Diputados frentistas escucharon planteos de los judiciales.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, precisó ayer que la reciente decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia respecto a que el Estado no puede eludir el cumplimiento de los pagos que determinen las sentencias judiciales en su contra se aplica solamente al caso que motivó su resolución (el reclamo de una funcionaria de ASSE). En este caso específico, el Estado "debe pagar", dijo Chediak ayer en Maldonado. Con sus dichos, evitó pronunciarse respecto a si la corte se pronunciará de manera similar en las acciones de inconstitucionalidad que presentaron los funcionarios judiciales contra el artículo 733 del Presupuesto que fue declarado inconstitucional en el caso de la trabajadora de ASSE, que condicionaba las pagos a que se determinaran recursos en el Presupuesto Nacional o en la Rendición de Cuentas.

De todas formas, el fiscal Leonardo Morales ya consideró que tienen razón los alrededor de 400 funcionarios judiciales que recurrieron por inconstitucional el artículo 733. Los judiciales están desde 2010 reclamando la actualización de sus salarios luego de que en el presupuesto de ese año se aprobase el "enganche" de sus remuneraciones con las de los ministros de la corte y del Estado. El sindicato calcula que a esta altura la deuda acumulada es de US$ 60 millones y que la actualización salarial del 13,5% que reclaman implicaría otros US$ 20,5 millones.

Ayer el sindicato judicial se reunió con la bancada frenteamplista para analizar su reclamo. Jorge Pozzi, coordinador de la bancada frentista dijo a El País que los legisladores escucharon el planteo gremial pero no están en condiciones hoy de ofrecer soluciones.

FUNCIONARIOS JUDICIALES