además se mostró contrario a que se pueda optar al final por el cambio de sistema, ya que, según entiende, "cuesta lo mismo".

"Tenemos que tener cuidado con que la solución no sea un mamarracho, porque si es un mamarracho pueden haber juicios individuales en contra de esta ley. Nosotros cuando elaboramos esta ley tuvimos los cuidados para que el proyecto no fuera cuestionado desde el punto de vista jurídico", afirmó Ruiz.